Crisis y problemas en apuestas estratégicas: tropieza la política cultural de la Xunta de Galicia

En el sector artístico nadie recuerda semejante unanimidad. Del director del Reina Sofía a más de 1.500 personas que subscribieron el manifiesto crítico Se afunde é porque pesa: SOS CGAC, de los departamentos universitarios vinculados al arte en Santiago de Compostela o Vigo al informado y contundente artículo de la crítica Elena Vozmediano -Una marioneta para dirigir el CGAC-, de la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo a Santiago Olmo, el anterior director: ninguna voz relevante respalda la decisión de la Xunta de Galicia de colocar al frente del principal museo de arte contemporáneo de la comunidad, el CGAC, a la desconocida Eva López Tarrío, profesora y artista de reducido currículum. Es una de las últimas crisis que ha afrontado una consellería, la de Cultura, que acumula palos en las ruedas de sus principales apuestas estratégicas.

El convulso aterrizaje de López Tarrío en la dirección del Centro Galego de Arte Contemporánea, ubicado en Santiago de Compostela, no fue azaroso. El Gobierno gallego había preparado el proceso a partir de la Lei de Museos de Galicia, aprobada en solitario por el PP en 2021, y de una modificación de la relación de puestos de trabajo del centro que eliminaba el contrato de alta dirección para el puesto y articulaba, en su lugar, un concurso de libre designación solo para funcionarios de carrera. Todos estos cambios ya habían sido objeto de crítica en el mundo del arte, debido a que contravienen los códigos de buenas prácticas operativos en el sector. Crítica infructuosa: una de las quejas más escuchadas entre artistas, comisarios o críticos es la ausencia de diálogo de la consellería. El “no hay nadie al otro lado” es recurrente.

La sucesión de decisiones que ha resultado en López Tarrío, discípula del polémico crítico Antón Castro, al frente del CGAC persigue ahora a López Campos. A los pocos días de la resolución del concurso, y cuando el número dos del departamento de Cultura -Anxo Lorenzo, director general- había defendido a la elegida como la “mejor preparada”, dos aspirantes derrotados lo dejaron en evidencia. Los profesores universitarios Susana Cendán y Alberto Ruiz de Sanmaniego, ambos de larga y contrastada trayectoria en exposiciones y teoría artísticas, explicaron en público que habían optado al puesto. Ruiz de Sanmaniego, por ejemplo, había dirigido la Fundación Seoane de A Coruña o el pabellón español en la Bienal de Venecia 2007. Ni el conselleiro ni el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hicieron el más mínimo gesto de autocrítica. Es más, Rueda se mostró displicente y redujo las prácticamente unánimes protestas del sector a aquellos que se quedaron fuera del proceso de selección. No era cierto.

Las piedras en el camino de la Ribeira Sacra

Pero las manifestaciones de disconformidad no cesan. La última fueron las pancartas de SOS CGAC, “dedazo” o “vergoña” que acompañaron a López Campos en la inauguración el pasado 12 de junio de Illa ignorada, una muestra de la colección del museo comisariada por Sara Donoso. Solo dos días antes, otro revés sacudía la política cultural oficial: el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural, cuestionaba la candidatura de la Ribeira Sacra para entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad. El informe ataca los ejes centrales de la propuesta de la Xunta, que pedía el reconocimiento de la comarca por “su especial valor como paisaje relacionado con el agua”.

“No se cumplen las condiciones de integridad y autenticidad”, señala la ONG, cuyos documentos no son vinculantes pero sí muy influyentes. Tampoco se trata de “un ejemplo destacable de asentamiento humano tradicional”. Y menciona aquellos elementos que desfiguran la zona: pérdida de biodiversidad, fragmentación de hábitats, cambio climático, incendios forestales, inundaciones de terrenos debido a los embalses, expansión de la viticultura. Según Icomos, la candidatura del Gobierno gallego carece de “amplitud y profundidad”. José López Campos, el conselleiro, intentó, no obstante, suavizar el varapalo y se agarró a los puntos positivos del informe: algunos compromisos en materia conservación.

La Unesco decidirá las nuevas incorporaciones a la lista de Patrimonio de la Humandad entre el 19 y 29 de julio en Corea del Sur. Hace años que la Ribeira Sacra aspira, sin conseguirlo, a la distinción.

La autoenmienda que no llega en política lingüística

Uno de los más rimbombantes anuncios de la consellería, que además de cultura se ocupa también de Lingua e Xuventude, fue el relativo a un presunto Pacto polo Galego. Con él y sin explicitarlo, el ejecutivo de Alfonso Rueda se autoenmendaba y buscaba pasar la página de uno de los conflictos más agrios de la larga etapa del PP al frente de la Xunta: el que produjo la legislación impulsada por Feijóo para, por primera vez, hacer retroceder al gallego en la escuela pública. Rueda ya formaba parte del Gobierno gallego que aprobó el denominado Decreto do Plurilingüismo, en realidad una norma dirigida a limitar la enseñanza en la lengua propia de la comunidad. Y se había significado públicamente en una manifestación contra el gallego organizada en Santiago de Compostela por asociaciones españolistas. Un demoledor informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) publicado en octubre de 2024 resumía os resultados de la agresiva política del PP en la materia: quince años de gobiernos de Feijóo y Rueda multiplicaron por dos el número de niños que no saben hablar gallego.

La Xunta de Alfonso Rueda buscó vías para desacreditar, en voz baja, la investigación del organismo oficial autonómico. El secretario general de Política Lingüística Valentín García dudó de la metodología y la consellería contrató una empresa demoscópica privada que elaboró un estudio a medida del discurso oficial del Gobierno gallego. A la vez, este modificó su hoja de ruta y llamó a “un nuevo consenso” sobre el idioma. ¿Su objetivo? “Actualizar” el Plan de Normalización Lingüistica que el Parlamento autonómico había aprobado por unanimidad en 2004 y que el PP de Feijóo con Rueda de número 2 reventó unilateralmente tres años más tarde con argumentos calcados a los de la ultraderecha.

Para volver sobre lo andado, aun sin explicitarlo, la Consellería de Cultura e Lingua constituyó 11 comisiones, coordinadas por el académico Manuel González, para revisar el documento de 2004. Fuera de los acuerdos iniciales quedó A Mesa pola Normalización, una asociación próxima al BNG con miles de miembros y muy activa en la reivindicación y defensa del gallego. También la formación de Ana Pontón se mostró escéptica, cuando no crítica. López Campos y Rueda prometieron resultados para noviembre de 2025, pero, por el momento, nada se sabe. Solo que, tras un recalibración de plazos, los habrá “en el primer semestre del año”. Que finaliza dentro de ocho días.