La propiedad del campo del Racing de Santander pasó a manos municipales hace cuatro décadas en una polémica operación urbanística cuyos rescoldos se avivan ahora que la pretensión de ampliar el actual estadio choca con la negativa de su propietario: el Ayuntamiento de Santander.
La misma institución municipal que orquestó el embargo del viejo estadio: lo compró para reformarlo, pero acabó por derribarlo y hacer un parque sobre sus cenizas argumentando que no era un terreno urbanizable.
Cuando, en realidad, fue una operación que facilitó legalizar los excesos urbanísticos en el entorno de la Segunda Playa de El Sardinero y que acabó por costar casi 2.000 millones de las antiguas pesetas de dinero público.
Los documentos del Archivo Municipal de Santander: borradores del Plan Bahía, las actas de plenos, el decreto de un ministro de 1967 y una sentencia del Tribunal Supremo estampada diez años después certifican que el terreno sobre el que se asentaba el estadio viejo –inaugurado en 1913 y derribado a principios de los años ochenta– sí era edificable.
También, que dejó de serlo de repente, de un día para otro, cuando el Ayuntamiento decidió que ya no le interesaba que siguiese siéndolo.
En la segunda mitad de los años sesenta, Santander vivió uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente que marcó y perjudicó el destino del viejo campo del Racing
En la segunda mitad de los años sesenta, Santander vivió uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente que marcó y perjudicó el destino del viejo campo del Racing. Lo que ocurrió entre 1965 y 1983 es una polémica trama urbanística y un retrato político de la ciudad que crecía hacia el norte y emprendía la transformación de El Sardinero con la presión inmobiliaria y turística.
La zona de la segunda playa de El Sardinero siempre había sido muy tentadora. De hecho, ya hubo un intento fracasado para edificar en el año 1947 un complejo turístico con más de un centenar de chalets y un hotel.
En 1964, al lado del campo de fútbol del Racing comenzaron a levantarse las torres de la promotora Feygón, 260 viviendas en seis módulos en forma de herradura. Antes de que el plan parcial Cabo Menor A –que debía legalizarlas– recibiera el visto bueno en Madrid. Un plan que desarrolló la propia promotora antes de comprar los solares necesarios para su propia promoción y en el que incluyó terrenos del Racing y de otros particulares. Es decir, presentó un plan urbanístico para ejecutar sobre unos terrenos que no eran suyos.
La propia promotora elabora el plan parcial, se lo ofrece al Ayuntamiento de Santander y éste lo hace suyo inmediatamente. Una forma de proceder habitual en la época.
El Ayuntamiento concedió licencias apoyándose en una normativa anterior –el Plan Comarcal de 1952– que convertiría la zona en un dorado residencial turístico, a pesar de que clasificaba buena parte de ese suelo como zona verde y 'sistema viario principal'. Es decir, terreno donde no se podía construir.
Aunque entonces pasó desapercibido, el informe del arquitecto jefe municipal advertía sobre los viales de la zona: “se reorganizan los aparcamientos, especialmente tras la desaparición del Campo del Racing, para mejorar su funcionalidad”. El escrito es de 1964, pero hasta mucho después nadie fue consciente de que la construcción de Feygón suponía derribar el estadio.
Federico Díaz Vallejo y Gonzalo Rodríguez Fraile, cuñados y propietarios cántabros de la constructora Feygon –un acrónimo que nació de las iniciales de sus nombres de pila– empezaron a construir su urbanización frente a la segunda playa del Sardinero.
A Feygón le gustaba hacer rascacielos de la época. Construyeron algunos en Burgos, Alicante o Madrid. En Santander elevaron una torre de pisos de 51 metros frente al mar Cantábrico, que se mantiene como el edificio más alto de la ciudad, junto a otros bloques de viviendas en un complejo residencial turístico, como se bautizó en la época.
Todo el proceso se gestionó con la máxima celeridad urbanística por parte del Ayuntamiento de Santander. El 12 de marzo de 1964 la constructora registró un avance del plan parcial y al día siguiente ya tenía el visto bueno del arquitecto municipal. Ocho meses después ya estaba autorizado el definitivo.
La Junta Económica del Racing (JER) presentó alegaciones firmadas por cinco expresidentes del club: Carlos Estévez Romero, José Vidal de la Peña, Gonzalo Rincón Hevia y los también exjugadores Ramón Santiuste García-Quintana y Ricardo Naveda Puente.
Denunciaban que el Plan invadía y comprometía la propiedad del Racing sin haber sido consultado formalmente a sus verdaderos titulares: la Asamblea General de Socios que no había sido convocada ni informada.
También añadían que el Plan concede a Feygón S.A. una edificabilidad muy superior a la que le corresponde “y reduce injustamente la edificabilidad del Racing”.
