Los hosteleros preparan una demanda colectiva contra Gobierno y Comunidades Autónomas por las pérdidas del sector

Más de 700 hosteleros se han sumado hasta la fecha a la demanda colectiva que se presentará la semana próxima ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por los daños y perjuicios soportados por el gremio durante el año 2020. La indemnización que solicitarán será de 55 millones de euros.

El objetivo de este grupo de hosteleros, que aúna a cafeterías, restaurantes y bares en general de todo el territorio nacional, es demandar a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas por las pérdidas producidas desde la declaración del primer estado de alarma, de 14 de marzo de 2020.

Fuentes próximas a este grupo que prepara la demanda, consultadas por Europa Press, señalan que día a día se van sumando más hosteleros a medida que les llega la propuesta, por lo que han puesto de fecha para sumarse hasta el 14 de marzo de 2021, coincidiendo con el aniversario del decreto de estado de alarma.

Si bien la demanda se está elaborando aún, sí que adelantan que interesarán en su escrito indemnizaciones para cada uno de los afectados que sean equivalentes al 75% de las pérdidas de 2020. Matizan que se fundamentan para ello en lo que se ha hecho desde el Ejecutivo alemán.

La demanda colectiva, cuya estrategia jurídica ha sido encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, ya cuenta con la adhesión de hosteleros de referencia como la chef Begoña Fraire, del restaurante 'Étimo' de Madrid, Alfonso García Muñiz, de la 'Taberna Casa Alfonso' de Barcelona, Pepa Muñoz de 'El cuenco de Pepa', Juanjo López de 'La tasquita de enfrente', Iñaki López del Grupo Sagardi, y Alfonso Pastor del Grupo Caterdata, entre otros.

Por otro lado, señalan que esta demanda colectiva, que surge ajena a las asociaciones de hosteleros y que está abierta incluso a restauradores que hayan tenido que cerrar sus negocios definitivamente, cuenta en su elaboración con varios exmagistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, subrayan, tienen amplia experiencia en este tipo de asuntos.