Dopico dice que el cheque de Trapur fue por un vino español del PP en el que ella adelantó el dinero

Dopico, que entonces era secretaria general del PP de Castro, ha señalado que necesitaba el dinero porque estaba “en pleno proceso de divorcio”, y como el partido no se lo podía dar, Pedro Llamas “se ofreció a adelantárselo” y luego el partido se lo pagaba a él. También ha asegurado que no eran amigos y que “no le había visto en su vida” hasta que llegó al PP.

“Si llego a saberlo llamo a un notario para que levante acta”, ha dicho Dopico a preguntas de la fiscal sobre el cheque, del que ha comentado que “no le pareció extraño” que fuera a nombre de Trapur en lugar de Pedro Llamas. “Si quería pagar a nombre de la empresa era problema de él”, zanjó la exconcejala.

Por su parte, el exconcejal José Miguel Rodríguez 'KyK' ha explicado que cuando asumió la Concejalía de Sanidad se siguió trabajando de la misma manera porque “cuando algo funciona bien hay que dejarlo”, y ha afirmado que “si hubiera tenido la más mínima duda de que una factura de Trapur es ilegal, le digo yo que no existía la segunda”.

Asimismo, ha asegurado que “nunca” presionó a la técnico municipal también acusada en esta causa, para que atribuyera a Trapur la mejor puntuación en el concurso convocado en 2005 para adjudicar el contrato de desratización.

Así lo han declarado en la primera sesión del juicio por el caso Trapur, en el que tanto Dopico como 'KyK' han negado que se valieran de su cargo para beneficiar a la empresa de Pedro Llamas. El gerente de Trapur, ya fallecido, paso de estar imputado a ser testigo de la Fiscalía, después de declararse prescrito el delito de cohecho del que se le acusaba, y su declaración en la fase de instrucción se leerá en la sesión de este martes.

El juicio, fruto de la instrucción realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, del que era entonces titular el magistrado Luis Acayro Sánchez, se ha aplazado en tres ocasiones, las dos últimas en febrero y junio de este año.

Dopico se enfrenta a dos años y un mes de prisión, 27 años de inhabilitación y una multa de 203.000 euros por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delito continuado de prevaricación.

Para Rodríguez López el fiscal pide diez meses de prisión, 15 años de inhabilitación y multa de 200.000 euros por tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación. También está acusada la exveterinaria municipal, para la que el Ministerio Público pide siete años de inhabilitación por prevaricación.