En este contexto, se llega a denunciar el supuesto conflicto de intereses del letrado municipal, Castor Soto Aranaga, también secretario de la Junta Directiva del Racing y a su vez asesor de la sociedad Edificios Feygón. El alcalde admite que es cierto pero que nunca intervino en la tramitación del Plan que, por cierto, se acabó aprobando con los votos de tres concejales propietarios de viviendas en esa urbanización que se deberían haber abstenido.
Finalmente, el Ayuntamiento desestimó las reclamaciones, insistió que la parcela del club era plenamente edificable y dio el visto bueno municipal al Plan, cuestionado después por el Ministerio de Vivienda.
FEYGON construía mientras a otros propietarios colindantes, como Octavio Celorio o Primitivo Rumayor, se les denegaban licencias. Una doble vara de medir que fue el núcleo del conflicto.
Ellos denunciaron la situación en los tribunales en 1964. Presentaron un recurso argumentando textualmente: “Se permite a FEYGON lo que sistemáticamente se nos niega a los demás”. Alegaban lo mismo que el Racing: que el Plan que el Ayuntamiento preparaba –para “legalizar” lo ya construido– alteraba el reparto de aprovechamientos.
Ni el Racing ni estos propietarios se conformaron con la aprobación del Plan a nivel municipal y recurrieron a las altas instancias del Estado. El Ministerio de Vivienda constató que el Plan no cumplía la Ley del Suelo, que faltaban documentos esenciales, que no se notificó a los propietarios afectados y que no respetaba las zonas verdes.
No se habían dejado espacios libres para dotaciones. Los pisos de Feygón habían sobrepasado el límite de edificabilidad permitida.
Pero el Estado optó por una solución salomónica: compensar los excesos del ladrillo con zonas verdes en el entorno.
El decreto del Ministerio no mencionaba ni una sola vez los Campos de Sport. Tampoco prohibía edificar allí. Ni siquiera decía dónde debía ubicarse esa nueva zona verde.
Pero nadie resolvió el asunto ni volvió a hablar de él durante años.
Una sentencia que pone los ojos en el Racing
Una década después las torres Feygón ya estaban terminadas. El Sardinero había cambiado su skyline y el Racing seguía jugando en un estadio viejo que necesitaba arreglar.
Habían pasado diez años sin decidir definitivamente dónde recolocar la zona verde que exigía el Ministerio y el entorno del plan Cabo Menor estaba agotado: no quedaba ni una sola parcela grande. Ni una sola zona libre que pudiera servir.
Solo había un terreno que cumplía todos los requisitos: los viejos Campos de Sport.
Al alcalde conservador de la época, Juan Hormaechea, solo le quedaba la posibilidad de obtener zonas dotaciones convirtiendo el estadio en un parque público.
Proyecto nuevo estadio en La Albericia
Cuando empieza a correr la voz de que el Ayuntamiento quiere convertir el estadio en zona verde, en febrero de 1976, el presidente del Racing presenta públicamente el proyecto de un estadio nuevo en La Albericia con tres argumentos: que el club necesita construir en los terrenos del viejo estadio para financiar el nuevo, que existe el temor fundado a que el Plan Bahía acabe declarando zona verde el solar del Racing y que, si quiere optar al Mundial 82, el club necesita un estadio moderno y competitivo.
El discurso municipal empezó a cambiar. De repente, lo que había sido edificable durante décadas pasó a presentarse como un terreno “no apto”, “no propio”, “no adecuado” para construir. No había argumento jurídico: había estrategia política.
Los socios del Racing reaccionan con una mezcla de desconfianza y firmeza. Recurrieron a los tribunales y en septiembre de 1977 el Tribunal Supremo confirma que el Plan Parcial es válido, pero también que los Campos de Sport son terrenos edificables con los mismos parámetros urbanísticos que las parcelas de su entorno.
Un diario de la época, La Gaceta del Norte, tituló: “Los Campos del Racing son terrenos edificables. Un nuevo FEYGON legal pudiera levantarse en el solar”.
Poco después, en primavera de 1978 el Ministerio obliga al Ayuntamiento a cumplir por fin el Decreto de 1967 y a recolocar las zonas verdes perdidas.
El Ayuntamiento opta por tapar el escándalo y legalizar la situación de FEYGON. No puede permitir que el Racing ejecute su derecho a la edificabilidad. El derribo de la urbanización tampoco lo contempla cuando además, en FEYGON viven familias de concejales que aprobaron el plan, el abogado es el mismo que el del Ayuntamiento y en la urbanización tienen pisos personalidades influyentes en la vida política y social.
En realidad, la decisión estaba tomada: el solar del estadio sería dotacional, solucionando así el problema.
Una decisión que cambiaba el valor del solar como quien gira una llave. Si era edificable, valía más de 450 millones de pesetas. Si era dotación, valía diez veces menos, y eso afectaba directamente al Racing, que intentaba financiar su traslado a La Albericia vendiendo el solar. A pesar de la negativa de sus socios.
