Han pasado cinco años desde que 17 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, entre ellos Emiliano García-Page, abandonaran este órgano en protesta contra el mandato de Pedro Sánchez, abriendo un cisma sin precedentes, liderado por Susana Díaz, en la historia del Partido Socialista. Tras muchas idas y venidas, mucho “coser”, unas primarias, una moción de censura, algunos apretones de manos y con la que fuera presidenta de Andalucía ya fuera de la primera línea política, ahora Sánchez es presidente del Gobierno de España y García-Page también lo es de Castilla-La Mancha, con una mayoría absoluta holgada y muy singular en el mapa autonómico del país.
A las puertas del Congreso Federal del PSOE que se celebra el próximo fin de semana y en un momento crucial para el partido tras la gestión de la pandemia y con la negociación de los Presupuestos de telón de fondo, la historia de Page y Sánchez ha pasado por diferentes etapas en las que no han faltado los halagos mutuos en público, las críticas en privado y las declaraciones públicas en las que el primero pide y el segundo, a veces da, otras quita y la mayor parte del tiempo opta por el silencio administrativo.
Son varios los frentes que durante estos años ha abierto el presidente de Castilla-La Mancha con el jefe del Ejecutivo. En el Debate sobre el Estado de la Región apenas se refirió a ellos, como sí lo suele hacer en sus comparecencias públicas, pero aquí repasamos los más importantes y los que más se han reiterado en palabras de Page o de los miembros de su gobierno.
El ultimátum por la Ley anti-ocupación
En diciembre hará un año que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una proposición de ley pactada entre el PSOE y Ciudadanos para regular la okupación ilegal de viviendas. Se trata de una iniciativa que ha sido remitida a Moncloa como propuesta de ley estatal, pero que no ha recibido respuesta alguna por parte del Gobierno. Tanto es así, que hace un mes García-Page lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez: o en diciembre la toma en consideración o la remitirá para su debate en la Conferencia de Presidentes.
Castilla-La Mancha quiere liderar la acción legislativa contra la ocupación ilegal de viviendas pese a que el Ejecutivo regional ha reconocido que no es un “programa generalizado” en la región, aunque sí afecta a multitud de municipios. De momento, sigue sin haber respuesta por parte del Gobierno central y el presidente castellanomanchego no ha vuelto a referirse al tema, que considera “progresista” y de “justicia social”.
La unidad territorial
La pandemia de COVID-19 y el independentismo catalán han servido a García-Page para insistir en el mensaje que más repitió durante su última campaña electoral: la unidad y la igualdad entre comunidades autónomas. Desde la primera desescalada tras el confinamiento general de hace año y medio, la posición del presidente de Castilla-La Mancha ha sido muy crítica con la co-gobernanza de las comunidades autónomas en cuanto a las decisiones sobre restricciones y relajamientos en las medidas anti-COVID.
Tanto él como su consejero de Sanidad siempre han defendido que las acciones adoptadas tuvieran mayor cohesión para evitar esa España a varias velocidades que ya se refleja en otros indicadores y que finalmente también se ha producido con la pandemia. Es una crítica que también ha dirigido personalmente a Pedro Sánchez, si bien el mensaje se ha ido diluyendo con el final de la quinta ola y la entrada progresiva en la ‘nueva normalidad’.
Por otra parte, durante la pandemia, Emiliano García-Page también ha querido ir por delante de Pedro Sánchez con algunas iniciativas, sobre todo en lo referido al uso de la mascarilla en exteriores, a los procesos de vacunación y a la administración de la tercera dosis de refuerzo, primero en residencias y luego a todas las personas mayores. Todas ellas son peticiones que ha hecho y que luego se han llevado a cabo.
El independentismo catalán
Pero el discurso más crítico de Page contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha ido siempre de la mano del independentismo catalán. Desde el ‘procés’ hasta los indultos del pasado verano, no hay semana que el presidente castellanomanchego no se refiera de una u otra forma a esta cuestión. Antes de que se aprobaran los indultos, su mensaje fue inmediato y sin matices: rechazó esta posibilidad equiparando equiparado la sentencia judicial a cuenta del caso Gürtel que sirvió como punto de partida para conformar la moción de censura que le dio el Gobierno a Pedro Sánchez, con el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Supremo contra los encausados independentistas.
“Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia, sinceramente. Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca”, advirtió entonces. Y el mensaje es muy similar cuando existe la expectativa de reuniones bilaterales o más recientemente con la detención en Italia del expresidente catalán Carles Puigdemont. Dijo que juzgarle es “una cuenta pendiente” que haría pasar una “página dolorosa”
La democracia “no puede tener gente que ha dirigido un atropello constitucional fugada”, y la ley “se aplica” igual para todos, “tanto para pagar impuestos como para hacer declaraciones”, subrayó, en la misma línea en la que suele referirse al independetismo.
La eterna reforma de la financiación autonómica
Esta cuestión tiene mucho que ver también con la unidad territorial. Desde que este tema volvió de nuevo a la palestra de la actualidad, García-Page ha dejado claro en varias ocasiones que “esto no va de ideologías” sino de igualdad de oportunidades. Su alineación con regiones gobernadas por el PP pero con singularidades parecidas a las de Castilla-La Mancha, como es el caso de Castilla y León o Galicia, le han llevado a mostrarse más cercano a ellas que al propio Pedro Sánchez.
