El Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Santander tardó menos de tres horas en redactar el informe urbanístico sobre la ilegalidad de la pancarta contra la alcaldesa, Gema Igual (PP), que han colgado los vecinos del número 7 de la calle Andrés del Río en la fachada de su edificio.
La Policía Local se personó el miércoles 22 de octubre por la mañana, sobre las 11.00 horas, en la comunidad de vecinos para levantar atestado. A las 13.46 horas ya estaba firmado el informe urbanístico municipal que aconsejaba retirar “el elemento publicitario” porque, según este departamento municipal, “no es compatible con el planeamiento vigente”.
Los vecinos han reaccionado asegurando que no van a retirar la pancarta y que recurrirán “a las estancias que corresponda siendo conocedores de que nos amparan derechos constitucionales y jurisprudencia”, han explicado en un comunicado.
El documento municipal lleva el membrete del Servicio de Disciplina Urbanística bajo la leyenda 'Informe urbanístico para tramitar expediente de reposición de la legalidad urbanística de la lona publicitaria', el término con el que el Ayuntamiento de Santander se refiere a la pancarta que reza: “GEMA, DE MERCADO DE BARRIO A PRE-AFTER, NO DA IGUAL”.
El informe exprés -que en otro párrafo habla de “lona informativa”- dice que la pancarta no dispone de autorización administrativa alguna y que “es disconforme con el planeamiento”. Argumenta que “no sería autorizable” su colocación porque incumple la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.
En concreto alude a que vulnera tres artículos. Uno de ellos hace referencia a la prohibición de lanzar propaganda gráfica en la vía pública y al ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a una persona como soporte material del mensaje. “Obviamente no se pueden atribuir cualidades humanas a una fachada”, estiman los vecinos afectados. Ellos creen que “se está retorciendo una ordenanza que no tiene como objeto sancionar acciones reivindicativas, como es el caso”.
Desde la comunidad de vecinos, que aprobó por unanimidad colgar la pancarta contra la alcaldesa, consideran que la retirada de la lona se basa en “supuestos de la regulación que no encajan en absoluto con el objeto de nuestra pancarta”. El informe hace referencia al artículo 41 que prohíbe colocar banderas, banderolas, pancartas y lonas con objetivos publicitarios. “La nuestra no puede ser objeto de sanción en base a esta ordenanza ya que en absoluto es un objeto con fin publicitario ni similar”, explican.
La ordenanza define publicidad como “acción encaminada a difundir información sobre actividades, productos o servicios”. “Y no es el caso”, precisan los vecinos afectados. Además, añaden que la pancarta no sobresale ni tapa elementos arquitectónicos “por lo que no constituye una instalación y no requiere de licencia”, subrayan.
Los vecinos consideran que “es un acto desproporcionado de coartar nuestra libertad de expresión y un gesto que habla francamente mal de la capacidad de escucha a la ciudadanía y del talante democrático del equipo de gobierno”.
En su opinión, estas acciones se encuentran amparadas por el derecho constitucional -citan el artículo 20 de la Constitución Española- de la libertad de expresión y reconocido en la jurisprudencia de casos análogos de carteles en balcones y pancartas en viviendas. “Debería justificarse por un interés urbanístico concreto y proporcionado, no es el caso”, concluyen.
Esta propuesta surge de la reacción de los vecinos de la zona que rechazan la apertura de un establecimiento de la firma McDonald's dentro del recinto anexo del Mercado de Puertochico. “Lo único que hace esta pancarta es reflejar el malestar de un barrio que ve cómo su mercado pierde identidad y su entorno se degrada para convertirse en lo que ellos consideran que puede acabar siendo un pre-after”, subrayó el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez, cuando se conoció la reacción del equipo de gobierno.