El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), que forma parte de la Junta de Personal Docente, ha denunciado una “purga ideológica” por parte de la Consejería de Educación del Gobierno del PP con las condiciones de formación por sexenio planteadas en el marco de la negociación de la adecuación salarial.
Así lo ha denunciado este jueves el sindicato en una rueda de prensa, en la que ha explicado que la formación que se exige a los docentes para acceder a los sexenios es una de las cuestiones que “está enquistando la negociación” y “parece enmarcarse en un plan de adoctrinamiento docente del Gobierno”.
En la última propuesta de la Consejería, planteada el pasado 23 de mayo y rechazada por la Junta, el departamento que dirige Sergio Silva planteó una subida de 150,23 euros mensuales lineales y una mejora de sexenios, lo que sumando ambos aspectos supone, según Educación, un total de 337,96 euros de mejora.
Además, respecto a su anterior oferta, la Consejería rebajó de 300 a 250 horas la formación exigida por sexenios, de las que 200 deberían estar dedicadas a actividades de formación que desarrollen directa y expresamente las líneas de actuación del Plan de Formación Permente del Profesorado de Cantabria, reservándose la Dirección general con competencias en la m ateria la facultad de poder establecer actividades concretas de formación obligartorias dentro de las señaladas anteriormente que en ningún caso superarían las 100 por sexenio.
Al respecto, sobre el volumen de horas exigidas por sexenios, STEC ha replicado que lo que ahora se exige en Cantabria por sexenio son 100 horas de formación, lo mismo que en el resto de comunidades autónomas, con lo que cual la propuesta de la Consejería supondría un aumento de 150.
También se ha quejado de que se plantee que, de ellas, 100 horas sea “dictadas” por el director general de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, José Luis Blanco, “mano derecha” --dice STEC-- del anterior consejero popular de Educación, Miguel Ángel Serna (2011-2015).
Además, ha denunciado que, además, “para consolidar los sexenios pasados”, un docente tendría que hacer 150 horas más, sin posibilidad de reconocer las que hizo de más en su día, “lo que conllevaría hasta 750 horas extra para completar el total”.
También ha apuntado que el incremento de horas de formación para los sexenios “no iría en proporción con el incremento económico” que se plantea. Como ejemplo, ha indicado que para el primero de estos sexenios, que es el más extendido, la cuantía solo se incrementa en cinco euros.
Desde el sindicato han insistido en que lo “más preocupante” es el “empecinamiento del Gobierno por dictar la formación” de los docentes, en lo que ven ese “plan de adoctrinamiento”.
A juicio de STEC, “nadie mejor” que los propios profesores para conocer las competencias que necesitan reforzar; las metodologías que deben actualizar y los conocimientos que sería adecuado profundizar para dar respuesta eficaz a las demandas concretas de su entorno educativo.
“Esto parece enmarcarse en un plan de adoctrinamiento docente del Gobierno”, han reiterado desde el sindicato, que además ha denunciado que esta misma semana “ha hecho saber a la mayor parte de la plantilla del Centro de Profesorado (CEP) de Santander que no continuará desempeñando su labor”. Según STEC, estas personas serán “reemplazadas por personas de confianza del Ejecutivo”.
“Pierden su puesto aquellos que obtuvieron su plaza por concurso público de méritos y proyecto, al parecer para pasar a ser designados arbitrariamente, por comisión de servicios”, ha censurado.
STEC han aunado estos cambios en el CEP con las horas que la Consejería de Educación quiere aparejar a los sexenios y ha advertido que, con “la barbaridad de horas que pretenden incrementar en un contexto de saturación de los CEP, esto nos hace pensar en un intento de externalizar” cursos, privatizando lo que viene siendo público“.
95% de docentes insatisfechos con la gestión de Silva
Por otro lado, STEC ha informado que la encuesta realizada por la Junta de Personal Docente para valorar la gestión de Silva al frente de la Consejería muestra que “el 95%” de los docentes está “insatisfecho” o “muy insatisfecho”, lo que evidencia que el titular de Educación “está perdiendo definitivamente al colectivo docente en el ecuador de su mandato”.
“Su respuesta, utilizando como arma arrojadiza para su interés político una encuesta que tenía en el cajón y debiera servir para trabajar con rigor en la mejora de las condiciones laborales y la convivencia en los centros educativos, evidencia que no sabe negociar más que a golpe de titular y que todo lo que toca lo convierte en conflicto”, ha lamentado STEC, que considera que Silva “está perdiendo cualquier vínculo con la realidad docente”.
Y, como réplica a su forma de actuar, los sindicatos de la Junta de Personal han realizado su propia encuesta entre el profesorado para que valore la gestión de Silva, con ese rechazo del 95% que, en su opinión, “refleja el abismo que se está abriendo entre los trabajadores de la educación pública y el consejero que dice representarlos”.
Desde STEC hacen “ya responsable” del conflicto por la adecuación salarial de los docentes a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y han considerado que las medidas no económicas aparejadas a la última oferta del Gobierno son “una maniobra para alargar el conflicto por la adecuación salarial”.
Entre ellas, se ha referido al hecho mencionado por Silva esta semana, cuando afirmó que no podía confirmar que el próximo curso se fuera a bajar la ratio en Tercero de Primaria “con la cantidad de asuntos” que su departamento tiene encima de la mesa y las “implicaciones presupuestarias” que éstos conllevan, entre ellas la que tiene que ver con la adecuación salarial de los docentes.
Para STEC es “indecente” que el Ejecutivo trate de “sostener la imprescindible bajada de ratio sobre la pérdida de poder adquisitivo de los docentes”.
“El Gobierno del PP contrapone así sus propios compromisos adquiridos y, como siempre, los avances en la pública entre sí, cuando lo que hay que plantear es si podemos seguir financiando con fondos públicos los negocios educativos privados, mientras pretende cerrar un colegio en Castro y nos dice que faltan recursos para lo necesario”, ha aseverado.