Vecinos de Solórzano anulan una concentración: “Delegación exige que no se haga donde moleste a los okupas”
“Nos prohíben manifestarnos en nuestra casa para no molestar a estos sinvergüenzas, pero no importa ir a la Plaza del Ayuntamiento y molestar a los vecinos del pueblo. No tiene ni pies ni cabeza. Es vergonzoso”, se han quejado hoy los convocantes de una manifestación en Solorzano que iban a protestar delante de lo que consideran una vivienda “ocupada”, por un conflicto prolongado entre propietaria e inquilinos.
Según el escrito de Delegación, el objetivo es que “no exista contacto visual entre manifestantes e inquilinos y no se produzca una incidencia directa sobre los moradores ni se vea perturbada su vida cotidiana, en conservación de la seguridad ciudadana”.
La reacción vecinal, recogida por Europa Press, ha sucedido después de que Delegación de Gobierno les haya enviado un escrito indicándoles que ha considerado “conveniente” que “se realice en otra ubicación alternativa, próxima pero distinta a la vivienda afectada”, como la Plaza del Ayuntamiento.
Esto sucede después de que cerca de un centenar de vecinos de Solórzano se concentraran el pasado 30 de diciembre para protestar contra los inquilinos que habitan el piso propiedad de la vecina de Solorzano.
En la resolución firmada por Pedro Casares, delegado de Gobierno, se explica que se ha valorado un informe de la Guardia Civil -del puesto de Beranga, fechado el pasado 26 de enero- que recomienda que la concentración se haga en otro lugar “a fin de compatibilizar el ejercicio de manifestación con los derechos de descanso, intimidad y normal convivencia de los inquilinos”, es decir, de los 'okupas' también.
Desde noviembre de 2024, la arrendataria de un inmueble en Solorzano, según su testimonio, empezó a avisar a los inquilinos que tenía en un piso de su propiedad de que iba a dejar la vivienda para sus hijas. Así, el 7 de enero del 2025 se notificó formalmente, mediante documento firmado, la no renovación del contrato de arrendamiento.
Ambas partes firmaron un acuerdo
El contrato finalizó el 1 de mayo y desde entonces la vivienda permanece sin título. Después, ambas partes firmaron un acuerdo de buena fe hasta el 31 de octubre con la intención de que los ocupantes entregaran el piso de forma voluntaria, extremo que no se ha producido. Tras el envío de un segundo burofax requiriendo la entrega de la posesión, los dueños iban a interponer demanda judicial.
Durante este tiempo, los inquilinos permanecen en la vivienda “sin título habilitante y sin asumir los gastos de suministros” como luz y agua. Los propietarios llegaron a ofrecer una compensación económica para facilitar la salida voluntaria del piso, sin que hasta el momento haya habido resultado positivo.