El alcalde de Vega de Liébana reconoce que falsificó un documento: “Fue una torpeza. Pudiéndolo hacer bien, lo hice mal”

El alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, ha reconocido este jueves que falsificó las firmas de los presidentes de tres juntas vecinales en un documento dirigido al Gobierno de Cantabria sobre la vía ferrata con el objetivo de obtener la autorización para el proyecto y ha manifestado al respecto que fue “una torpeza por mi parte”, porque “pudiéndolo hacer bien, lo hice mal”.

“Teniéndolo todo en la mano para hacerlo bien, lo hice mal”, ha confesado en su declaración en el juicio contra él, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y con el que se enfrenta a tres años y medio de cárcel que pide la fiscal por un delito de falsedad en documento oficial.

El acusado se ha mostrado conforme con los hechos pero no con la pena solicitada por el ministerio público y a la que se ha sumado la acusación particular, ejercida por una concejala de la oposición (PP) que denunció lo ocurrido. Ambas partes --que además interesan multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años-- han elevado a definitivas sus conclusiones y peticiones.

También lo ha hecho la defensa, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien ha introducido como alternativa a la absolución de su cliente que se le condene por un delito de falsedad en documento por imprudencia y se le aplique la atenuante muy cualificada de colaboración con la investigación y el reconocimiento de los hechos desde el inicio. Esto supondría una pena de suspensión de mes y medio y una multa.

Durante el interrogatorio, el regidor regionalista -ocupa el cargo desde 2007- ha admitido que el 2 de diciembre de 2016 envió desde el Ayuntamiento a la Consejería de Medio Rural un documento firmado por él y en el que aparecían también las rúbricas de los pedáneos de Barrio, Ledantes y Villaverde sobre la vía ferrata, que tenía autorización provisional -hasta el día 31-.

Dicho permiso, que se otorga de forma temporal hasta que se obtiene la concesión, tenía que ser renovado para acabar la obra, que se había ido “dilatando” por distintos motivos -se empezó tarde e hizo mal tiempo-, según ha apuntado el dueño de la empresa que la ejecutó y encargado de dirigir los trabajos, que ha declarado como testigo.

El procesado, que ha destacado que tenía las autorizaciones previas de los responsables de las juntas vecinales, ha explicado que introdujo sus firmas en el escrito que remitió por correo electrónico al Ejecutivo en base a la “urgencia” y “premura” para ejecutar la instalación deportiva y turística. A preguntas de la Fiscalía, ha corroborado que creó el mismo el escrito y que no fue rubricado por los tres implicados.

“No estoy orgulloso de ello”, se ha lamentado el alcalde del municipio lebaniego, que si bien ha reconocido que él mismo creó el documento en cuestión, ha esgrimido en cambio que la “voluntad” de los representantes vecinales era que se autorizara la vía ferrata -así lo habían trasladado los de Barrio y Ledantes en junio y el de Villaverde en noviembre--, y “ninguno” de ellos le había manifestado “oposición” al respecto.

En este punto, ha matizado que los dos últimas pusieron condiciones -pero relacionadas con la explotación del proyecto- para llegar a un acuerdo, algo a lo que se fue “puliendo” y a lo que se buscó “acomodo” hasta que se alcanzó y firmó “sin ninguna objeción” en marzo de 2018.

“A mí lo que me mueve es que un Ayuntamiento como Vega de Liébana no puede perder una inversión modesta, pero que redunda en el bien de los vecinos”, ha manifestado el regidor, que se sintió “presionado” por el contratista y actuó así “forzado por la premura”. “No teníamos tiempo”. En este sentido, y a preguntas de su letrado, ha negado que tenga “ningún interés” personal en este asunto. “Tengo el interés, como vecino de Vega de Liébana, de que mi Ayuntamiento sea capaz cada año de mejorar”, ha zanjado.

Al descubrirse lo ocurrido con las firmas, por un lado Gregorio Alonso pidió “perdón” a los implicados y, por otro, hubo “un poco de revuelo”, de modo que las juntas solicitaron la paralización del proyecto. Además, en diciembre de 2019, María Paz Calleja, concejala del PP en el Ayuntamiento, denunció los hechos ante la Fiscalía, después de saber de los mismos a través de la presidenta de la junta de Villaverde, que por la Dirección de Montes había tenido conocimiento de un documento con su rúbrica que ella no había firmado.

La edil consideró que se había cometido “un delito bastante grave” y actuó -ha dicho- velando por el interés del Consistorio y los vecinos, tras lo cual ha asegurado haber recibido advertencias de posibles “represalias” relacionadas con negocios de su marido. De su lado, y a preguntas de la defensa, ha reconocido que con motivo de las elecciones municipales de 2019 envió una carta a los vecinos para pedirles que no votasen al candidato del PRC a la Alcaldía porque “tarde o temprano” iba a ser inhabilitado.

Autorización provisional y a título gratuito: ni lo uno ni lo otro

En la vista también han declarado los presidentes de la tres juntas vecinales, que habían dado el permiso para iniciar la vía ferrata pero que han asegurado que no firmaron el documento de los hechos enjuiciados y en el que aparece su rúbrica

La de Villaverde ha admitido que si bien estaban todos de acuerdo en el proyecto, les sorprendió la concesión de la autorización provisional sin haber rubricado nada, por lo que pidió el correspondiente expediente a Montes. Ha añadido que no hubiera firmado el escrito en los términos en que se remitió a la Consejería porque habían pedido contraprestación económica por el proyecto. Según ha detallado, en el texto ponía “de acuerdo con la autorización provisional y a título gratuito”, a lo que ella ha sentenciado que “ni lo uno ni lo otro”.

En la vista también ha declarado Antonio Lucio, director general del Medio Natural cuando sucedieron los hechos enjuiciados y en la actualidad, que ha corroborado que la autorización provisional para el proyecto terminaba el 31 de diciembre de 2016 y ha señalado que no se hubiera concedido de haber habido disconformidad de alguna parte.

Este alto cargo del Gobierno, que dependen del PRC, también ha dicho que le constaba el “interés” del Ayuntamiento en sacar adelante la vía ferrata y ha indicado que la administración regional suele ir “adelantando” los procedimientos cuando hay conformidad.

Nadie se dedica a falsificar por deporte

Una vez escuchado al acusado y los testigos, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones, con la alternativa a la absolución introducida por la defensa para que en todo caso se considere al alcalde culpable de un delito de falsedad documental por imprudencia, al cometer una “torpeza” pero sin “intención deliberada y buscada” -“nadie se dedica a falsificar por deporte”-. Además, no se ha causado “grave perjuicio” a la administración, ya que las consecuencias han sido “inocuas”.

También ha pedido que se aplique la atenuante muy cualificada de reconocimiento de los hechos y colaboración con la investigación y ha dejado a criterio de la sala la posibilidad de valorar la aplicación de dilaciones indebidas.

La fiscal, que no se opone a que se admita la confesión de lo sucedido aunque no aprecia paralización procesal, ha asegurado que es “imposible” calificar los hechos como falsedad documental por imprudencia grave, ya que se ha creado un documento 'ad hoc', se han escaneado las firmas de tres pedáneos en escritos previos y se ha puesto el sello del Ayuntamiento.

La acusación particular, que rechaza igualmente que se considere delito por imprudencia grave, se ha negado a las dos atenuantes interesadas, y ha afeado la “mala fe” del regidor, que actuó de manera “unilateral” y sin consultar a los pedáneos, uno de los cuales vivía a tan solo “150 metros” del Ayuntamiento.