Gobierno y oposición, abiertos a modificar la Ley de Realojos de Cantabria para evitar su inconstitucionalidad

El Gobierno de Cantabria defenderá la conocida popularmente como Ley de Realojos en la Comisión Bilateral con el Estado para “intentar evitar” el recurso de inconstitucionalidad e insta a los grupos parlamentarios proponentes de la norma (PP, Podemos y Ciudadanos) a elaborar una proposición de ley que elimine la parte que genera dudas al Ejecutivo central, que es “mínima y muy reducida”, para evitar la suspensión, algo a lo que se han mostrado abiertos a hacer.

En el Pleno del Parlamento de este lunes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha vuelto a confirmar, tal y como ya había avanzado el Ejecutivo el mes pasado, que el Ejecutivo “defenderá la constitucionalidad de esta norma”, que, en realidad, fue una modificación de la actual Ley del Suelo para regular el derecho al realojo y al retorno de los afectados en procesos urbanísticos que requieran dejar su vivienda.

De la Sierra ha vuelto a señalar también qué aspecto concreto de la ley genera las discrepancias respecto a la constitucionalidad, que, según ha detallado, se refieren exclusivamente al apartado 4 de la nueva redacción de la Disposición Adicional Octava por la presunta invasión de competencias del Estado en materia de Derecho Civil.

Según ha explicado, este apartado hace alusión al derecho de adquisición preferente de las viviendas por parte de la Administración, algo que “no tiene incidencia en la garantía del derecho al realojo”, que es lo que pretendía asegurar la norma, una visión en la que han coincidido los grupos proponentes.

Aunque tanto PP, como Podemos y Ciudadanos se han mostrado abiertos a suprimir este apartado para evitar la presentación del recurso de incostitucionalidad y con él la suspensión de la norma y, por tanto, la garantía al realojo y retorno de los afectados, populares y morados han pedido al Ejecutivo que intente defender en un primer momento la ley como actualmente está dado que los servicios jurídicos del Ejecutivo consideran que “es constitucional”.

Así, tanto el diputado del PP, José Manuel Igual, como la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, han matizado que la supresión se lleve a cabo en “último caso” y solo “si es muy necesario” para evitar la suspensión de la ley de realojos.

Por su parte, PSOE y PRC, que no participaron en la elaboración de la Ley de Realojos -que fue una propuesta del PP- ni la mejoraron en fase de enmiendas -como sí hicieron Podemos y Ciudadanos-, y se abstuvieron en la votación final para su aprobación, han ofrecido su apoyo a que el Ejecutivo defienda la constitucionalidad de la ley y a que se intenten “solventar las diferencias” entre ambas administraciones.

Además, tanto los socialistas -que este lunes en el Pleno han recordado que ya advirtieron de las posibilidades de que se planteara un recurso de inconstitucionalidad- como regionalistas han ofrecido su apoyo a la proposición de ley que se elabore para suprimir la parte que genera las discrepancias en caso de que haya que llegar a este punto.

Tras escuchar a los grupos, el consejero ha advertido de que lo que Cantabria tiene delante es la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado que, según ha avisado, se presentará “si no se hace nada”.

Así, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “tiene la obligación de tomar en serio la defensa de la ley” aprobada por el Parlamento, ya que si hay recurso la norma quedará en suspenso.

De la Sierra ha comparecido a petición propia en el Pleno del Parlamento de Cantabria para informar sobre la convocatoria de la comisión bilateral entre el Gobierno central (PP) y autonómico (PRC-PSOE) para “resolver las discrepancias” que ambas Administraciones tienen sobre la constitucionalidad de la denominada Ley de Realojos.

La comparecencia del consejero se ha producido casi un mes después de que el Gobierno autonómico anunciase la solicitud de comparecencia urgente de De la Sierra para explicar las posturas de los gobiernos de España y Cantabria sobre la modificación de la actual Ley del Suelo de Cantabria aprobada por el Parlamento regional el pasado 24 de octubre con el objetivo de garantizar el derecho de retorno y realojo de afectados en procesos urbanísticos.

El procedimiento se puso en marcha por iniciativa del Gobierno de España antes las dudas trasladadas a iniciativa del Ministerio de Justicia sobre invasión del ámbito competencial del Estado.

Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la comisión bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, acordaron poner en marcha el grupo de trabajo para tratar de buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional y solventar las diferencias en torno al texto.