La empresa pública Tragsa ha licitado, coincidiendo con el fin del año 2025, la subcontratación de los trabajos de retirada de amianto de la antigua Residencia Cantabria, la cual almacena varios miles de toneladas de este material cancerígeno.
Tras este anuncio, publicado en el Portal de Contratación del Estado y que establece un plazo de ejecución de los trabajos de 11 meses, el representante de UGT en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pedro Cobo, ha expresado su “preocupación” por la subcontratación de la encomienda inicial del Gobierno de Cantabria a Tragsa y ha advertido de que el sindicato se mantendrá “alerta” durante el proceso de desmantelamiento del complejo de la Residencia Cantabria, situado en Santander.
Este anuncio del sindicato coincide con la demanda que hace al Gobierno de Cantabria de nuevas ayudas a los ayuntamientos para que la retirada de amianto en edificios e instalaciones públicos municipales sea una realidad en 2028.
Residencia Cantabria
La Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) encomendó a Tragsa el proceso de desmantelamiento de la Residencia Cantabria y la empresa pública está subcontratando los trabajos de desamiantado de más de 4.000 toneladas de material contaminante que se calcula conserva el edificio. Sin embargo, la propia Tragsa estima que puede haber más, ya que hay aplicaciones de amianto por el inmueble que no son visibles o que no se ha podido inspeccionar.
La licitación de los trabajos por Tragsa data del pasado 29 de diciembre, tanto del pliego de contratación como el de las prescripciones técnicas. La mayor singularidad, aparte de los cerca de seis millones que costarán los trabajos, es que solo podrán presentarse empresas especializadas y debidamente acreditadas. En Cantabria, el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) recoge a 17 empresas.
Una vez asignados los trabajos, el adjudicatario dispondrá de tres semanas para presentar ante el ICASS y la propia Tragsa el Plan de Trabajo de Amianto.
El desamiantado de la Residencia Cantabria entraña el manejo de un gran volumen de material, pero a la vez un meticuloso proceder en su manipulado, lo que hace que, inicialmente, haya que aislar el complejo de todas las conexiones con redes de la ciudad y, seguidamente, un extremo aislamiento de los dispositivos que se monten, como pueden ser andamios, y zonas de trabajo en el interior, para que no se fragmenten partículas cancerígenas y puedan contaminar a trabajadores y población cercana.
Los pliegos que ha licitado Tragsa dan cuenta de la magnitud de los trabajos: 3,8 millones de euros para la retirada de 39.671 metros cuadrados de encofrado perdido y forjado con amianto; 22.650 euros por la retirada de 935 metros lineales de bajantes de fibrocemento; 44.650 euros por la retirada de 3.422 metros cuadrados de cubiertas contaminadas; 190.000 euros por la retirada de 5.765 metros cuadrados de muro cortina y panel de fachada (en caso de requerirse andamiaje, Tragsa se encargará de él); 739.000 euros por la retirada de 27.100 metros cuadrados de suelo, pavimento y loseta vinílica con amianto; y una partida de 91.500 euros para los restos de elementos que haya que retirar (juntas de todo tipo, tubos de drenaje, aislamientos de material eléctrico, zapatas de freno, pasacables y otros elementos).
Censos municipales de amianto
Paralelamente, y según denuncia UGT, el proceso iniciado en 2024 para que los ayuntamientos elaboren censos de amianto y planes de retirada del mismo en sus instalaciones se encuentra parado al agotarse la partida de 150.000 euros que se dispuso entonces.
Solo 37 de los 102 municipios de Cantabria han recibido ayudas, incluido el de Santander, pero la habían solicitado 58. En este contexto, municipios como Laredo y Ramales de la Victoria son 'pioneros' en planificar la retirada de amianto en sus ayuntamientos, pero la inmensa mayoría restante carecen a día de hoy de censo y plan.
UGT ha instado al Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, a que suplemente las ayudas con una nueva y suficiente partida para que todos los ayuntamientos puedan acometer la retirada de amianto en sus municipios, toda vez que la legislación española establece 2028 como horizonte máximo para que los trabajos estén concluidos.
Sobre la mesa se encuentra la prevención de los riesgos para la salud que entraña la presencia de amianto en Cantabria, algo que ya ha generado unos problemas en el pasado que el sindicato no quiere que se vuelvan a repetir.
“Es fundamental que se vuelva a sacar una orden en la que se dé cobertura económica a los ayuntamientos que la han solicitado y no la han recibido por verse agotada la partida y hacer un llamamiento al resto de ayuntamientos para la que la soliciten y cumplan con la elaboración de un censo donde se recojan los lugares con riesgo de amianto, para proceder así a su retirada y eliminar en Cantabria este material clasificado como carcinógeno de categoría 1A, que afecta gravemente a la salud de las personas y el medio ambiente”, ha asegurado Pedro Cobo.
UGT espera, en consonancia, una dotación suficiente del Gobierno de Cantabria a este fin, coordinando con los ayuntamientos las inversiones “preventivas” necesarias y evitando de este modo “las consecuencias extremadamente dañinas de este material que, sin ninguna duda, supondrá a futuro reducir drásticamente las muertes por este factor de riesgo con lo que supone de costes para los afectados, familiares, empresas y la sociedad en su conjunto”.
La prohibición en España del uso de amianto data de 2002. Se calcula que entre 1961 y ese año en España se fabricaron 20 millones de productos manufacturados con fibrocemento, utilizados en su mayoría en construcción. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante ese período se construyeron en el país 5,5 millones de edificios.