Bronca entre PP y PSOE por la deuda acumulada en Fomento
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, encendió la mecha con el anuncio de la deuda que acumulaba la Consejería tras la legislatura del Partido Popular. Este lunes, los portavoces de PP y PSOE han vuelto a entrar en valoraciones sobre el tema. El 'popular' Francisco Cañizares, retando a Page a que “ante notario, demuestre todas y cada una de sus calumnias, mentiras y falsedades” o la socialista Blanca Fernández reafirmando la deuda millonaria acumulada por el Gobierno de Cospedal, han sido las primeras impresiones recogidas tras la publicación de datos concretos, por parte de eldiario.es/clm, de la deuda millonaria.
El portavoz del Partido Popular, Francisco Cañizares ha retado al presidente regional “a debatir públicamente, uno por uno, todos los expedientes judiciales para que se demuestre que todos son pufos de la época del PSOE y así quedará claro la caradura y la mentira de Page”. Según los números aportados por la Consejería de Fomento, la gran mayoría de autos en los que se reclama algún pago a la Junta, son de la etapa de Mª Dolores de Cospedal al frente del Gobierno regional.
La reacción de Cañizares, que tras el guante lanzado al presidente vino a decir que “así quedará claro la caradura y la mentira de Page”, ha sido justo después de la comparecencia de Blanca Fernández. La portavoz socialista reafirmó la deuda millonaria en Fomento anticipada por la consejera y ha añadido que “es la prueba evidente de que Cospedal no solo no gestionaba, sino que tenía manipulada la realidad”. Además, asegura que en Fomento se enfrentan a más de 53 millones de euros en sentencias judiciales por “malas gestiones”.
Los datos que han provocado las reacciones de ambos, el reto de Cañizares a Page o la culpabilidad de la deuda según a qué partido se escuche vienen provocados por los datos a los que exclusivamente ha podido acceder eldiario.es/clm. Entre los mismos hay recursos contenciosos-administrativos, demandas civiles, sentencias firmes y reclamaciones varias. Es lo que se encontró el nuevo Gobierno una vez que se puso a revisar la herencia recibida por el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Cifras de millones de euros pendientes de pagar y procesos judiciales en marcha a los que hacer frente en el área de Fomento.
La empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), ha sido el gran objetivo de reclamaciones por no haber recibido, las empresas adjudicatarias de las obras, la cantidad pactada en el contrato de obras. Un ejemplo de ello son la UTE (Unión Temporal de Empresas) que se encargó del tramo I de la Autovía del IV Centenario y en 2014 tuvo que presentar dos recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) por los impagos de 6,9 millones de euros y 9,5 millones de euros.
Sin salirnos de la carretera, concretamente de la Autovía del Júcar, hay dos demandas civiles de reclamación por la UTE adjudicataria del tramo VI, por un lado, y del tramo I, por otro lado, respectivamente. En el primer caso, la UTE reclama 18,3 millones de euros, mientras que en el segundo, la reclamación es de 4,2 millones de euros.
Estas reclamaciones, sin sentencia todavía, vienen por la suspensión de la obra de la Autovía del IV Centenario y de la Autovía del Júcar. Las deudas de ambas suman un total de casi 39 millones de euros, 16,4 millones de la primera y 22,5 de la segunda.
A la Consejería de Fomento se le acumulan las sentencias en contra
No solo hay sentencias pendientes, por desgracia para la Consejería hay varias que ya han sido dictadas por los tribunales a favor de contratistas que ya habían denunciado hace tiempo. Estas sentencias se dictaron entre febrero y junio de 2015 y acumulan la suma de 3,1 millones de euros, repartidas en diversos importes. Hay que destacar que todas ellas corresponden a obras realizadas en carreteras.
Por otro lado, y siempre según informes de la propia Consejería de Fomento, en el ámbito de expropiaciones por construcción de carreteras, los tribunales ya han hecho firme varias sentencias que acumulan 16,8 millones de euros pendientes de pago. Estas cantidades pueden seguir creciendo por intereses, concretamente con 8.000 euros al mes, mientras se sigan manteniendo las deudas.
Desde la Consejería de Fomento reconocen que aún no han podido recopilar todos los autos, pero ya acumulan 94 sobre expedientes de sentencia en materia de expropiaciones. Salvo seis, el resto son de los últimos cuatro años, cuando María Dolores de Cospedal presidía el Gobierno regional y, concretamente, 66 autos son de 2013 y 2014. La estimación de la Consejería para hacer frente a los pagos por el concepto de expropiaciones, es de 400.000 euros, aunque esta cifra podría aumentar cuando se conozca si las sentencias pendientes van a ser condenatorias.
Más obras de carretera que se traducen en deudas. Nueve expedientes pendientes, presentados en los juzgados entre 2013 y 2014, cuentan con reclamaciones que ascenderían a 14,4 millones de euros. Además, hay otras reclamaciones por actualización de precios en obras, paralizaciones de contratos de acondicionamiento de carreteras o deudas tributarias por terrenos cedidos a la Junta que no se han podido liquidar y que se estima que pueden tener un gasto de unos 7 millones de euros.
Las deudas saldadas por el nuevo Gobierno
La Consejería de Fomento informa que ha conseguido hacer frente a pagos pendientes por seis procesos judiciales con sentencias condenatorias a la Junta por valor de casi 20 millones de euros que, de momento, se ha conseguido reducir a 15,5 millones tras alcanzar un acuerdo con una de las UTE afectadas, con la que se acordó una reducción de 4,4 millones de euros en los pagos pendientes reconocidos por sendos fallos judiciales dictados contra GICAMAN en diciembre de 2014 y marzo de 2015.
Los cinco expedientes con condenas impagadas que va a abonar el nuevo Gobierno regional suman alrededor de 2,8 millones de euros y hacen referencia a sentencias dictadas entre los meses de febrero y abril de 2015. El motivo de las condenas viene por obras paradas o suspendidas y por terrenos expropiados en obras de carretera.
Aunque esto son solo algunas de las cifras que la Junta ha pagado o deberá pagar en caso de que las sentencias pendientes sean finalmente condenatorias, ilustran un poco la cantidad de pagos atrasados que se acumularon en la anterior legislatura. La Consejería de Fomento dice estar trabajando para intentar llegar a acuerdos que consigan reducir el importe a pagar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
