Los riesgos para el Geoparque de la UNESCO Costa Quebrada: “Apostar por el crecimiento sin control es un suicidio”

El enclave natural de Costa Quebrada se ha convertido en uno de los activos principales de la agenda promocional turística de Cantabria desde su reconocimiento oficial como geoparque mundial de la UNESCO en 2025. Tanto es así que el geoparque fue uno de los principales atractivos del expositor de Cantabria en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid. Un túnel audiovisual con efectos sonoros, sensación de brisa y olor a mar invitaba al público de IFEMA a realizar un “paseo sensorial” por los ocho municipios que abarca: Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Suances, Santillana del Mar, Polanco y Camargo.

De otro lado, la Sociedad Geológica de España (SGE) ha confirmado que celebrará su XVI Reunión Nacional de Patrimonio Geológico del 8 al 12 de junio de 2026 en Santander, el mayor núcleo urbano de Costa Quebrada, bajo el lema 'Re-conectando con la Tierra'.

Igualmente, la actividad divulgativa que desde hace décadas ha venido realizando la Asociación Costa Quebrada, impulsora de la candidatura a geoparque mundial de la UNESCO, se ha intensificado. Desde su origen como grupo de voluntarios, la organización se ha convertido en una entidad profesionalizada, con diversas sedes en espacios cedidos por entidades locales y con unas líneas estratégicas claras que buscan promover lo que definen como “gobernanza participativa”.

Es precisamente en esta parcela de colaboración con el conjunto de agentes implicados en el territorio de donde han surgido debates sobre las amenazas de conservación que enfrenta la zona. Uno de los focos es su área marina, que se extiende aproximadamente desde la península de La Magdalena, en Santander, hasta Santa Justa, en Ubiarco, unos 75 kilómetros cuadrados.

El investigador en el Instituto Español de Oceanografía (CSIC) Antonio Punzón advierte que “la parte sumergida no tiene ninguna figura de protección, salvo una zona muy limitada de la isla de Mouro”, en la capital cántabra. El experto explica que existen varios tipos de figuras de protección. Una de ellas es la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Red Natura 2000 declarada en la isla de Los Conejos, por el tipo de aves que nidifican allí. No existe en cambio ningún tipo de figura de protección para la particularidad de los hábitats del fondo marino de la misma zona, pese a su gran valor biológico.

Punzón apuesta por implicar al sector pesquero profesional en estas iniciativas de protección. En su opinión, el propio sector es un activo que, de algún modo, puede “arrastrar” a las distintas administraciones a actuar. “Las Reservas de Interés Pesquero son muy interesantes porque es el propio sector el que las promueve y se autorregula: cuando, cuánto y qué se puede pescar, para entendernos”. El investigador añade que se trata de una fórmula que ha dado buenos resultados en algunos lugares del Mediterráneo.

Para Juanma Portugués, divulgador medioambiental y gerente de la escuela de buceo Calypso (Miengo), como empresa dedicada al turismo activo y defensor del ecoturismo, la existencia de alguna figura de protección marina en la zona es “muy necesario”. Sobre todo, dice, pensando en otros modelos que, en su opinión, “han generado un turismo y una economía muy sostenible”. Cita como ejemplo lugares como la isla de Hierro o reservas naturales como Tabarca o las islas Medas.

La amenaza silenciosa de la pesca furtiva

Portugués se muestra muy crítico con la gran amenaza que supone para las especies marinas presentes en Costa Quebrada la pesca furtiva, al no existir figura de protección alguna en esa parte del litoral del geoparque. En estas prácticas “no vigiladas” incluye tanto a la pesca recreativa que se realiza desde barco como a la sumergida con arpón y otros instrumentos.

“Necesitaríamos al menos más vigilancia, ya que la degradación que esto está ocasionando en el ecosistema y la biodiversidad es muy evidente, nosotros lo vemos a diario”. El instructor aclara que “esto no implica que no se pesque, sino que se acoten las áreas” y “se haga con responsabilidad”.

El problema del furtivismo, lamenta, “no es el furtivismo solamente, sino su causa”. Juanma Portugués relata cómo son muchos los restaurantes de la zona que quieren “una lubina pescada esta mañana”. Y lo peor es que al final “no es una, sino 15 o 20”. Además, dice que durante sus inmersiones cada vez ven “más tramallos ilegales”. Se trata, describe, de redes de pesca de 90 o 100 metros, en las que colocan una botella de litro de cola para que pequeños peces queden atrapados y atraigan a otras especies que interesa capturar, como bogavantes o centollos, por ejemplo.

“A mí, como empresa, me realizan inspecciones dos veces al año, a principio y final de temporada, para comprobar que lo tengo todo en regla. Unas cinco horas de control de papeles para ver que todo está correcto. Me gustaría que esos mismos controles se hicieran de forma aleatoria en restaurantes o embarcaciones de recreo. Lo que sucede es que ahora mismo el furtivismo no es un delito, es un deporte y un negocio para muchos puertos deportivos”.

Portugués asegura que la isla de los Conejos, frente a la localidad de Miengo, “es una zona de inmersión preciosa”. “Hay unos juegos de luces, unos contrastes increíbles, pero digamos que es una casa en venta”. El buceador se refiere a la “huida de especies” experimentada en los últimos tiempos debido a la proliferación de pescadores furtivos.

