Prioridad local en la Universidad de Cantabria: clasismo con dinero público
La universidad pública de Cantabria acaba de hacer un descubrimiento revolucionario que Einstein, Rawls y todos los filósofos de la justicia social se perdieron por el camino: el criterio definitivo de equidad es el código postal. Primer año de carrera gratis, pero solo para quien tiene la fortuna de residir bajo el sagrado techo autonómico. Las demás, ya saben: matrícula, alquiler, luz, transporte y la compra. Pequeños detalles. Porque todas sabemos, desde tiempo inmemorial, que el derecho a la educación no lo proclamó ninguna Constitución: lo otorga el padrón municipal.
Visualicen la poética estampa del aula magna: dos estudiantes comparten apuntes, escuchan al mismo profesorado y aspiran al mismo título. Sin embargo, está quién estudia gratis por aquello de haber tenido la sabiduría de nacer -o simplemente domiciliarse- en el territorio sagrado de la comunidad protectora que apoquina la tarifa completa -¡Ah, se siente! - ¡Qué forma tan sutil y elegante de implantar un apartheid financiero en las aulas! ¡Chapeau! Y a los Cantabros y Cantabras que tengan que ir a estudiar a otros Campus, a esas criaturas, nada de nada. Por disidentes.
Si de verdad quisieran democratizar el acceso a la Universidad con dinero público -concepto que parece haberse vuelto marciano- la solución es de primero de primaria: repartan el maldito presupuesto entre todo el alumnado. Rebajen la matrícula a todo el mundo de forma proporcional.
Pero no, es mejor montar un apartheid financiero ¿para asegurar el voto de las familias locales? No, no, ¡qué mal pensada! Es pura vocación pedagógica.
¡Qué brillantez estratégica, qué sarcasmo institucional, qué obra de arte! Al que viene “de fuera” vamos, de Asturias, Castilla, Cataluña, Andalucía, Extremadura o de Sebastopol, ese intrépido, esa audaz, que ya tiene que empeñar un riñón para pagar una habitación compartida en un piso compartido a precio de suite de hotel con mil estrellas, la brillante lógica local les castiga cobrándoles las tasas íntegras. En cambio, a quien no gasta un céntimo en vivienda ni manutención se le exime del pago. Es una redistribución de la riqueza invertida sencillamente magistral digna de manual. Total, ¡qué derecho tienen las periferias a venir a gastar su dinero en nuestros comercios si no votan a los politicastros de turno!
Por favor, señores y señoras estrategas: dejen de disfrazar el egoísmo electoralista con el noble traje de la “democratización”. Discriminar y repercutir económicamente a un alumno o alumna por su lugar de residencia no es defender la universidad pública, es montar un club privado con el dinero de toda la ciudadanía.
Y una última pregunta, guardada para el final, no vaya a ser que asuste al principio: ¿y si detrás de la obsesión por premiar el empadronamiento no hubiera solo una política educativa clasista, casposa y brutalmente antidemocrática, sino una estrategia para atraer población, justificar más suelo urbanizable y alimentar ese modelo tan conocido que convierte la vivienda en negocio y al vecindario de toda la vida en obstáculo a expoliar, -¡Uins! perdón- a expropiar?
Mientras tanto, los precios suben, la ciudad pierde a su vecindario de siempre con sus costumbres y hábitos y la especulación sigue ganando. Casi nunca la guinda es el problema. El problema suele ser la tarta que se esconde debajo. Y, sobre todo, quién se la está comiendo.