PP y Vox rechazan acabar con la privatización del transporte sanitario en Cantabria
La internalización del transporte sanitario en Cantabria ha vuelto a ponerse sobre la mesa de debate en el Parlamento autonómico. No obstante, el PSOE, formación que ha propuesto que el Gobierno asuma la gestión del servicio, se ha quedado solo y su iniciativa ha decaído.
Y es que PP y Vox han rechazado acabar con la privatización de las ambulancias programadas que ahora están en manos de Diavida, mientras que el PRC se ha abstenido. La PNL socialista se ha enmarcado en los continuos incumplimientos de la empresa Diavida, que aunque lleva poco tiempo siendo la empresa adjudicataria, prácticamente desde el primer momento ha estado en tela de juicio y actualmemte se encuentra en el alambre.
Así todo, el PP ha defendido que “la internalización es un desastre” y se ha escudado en que el Parlamento ya aprobó la semana pasada una iniciativa que insta al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga a elaborar un informe jurídico en el plazo de 15 días en el que se estudie la rescisión del contrato.
En este sentido, los populares han defendido que no pueden rescindir un contrato unilateralmente sin acreditar las causas, pero han reconocido que, si finalmente “se constatan esos incumplimientos, habrá que hacerlo”. “Ahora nos estamos centrando en lo que tiene que centrarse un Gobierno, en exigir que se cumpla el contrato y sancionar aquello que no se está cumpliendo debidamente”, han señalado este lunes.
El PRC, por su parte, ha justificado su abstención en que ese proceso de internalización “lleva tiempo” -porque requiere un estudio de costes y una correcta organización del personal y medios-- y “ahora no lo tenemos”. “Tenemos que actuar de manera inmediata”, ha subrayado la formación regionalista, advirtiendo que los trabajadores no han cobrado aún la nómina de enero y “además las negociaciones están rotas entre la concesionaria y el comité de empresa”.
Desde Vox, han lamentado la “obsesión ideológica” y el “desprecio sistemático de los socialistas a la colaboración público-privada”, si bien han destacado que en los ocho años que gestionaron la Consejería de Sanidad tampoco internalizaron el transporte sanitario.
Sin embargo, el PSOE ha insistido en que se debe dar “una solución definitiva a los recurrentes” problemas en el servicio, pues las concesionarias “acaban tomando como rehenes a los profesionales o a los pacientes”. Además, los socialistas se han quejado de que “no hay ninguna penalización” impuesta por el Gobierno a la adjudicataria. “No funcionan los mecanismos de control y al final no se sanciona a ninguna de las empresas”, han lamentado.