Largos procesos burocráticos

Volviendo a la necesidad de solicitar alguna figura de especial protección, Punzón reconoce que son procesos burocráticos que pueden llegar a extenderse una década y que irremediablemente requieren voluntad política. “Declarar desde las administraciones que se quiere proteger esa zona e iniciar el proceso, implicar a todas las personas, implicar al Ministerio de Transición Ecológica y demostrar que existen unos valores ambientales”, resume. “En ese tablero, nosotros somos peones que podemos chillar y podemos patalear, pero poco más”, añade el gerente de Calypso.

El investigador incide en que la implicación de todos los agentes desde el principio sí tiene posibilidades de éxito. “Pongamos el ejemplo de la creación de una especie de etiqueta de trazabilidad o 'labelling' para que un pez que ha sido pescado frente a Suances, respetando los controles de sostenibilidad, vaya a parar a un restaurante de Suances y, de repente, algo que valía 10, valga 25 euros y a la vez contribuya a regenerar un sector muy tocado como el de la pesca artesanal”. El beneficio añadido, a su modo de ver, favorece oficios y empresas pequeñas que son muy sostenibles.

Capacidad de carga turística y recalificaciones del suelo

En lo referente al turismo, Punzón recuerda que “todos los sistemas tienen una capacidad de carga. Y llevamos superando esa capacidad de carga mucho”. Cita situaciones “como las que se han visto este último verano en El Puntal, el cambio de los usos que se dan al suelo o la construcción de campos de golf sobre zonas de inundación” y que, dice, tienen un efecto directo en la primera línea de mar o parte sumergida del geoparque.

“Todos los terrenos son permeables y si tú no lo permites, si tú sellas todo lo que son las zonas costeras y demás, se interrumpe el conocido como flujo tierra- mar”. Frente a la proliferación de construcciones inmobiliarias en el litoral y la explotación turística a gran escala, el investigador se muestra tajante: “La apuesta única por el crecimiento sin control es un suicidio”.

“Se puede morir de éxito”, recalca Portugués, que insiste en que “deberíamos preguntarnos, ¿qué turismo queremos?”. Según Punzón, “no hay que olvidarse nunca de la gente que habita en el terreno”. Y al hilo de ello describe dos opciones: “¿Diseñamos nuestra casa en función de quién va a venir a verla o queremos una casa en la que los que vivimos dentro estamos bien? En la que, por supuesto, puedan venir a visitarnos, pero de una forma moderada, que podamos atenderles adecuadamente, que se sientan a gusto… ¿Cuál es el modelo? Yo lo tengo claro”, sentencia.

“De lo protegido tampoco se hace una gestión adecuada”

“Tanto los medios de comunicación, colectivos voluntarios como Ecologistas en Acción o Centinelas Cantabria, que siempre están vigilantes, o el propio movimiento feminista son agentes importantes en la tarea común de concienciación”, reflexiona Antonio Punzón. Y, por supuesto, la asociación gestora del geoparque, encargada de hacer de puente entre la sociedad civil y las autoridades políticas, pero limitada a labores de divulgación.

Javier Álvaro Apezteguía, responsable de educación del Geoparque Costa Quebrada, coincide en que “todo lo que sea preservar y conservar el patrimonio es una necesidad” y extender las figuras de protección en las áreas marinas del enclave, sin duda, ayudaría. El educador señala igualmente que lo que sucede, en ocasiones, es que “de lo que está protegido tampoco se hace una gestión adecuada”.

Además, considera que las redes sociales “generan un impacto negativo en lugares que antes eran casi desconocidos”. Hace unos meses se alertó de la erosión registrada en el promontorio de la zona de la playa de La Arnía, lugar emblemático para fotografiarse al atardecer, y desde Costa Quebrada “se solicitó a la Demarcación de Costas señalizar la zona alertando del peligro, algo que finalmente no se consideró importante por parte del ente regulador”, lamenta Álvaro.

Del mismo modo, para Lucía Duribe, coordinadora de la entidad, la declaración de zonas marinas protegidas favorecería otro de los objetivos del geoparque: “El desarrollo y supervivencia de empresas encuadradas en lo que conocemos como turismo azul, actividades en el entorno marino desarrolladas por negocios que sí apuestan por la sostenibilidad”.  

En su opinión, la ventaja de entidades como Costa Quebrada es que sus metas “no son cortoplacistas”, ya que su función es promover “una gobernanza participativa que precisamente extienda una concienciación a todos los niveles y a todos los agentes involucrados en el territorio”, incluido los políticos.  

En conclusión, el investigador del CSIC Antonio Punzón recuerda que existen compromisos internacionales que obligan a España a proteger al menos el 30% de sus aguas antes de 2030. La superficie marina protegida actualmente se sitúa todavía alrededor del 22,5%, según los últimos datos del MITECO, por lo que el dato puede verse como “una oportunidad” para el geoparque cántabro de Costa Quebrada, que en 2027 deberá iniciar los trámites para obtener una especie de reválida de la UNESCO que prolongue su reconocimiento mundial otros cuatro años.