El viejo Sardinero era visto por el Ayuntamiento como la gran reserva de suelo con la que cerrar todas las heridas urbanísticas abiertas desde los tiempos de FEYGON. Juan Hormaechea, concejal desde 1973, primer teniente de alcalde desde 1976 y alcalde desde 1977, conocía perfectamente el fondo del problema y la solución. Pero surgió un obstáculo: los socios del Racing.
En varias asambleas, los compromisarios rechazan vender el estadio. Saben que su campo es edificable –como ha confirmado el Supremo– y que el solar puede alcanzar entre 800 y 1.000 millones de pesetas. Pero tampoco quieren marcharse sino reformar el estadio.
En 1981 el propio alcalde Hormaechea acude a la asamblea para presionar directamente a los socios. La respuesta es un no rotundo a la venta. La reacción del alcalde queda recogida en la prensa de la época: “Voy a impedir que se pueda construir en los Campos de Sport”.
En este tira y afloja el Ayuntamiento llega a organizar un referéndum improvisado durante un partido Racing–Real Madrid. Sin un censo claro, porque vota cualquiera que entra en el campo, incluso niños pequeños. Pese a todo, el resultado es contundente a favor de la permanencia del Racing en el viejo Sardinero y de la remodelación del estadio existente.
Embargo de los terrenos
Como el Racing necesitaba reformar el estadio y arrastraba una deuda importante de 33 millones de pesetas, al final el 17 de marzo de 1983, el presidente José Luis Cagigas firma la venta de los Campos de Sport al Ayuntamiento a cambio de que el estadio fuese reformado “en su actual ubicación”.
Para ello se orquestó una operación: con el pretexto de la deuda el alcalde Hormaechea acabó por forzar el embargo de los terrenos. El técnico municipal que firmó el informe del asunto –fechado en agosto de 1981– certificó que el solar del viejo campo no es edificable y que si lo fuera valdría más de 400 millones de pesetas. Pero como es dotacional y vale muchísimo menos, el Ayuntamiento puede adjudicárselo compensando la deuda del Racing.
Al final, se pactó un precio de 175 millones más la condonación de la deuda. Una cifra muy inferior a lo que valía el terreno si hubiera seguido siendo urbanizable.
La venta se aprobó por la mínima en una polémica Asamblea del Racing. En los días previos, se modificó el censo: se excluyó del voto a más de un centenar de socios antiguos y críticos y se incorporó a otros más afines.
Un acuerdo que, en principio, se tomó con el visto bueno de la directiva racinguista siempre pensando que se remodelaría el actual estadio. Pero resultó ambiguo. El Ayuntamiento tranquilizó a los socios diciendo que compraban el campo para reformarlo.
Pero en el documento se añadió, a última hora y a mano, una frase que lo cambiará todo: “Salvo que se decida construir un nuevo campo en los terrenos actuales y colindantes por considerarse esta mejor solución”.
No tardó en ser víctima de la piqueta. Se derribó. La finca urbana del viejo campo de fútbol se convirtió en un parque. Aunque parezca extraño era el objetivo: comprarlo para no hacer nada con él. Lo necesitaban como contrapeso, como zona verde, para legalizar la urbanización Feygón que había edificado más de lo que autorizado.
Es decir, se aplicó un urbanismo a la carta para resolver el problema del exceso de edificabilidad en la zona.
Nuevo estadio
En 1985 el Ayuntamiento se gastó otros 85 millones en comprar una finca de más de 39.000 metros cuadrados en Las Llamas, que entonces era un estercolero. Curiosamente, los propietarios eran los mismos que los del solar donde se levantó FEYGON.
En esos terrenos hoy se erige desde 1990 el actual estadio de fútbol que se presupuestó en mil millones de pesetas y acabó costando casi el doble: mil seiscientos.
El Racing sacrificó la propiedad de su campo, adquirido en 1945, para beneficiar a los promotores urbanísticos. Como consecuencia, desde entonces habita de prestado –con una concesión a perpetuidad– un campo de propiedad municipal sobre el que no puede tomar decisiones y que el Ayuntamiento no ha mantenido en buen estado.
En la ficha urbanísitica del estadio se afirma que la 'concesión en precario' caducaba el pasado 4 de marzo de 2025. No consta que se haya ampliado ese uso. En principio eso supone que el Racing pasaría a ser, jurídicamente, un usuario sin título, un ocupante irregular.
Todo este episodio duró dos décadas y costó 1.975 millones de pesetas a los santanderinos, aproximadamente 35 millones de euros actualizados a valores de 2025.
La ambición urbanística del Plan Cabo Menor supuso pagar con dinero público 175 millones de pesetas por la compra del viejo estadio, 33 por la deuda del Racing, 85 de los terrenos de Las Llamas, 1.600 por la construcción del nuevo estadio y 82 por la demolición del viejo Sardinero.
Sin contar los metros cuadrados públicos regalados a la urbanización que construyó unos 24.000 metros cuadrados de más. Aprovechamientos que hoy son propiedad privada, como advierte un cartel a la entrada.