El Tribunal Constitucional ha decidido mantener en vigor la Ley de Memoria Histórica de Cantabria que derogó el Gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox, una de las primeras medidas que tomó el Ejecutivo autonómico de María José Sáenz de Buruaga y que figuraban en su programa electoral. “Adoctrinaba en las aulas y atacaba la convivencia”, denunció la presidenta.
Como reacción, el Gobierno de España recurrió esta decisión legislativa del Parlamento cántabro ante el Tribunal Constitucional que, a su vez, paralizó la derogación hasta resolver el asunto. Transcurridos cinco meses, el Constitucional tiene la obligación legal de decidir si mantiene o levanta esta medida cautelar, un plazo que ya se ha cumplido. Por eso, ahora ha confirmado que la Ley de Memoria de Cantabria aprobada la pasada legislatura seguirá en vigor hasta que haya sentencia.
Es decir, que la derogación aprobada por el Gobierno de Buruaga había permanecido suspendida desde que se aceptó el recurso de inconstitucionalidad, y lo que hace ahora el Constitucional es confirmar y prolongar esta medida cautelar hasta que se resuelva definitivamente.
La decisión la ha tomado el Pleno del Tribunal Constitucional, en un auto del que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga. No obstante, ha generado controversia en el propio Tribunal, ya que se ha adoptado con los siete votos de la mayoría progresista y los cinco en contra del bloque conservador, entre los que figuran los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria entre 2004 y 2014.
La resolución prorroga la suspensión de la ley de derogación y, por tanto, mantiene la ley cántabra en vigor hasta que haya sentencia sobre el recurso del Gobierno de España. El Tribunal toma esta decisión porque considera que los posibles perjuicios alegados por el presidente del Gobierno, en caso de levantamiento de la suspensión, “tienen la gravedad y consistencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la ley autonómica”. Subraya, también, el carácter irreversible del paso del tiempo en el ámbito del ejercicio de los derechos de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, y su trascendencia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Voto particular en contra
Arnaldo y Espejel han emitido un voto particular -según informa la agencia Europa Press- en el que aseguran que “el mantenimiento de la suspensión no está en absoluto justificado en este caso, atendiendo a la doctrina constitucional que hay que aplicar para resolver estas cuestiones”.
Por ello, advierten de que “la decisión de la mayoría aparca y se aparta de una consolidada doctrina” que “exige que aquel que ha solicitado la suspensión de la norma argumente consistentemente sobre los perjuicios que produciría su aplicación”. “Y, en este caso, tales argumentos, sencillamente, no existen”, afirman. Al hilo, explican que “no existen porque, a diferencia de casos anteriores que pretenden hacerse pasar por precedentes, no hay aquí afectación a derechos fundamentales”.
El ministro pide reflexión
Como reacción a esta noticia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha pedido una “reflexión” al PP sobre su “cruzada” junto a Vox “contra la Memoria Democrática”. En un mensaje en la red social X ha calificado de “buena noticia para la verdad, la justicia y la reparación. Y para que el PP reflexione sobre su cruzada junto a Vox contra la Memoria Democrática”.
“Nació muerta” -argumentó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cuando el Parlamento aprobó derogar esta Ley- “porque quienes la promovieron [PRC y PSOE durante la pasada legislatura] no pretendieron el consenso ni en la forma ni en el fondo y ni siquiera admitieron el diálogo”.
La dirigente popular justificó que ley suponía un “ataque a la convivencia y a las libertades democráticas” que “abría la puerta al adoctrinamiento de las nuevas generaciones en las aulas” y que “exaltaba el papel de las víctimas de un bando, no de todas”, equiparando así a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con sus verdugos.
La derogación pactada y ejecutada por el PP y Vox con su mayoría parlamentaria provocó una fuerte reacción de rechazo de colectivos sociales y memorialistas. Una oposición que se formalizó en la constitución de la Plataforma de Memoria y Democracia de Cantabria, formada por más de un centenar de organizaciones bajo el lema 'Sin memoria no hay futuro', que ha desarrollado acciones reivindicativas como concentraciones, manifestaciones e iniciativas como las rutas de la memoria.
La asociación “Héroes de la República y la Libertad” de Cantabria se ha congratulado por la ratificación de suspensión cautelar y espera que el Gobierno de Cantabria y demás instituciones respeten el mandato de este alto tribunal. Considera que con la derogación, ahora suspendida, “se pretendía tratar la memoria y los restos de represaliados y represaliadas del franquismo como si fuesen restos arqueológicos, monedas romanas o borrar su rastro al llamárseles solamente como víctimas”. “De momento, este despropósito, no se cumple”, concluye.
Fondos para exhumaciones
El Gobierno de Cantabria derogó la Ley de Memoria pero supuestamente mantenía las exhumaciones de víctimas, con una orden que publicó recientemente que las tramita como si fueran “restos arqueológicos” aunque en la práctica no se ha llevado a cabo ninguna.
Precisamente el Gobierno de España acaba de aprobar la distribución de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para la exhumación, identificación y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, cuyos cuerpos aún permanecen en fosas, cunetas y pozos, de los que Cantabria y La Rioja no han recibido nuevos fondos, puesto que no se han gastado los del año pasado, algo que sucede también en las dos ciudades autónomas.
En el caso de Cantabria, el Ejecutivo central ha destinado a la comunidad cerca de 52.700 euros para estas acciones, si bien no se han agotado hasta el momento, por lo que no ha entrado en el reparto de los nuevos fondos, han indicado fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press.