La coordinadora autonómica de Podemos, Mercedes González, ha acusado al Gobierno de Cantabria de traspasar “todos los límites” cuando en una comunidad donde los hospitales públicos sufren falta de personal, listas de espera interminables y recursos cada vez más escasos, el ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga “ha decidido blindar con dinero público los intereses de una orden religiosa”.
El partido subraya que el propio consejero de Salud, César Pascual, “lo reconoció sin pudor” al justificar el nuevo convenio singular con el Hospital Santa Clotilde como una medida para “dar estabilidad” a la congregación que lo gestiona, porque “quiere hacer una inversión muy importante”.
Desde Podemos Cantabria consideran estas palabras “gravísimas y moralmente inaceptables” porque suponen admitir que el Gobierno “trabaja para garantizar la viabilidad económica de una orden religiosa, no para reforzar la sanidad pública”.
En su opinión, el convenio con Santa Clotilde, que compromete más de doscientos millones de euros durante 24 años, no es un acuerdo técnico, sino una privatización encubierta que hipoteca el presupuesto sanitario. “Si el Gobierno quiere reducir las listas de espera, que invierta en Valdecilla, Sierrallana o Laredo, y no en sostener los negocios de una congregación”, ha declarado la coordinadora autonómica.
González ha calificado de “vergonzoso y escandaloso” que el Ejecutivo se atreva a hablar de “dar estabilidad” a una congregación mientras la sanidad pública se desangra. “Lo que necesita estabilidad no es una orden religiosa, sino los profesionales que cada día sostienen nuestros hospitales con medios precarios y sueldos congelados. Lo que hay detrás de este convenio es una confesionalización de la sanidad pública, de un derecho básico con dinero de todos. Y eso es inaceptable en un Estado laico”, ha afirmado.
Por ello, Podemos Cantabria exige el cese inmediato del consejero de Salud, César Pascual, “por haber demostrado que actúa al servicio de intereses privados y religiosos”. “Y si la presidenta María José Sáenz de Buruaga no lo destituye, debe asumir personalmente la responsabilidad política de este ataque directo a la sanidad pública”, añade.
“Cantabria no necesita hospitales con crucifijos en las paredes, sino quirófanos abiertos, profesionales bien pagados y centros de salud con recursos suficientes”, concluye Mercedes González porque “la salud es un derecho, no un negocio. Y mucho menos, un negocio bendecido”.