Es también habitual que García-Page presuma de pelear con Madrid por asuntos como este u otros similares. Hace unos días, por ejemplo señalaba que no le importaba llevarse “algún que otro coscorrón” por parte de los ministros y ministras si con ello conseguía logros para la comunidad autónoma.
El pago de la deuda del IVA
Otro ejemplo de vaivenes entre las relaciones de ambos gobiernos lo refleja el dinero que el Estado adeuda a las comunidades autónomas por la liquidación del IVA de 2017, debido a un cambio de reglamento en la financiación que se realizó en detrimento de las autonomías. Castilla-La Mancha recurrió en su momento esta decisión ante la Audiencia Nacional, y García-Page lo ha sacado a colación en varias ocasiones mencionando expresamente a Pedro Sánchez.
Hace unos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que esta deuda, que asciende a unos 1.400 millones de euros, se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Pero desde el Gobierno de Page han dicho que el recurso no se retirará hasta que esa cantidad sea “efectiva”.
Otra deuda “histórica”: la Dependencia
Según los datos del Gobierno autonómico, Castilla-La Mancha sigue financiando un 84% del total del gasto en prestaciones y servicios para la Dependencia frente al 16% que gasta la Administración Central. Esos porcentajes deberían ser del 50% conforme a la ley, y así llevan años reclamándolo desde la Junta. Fue una cuestión que Page elevó a la Conferencia de Presidentes pero que sigue sin solucionarse, por lo que ha seguido conminando a Pedro Sánchez a “cumplir” con su parte de “corresponsabilidad”.
En concreto, a través de la Consejería de Bienestar Social se invierten actualmente 438 millones de euros frente a los 107 que aporta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Entendemos que la corresponsabilidad al 50% se queda muy por debajo por parte del Estado. Reclamamos que cumpla con su parte”, repitió recientemente la consejera de Bienestar Social.
No a las tasas de reposición
Emiliano García-Page ha sumado en las últimas semanas una nueva petición al Gobierno de Sánchez: quiere que elimine las tasas de reposición en el empleo público, es decir, el indicador que mide el porcentaje de vacantes que pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones de personal. Considera que este mecanismo es “una enorme barrera” para la contratación de personal de servicios públicos que las administraciones han ido “sorteando”.
“Estamos casi en un absurdo. Mantenerlas por más tiempo significa una especie de estrategia de recortes de servicios públicos”, dijo en su momento el presidente de Castilla-La Mancha, añadiendo que no “sacrificará” ni despedirá a ningún tipo de trabajador público motivado por exigencias del déficit sabiendo que todavía “hay parte de la financiación que se le debe a esta región”.
El interminable Trasvase Tajo-Segura
Desde que gobierna Pedro Sánchez, algo ha cambiado en la petición histórica de Castilla-La Mancha para que se derogue el Trasvase Tajo-Segura. Y ha cambiado por ambos lados. En el Gobierno central, el Ministerio para la Transición Ecológica ha comprometido obras de mejora en los pueblos de la cabecera del Tajo, principales víctimas de esta infraestructura franquista y “obsoleta”; y ha modificado las normas de explotación para el beneficio de la cuenca cedente.
Y por parte de la Junta de Castilla-La Mancha han dejado de insistir en la derogación propiamente dicha para centrar su mensaje en que las derivaciones de agua hacia Alicante y Murcia se hagan únicamente para abastecimiento humano y no para regadío. No ha sido así en los últimos meses, pero todas las esperanzas del Gobierno de Page están puestas en la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que derogó la planificación hidrológica del Tajo. Confían en que con el tiempo, el trasvase termine por desaparecer. Y que ningún Ejecutivo, sea del color político que sea, pueda aferrarse a él con intereses partidistas.
La autovía que conectaría a la región con el Atlántico
El pasado septiembre, otra demanda se unió a este listado. La Dirección General de Carreteras decidió aparcar el proyecto de la Autovía A-43 entre Mérida y Ciudad Real, para proponer como alternativa el acondicionamiento de la N-430 como carretera convencional. García-Page afirmó que esta noticia le “disgustaba sinceramente” por ser una autovía “determinante” en la vinculación entre el Mediterráneo y el Atlántico y más ante una posible celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en sede compartida entre España y Portugal en 2030.
El presidente recalcó que “no tiene ningún pase” que Castilla-La Mancha “no tenga comunicación por autovía o por alta velocidad con el Atlántico”, al tiempo que remarcó su intención de pedir “machaconamente” la resolución de esta cuestión, tal y como también recordó en el Debate sobre el Estado de la Región.
La tauromaquia, en el bono cultural
Ha sido la última petición del presidente de Castilla-La Mancha a Pedro Sánchez. Poco después de conocerse la intención del Gobierno de aprobar un bono cultural de 400 euros para jóvenes mayores de 18 años, Page abogó por incluir la tauromaquia dentro de los eventos culturales susceptibles de incluirse en esta iniciativa
“Hay que extenderlo a toda actividad que esté incluida en la categoría de cultura. Hay que cubrir ”todos los espectros y todas las sensibilidades“ y con ”la gente joven más todavía“. El debate no ha ido más allá y la respuesta del Ejecutivo central ha sido la que ha utilizado en la mayoría de todos estos frentes: el silencio.