La jueza acepta la personación del ICAF como acusación particular en la querella de Ecomasa

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha autorizado la personación del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) como acusación particular en el procedimiento abierto a raíz de la querella de los trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin contra los antiguos gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

De esta forma, el ICAF ejercerá la acusación particular junto con Sodercan, los dos organismos públicos dependientes del Gobierno de Cantabria que concedieron a Ecomasa 18 millones de euros en financiación y avales. Según han informado a Europa Press fuentes de Sodercan, la jueza ha ampliado el plazo de instrucción, con lo que esta causa no estará sujeta a las limitaciones temporales que impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La magistrada no se ha pronunciado aún sobre la petición de la abogada de los trabajadores, Maite Ortíz, que ha solicitado la imputación de tres directivos de Teka. Tampoco sobre la aceptación como prueba de la auditoría forense encargada por el Gobierno, una vez que el informe pericial encargado por la jueza llega, según Sodercan, a las mismas conclusiones que aquella.

Para conseguir su personación como acusación particular, el ICAF ha tenido previamente que justificar el perjuicio sufrido. En su respuesta al requerimiento de la jueza instructora, el ICAF señala que las conclusiones de la auditoría forense de Ernst & Young son “confirmadas” por el informe pericial.

El Gobierno PRC-PSOE encargó esa auditoría forense para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público que se concedieron a Ecomasa en la anterior legislatura -desde 2012-, y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka que fueron contratados por Ecomasa.

Desvío de fondos

En ella se señala, tal y como argumenta el ICAF para justificar su perjuicio, que el beneficio bruto de explotación -EBITDA- de Ecomasa arrojaba un saldo negativo de 6,9 millones entre 2013 y el primer semestre de 2015, y que EWI registró salidas netas de efectivo hacia otras empresas del Grupo Ecomasa vinculadas a Lavín y De León por importe de 11 millones de euros desde su constitución.

De esa cantidad, se señala que EWI estaba financiando a otras empresas vinculadas a Lavín y De León en un importe 1,16 millones, cantidad “no recuperada hasta la fecha”; y que EWI compró y pagó elementos de inmovilizado a MAHENOR (Manuel Jesús Lavín Cobo) por importe de 2,46 millones, con salida de efectivo de EWI en 2012 y 2013.

Igualmente, la auditoría forense señala que el Grupo Ecomasa realizó en 2012 una inversión por importe de 3,5 millones en la compra del Grupo WANDERS, que resultó “ruinosa” para la sociedad, ya que a fecha actual se encuentra en liquidación. Y añade que se han producido salidas de fondos en concepto de préstamos a empresas vinculadas a Lavín y De León por importe de casi cuatro millones de euros.

“En tal estado de cosas, con una aportación de 18 millones de euros desviados, al parecer, en los términos indicados en el informe emitido por Ernst & Young, junto con el EBITDA negativo, cabe concluir la clara situación del Instituto Cántabro de Finanzas de perjudicado, y la imposibilidad de seguir aportando fondos públicos a la sociedad”, argumenta el ICAF, para añadir que esos fondos públicos, “en la actualidad han desaparecido por imprevisión en la inversión y por desvío de fondos por parte de los entonces responsables de Ecomasa”.