La Fiscalía de Cantabria pide 4 años de cárcel al exfutbolista Jonathan Valle por tráfico de drogas
La Fiscalía de Cantabria ha solicitado cuatro años de prisión al exjugador de fútbol Jonathan Valle por un supuesto delito de tráfico de drogas.
El ministerio público pide esa pena de cárcel al exfutbolista del Racing de Santander, detenido a finales de 2024 junto a una decena de personas más por el citado ilícito, y a dos de ellas por tenencia de armas también. Con esa actuación, la Policía Nacional dio por desarticulados dos grupos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes en Cantabria.
Según fuentes judiciales y de acuerdo con el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el deportista -retirado en 2016 y que también jugó en el Málaga, Recreativo de Huelva o Burgos- se enfrenta a cuatro años privativos de libertad en un procedimiento con media docena de procesados más, para los que la Fiscalía reclama penas de entre siete y dos años de prisión y multas de hasta 120.000 euros.
En su escrito provisional, el ministerio público acusa también a un hombre -que estuvo en prisión provisional- y que al menos desde 2024 ha venido dedicándose a la distribución de drogas. Al entrar la Policía a registrar su vivienda, estaba junto al inodoro accionando la cisterna, por lo que pudo deshacerse de evidencias en su poder.
Para la distribución y guarda de la sustancia estupefaciente el investigado usaba a otro procesado, que igualmente permaneció en la cárcel de manera preventiva, al que pagaba 4.000 euros por dicha actividad.
Y a otro de los procesados imputa la venta de hachís, mientras que otro sospechoso fue sorprendido vendiendo cocaína. Un implicado más ha participado en esta actividad distribuyendo sustancias a consumidores en la zona donde reside, utilizando como punto de entrega el depósito de contadores situado en la puerta de acceso al inmueble.
Registros
En los registros practicados en las viviendas de todos los acusados los agentes hallaron distintas cantidades de diferentes sustancias, dinero procedente de la venta de las mismas, armas, recortes para fabricar dosis, teléfonos móviles o anotaciones.
A juicio de la Fiscalía, los hechos son constitutivos de delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y sustancias que no causan grave daño y considera que en uno de los implicados concurre la agravante de reincidencia.