Los gastos de los altos cargos de la Junta deberán ser públicos
Un paso más en la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno: el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno, por lo que ahora es el Consejo Consultivo el encargado de aportar sus sugerencias a lo largo del próximo mes. Con esta legislación, con la que el Gobierno pretende estar “a la vanguardia” en la materia y también ser más exigente en relación a lo que plantea la legislación básica del Estado gracias a “numerosas” novedades.
Entre estas novedades se señala que se amplía la condición de alto cargo a los asesores de la Junta de Comunidades, por lo que ellos deberán someterse al mismo “escrutinio personal”, según ha señalado el portavoz de Gobierno, Nacho Hernando. Además, los profesionales deberán adscribirse a un código ético que, gracias a su mayor transparencia, revisará la situación de todos los cargos de dirección política. Estas obligaciones deberán cumplirse a los 6 meses de hacaerse oficial la Ley.
La ley establece, además, sanciones entre los 600 y los 1.200 euros así como, incluso, la posibilidad de cesar a los cargos altos si no se cumple la normativa. Entre otras cosas, como ya se había anunciado, se incrementará el control, en conceptos como la obligatoriedad de publicar los gastos de representación, los llevados a cabo en las campañas de publicidad, la relación de vehículos oficiales y los contratos de la Junta de Comunidades. Habrá “varios” órganos de control que tendrán su base en las Unidades de Transparencia que resolverán también las solicitudes de acceso a la información.
Dichas Unidades serán también las que conformen la comisión de transparencia, y también las encargadas de coordinar la implantación de las medidas y hacer un seguimiento en su implantación. La Oficina de Transparencia será la encargada del seguimiento de las políticas de transparencia del Gobierno, que estará adscrita a la oficina del Vicepresidente. Por último, el Consejo regional de Transparencia y Buen Gobierno será un órgano independiente elegido por las Cortes y una comisión consultiva representada por las Cortes, la FEMP, UCLM y otras entidades que tengan interés.
