La Junta de Castilla y León evita pronunciarse sobre la paralización de Mercosur y señala que están “con el campo”

La Junta de Castilla y León ha evitado pronunciarse de forma concreta sobre la decisión del Parlamento Europeo de paralizar la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que la posición del Ejecutivo autonómico sigue siendo la firmada con las organizaciones profesionales agrarias en el Consejo Regional Agrario, en la que se defendía la adhesión al mismo solo si se garantiza el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones para los productores europeos.

Según el también consejero de Economía y Hacienda, la Junta se siente “ plenamente identificada” con los siete puntos pactados con el sector agrario, que constituyen su “hoja de ruta” ante los acuerdos comerciales internacionales futuros. En ese marco, ha incidido en que el Gobierno autonómico está al “lado del campo”, “claramente del lado de agricultores y ganaderos”.

En concreto, en uno de los aspectos que más se ha reclamado desde las OPAS que es el mayor control y reciprocidad. Fernández Carriedo ha señalado que, para que el acuerdo con Mercosur pueda aplicarse, sería necesario incorporar instrumentos de control y cláusulas de protección para aplicar el acuerdo.

En concreto, echa de menos mayores garantías, especialmente en normativa de reciprocidad normativa, cláusulas de salvaguarda y controles en frontera y en origen, con el objetivo de asegurar que la competencia se produzca en condiciones de igualdad. Según ha indicado, se trata de un planteamiento que “va más allá del simple aspecto regulatorio del comercio internacional”.

Evita valora el voto de PP, PSOE y PNV para mandar el acuerdo al TJUE

El portavoz ha evitado valorar el sentido del voto en contra de remitir al acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los eurodiputados de PSOE, PNV y PP en la Eurocámara y ha reiterado que desde la Junta defienden el acuerdo con las OPAS y su defensa del campo en su ámbito competencial de manera “inequívoca”.

La posición de la Junta se ha producido un día después de la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo UE-Mercosur al TJUE para que dictamine sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que supone en la práctica la paralización de su tramitación. La moción fue aprobada este jueves por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El debate en la Eurocámara se centra, entre otras cuestiones, en la validez jurídica del mecanismo de reequilibrio incluido en el tratado y en la base legal elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Según el propio TJUE, este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal puede priorizar el procedimiento si lo considera necesario.

El acuerdo entre la UE y Mercosur, firmado el pasado fin de semana tras más de 25 años de negociaciones, crearía uno de los mayores espacios de libre comercio del mundo, pero ha generado una fuerte oposición en parte del sector agrario europeo y el rechazo de algunos Estados miembros, con Francia a la cabeza.

Desde el Gobierno de España, el Ministerio de Economía ha lamentado la decisión del Parlamento Europeo y ha defendido que la entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso económico significativo. Según el departamento que dirige Carlos Cuerpo, cada mes de retraso durante 2026 podría suponer una pérdida de 4.400 millones de euros de PIB y 3.000 millones en exportaciones. Economía ha defendido que los procedimientos actuales permiten su aplicación provisional una vez sea ratificado por un Estado de Mercosur.

La Comisión Europea también ha expresado su rechazo al envío del acuerdo al TJUE, al considerar que las cuestiones planteadas ya han sido abordadas, y ha advertido de que la votación llega en un momento en el que la UE necesita diversificar mercados y reforzar su papel como socio comercial fiable.