Frente Amplio reivindica en Castro Urdiales medidas contra la corrupción y la especulación inmobiliaria
Frente Amplio Cantabria ha llevado este sábado a Castro-Urdiales sus propuestas en materia de vivienda y contra la corrupción y la especulación inmobiliaria, en un paseo informativo protagonizado por la candidata al Congreso, Carmen Martín, y el candidato al Senado, Israel Ruiz Salmón.
“Castro-Urdiales es un ejemplo de lo que ocurre cuando durante demasiado tiempo se entiende el suelo como una oportunidad de negocio antes que como un lugar en el que la gente tiene derecho a desarrollar su vida. Se construyeron viviendas, se transformó el territorio y hubo decisiones que acabaron en condenas judiciales. No podemos volver a confundir el interés público con los intereses particulares”, ha señalado Martín.
Por su parte, Ruiz Salmón ha cuestionado las políticas urbanísticas del PP: “Nos prometen que construyendo sin límites bajarán los precios, pero cuando lo hicieron no bajaron, y sólo sirvió para acabar llenando los bolsillos de unos pocos”, ha lamentado.
En este sentido, Frente Amplio propone impedir durante veinte años la contratación con las administraciones públicas de empresas condenadas por corrupción, así como reforzar los mecanismos de investigación y protección de quienes denuncien irregularidades.
La formación ha advertido de que la situación de la vivienda en Castro demuestra “el fracaso de las recetas basadas únicamente en construir más”.
En este sentido, ha criticado que el precio del alquiler en el municipio ha aumentado cerca de un 40% en los últimos cuatro años, y que Cantabria supera ya las 6.600 viviendas de uso turístico registradas, concentradas mayoritariamente en la costa.
Además, Ruiz Salmón ha apuntado que el Gobierno de Cantabria (PP), a pesar de que el pleno del Ayuntamiento castreño ha pedido ser declarada zona tensionada, “se niega a topar los precios del alquiler vulnerando la voluntad local”.
Sobre este asunto, ha recordado que en su programa electoral, Frente Amplio plantea construir 1,5 millones de viviendas públicas en doce años, mediante una inversión anual de 17.000 millones de euros, aproximadamente el 1% del PIB.
Las viviendas formarían parte de un parque público permanente, con alquileres máximos de 600 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados o del 25% de los ingresos del hogar.
Además, propone limitar los alquileres en zonas tensionadas al menor valor entre el 25% de la renta neta media del barrio y el índice estatal de referencia, con el objetivo de reducir los precios actuales, y establecer contratos indefinidos por defecto, con garantías para los pequeños propietarios que alquilen a precios regulados.
El programa incluye también prohibir la compra especulativa de viviendas por fondos de inversión y sociedades con ánimo de lucro, limitar a cuatro las viviendas por titular y expropiar progresivamente inmuebles vacíos de grandes propietarios corporativos, así como suelo residencial que permanezca sin desarrollar dos años después de su calificación.
Asimismo, plantea incorporar las viviendas de la SAREB al parque público de alquiler social y prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional digna.