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Alegaciones municipales en defensa del ferrocarril

Vías del tren a su paso por la provincia de Cuenca - MXC

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Por fin sucedió lo que muchas personas estábamos deseando: once corporaciones municipales, apoyadas por la Agrupación Pueblos con el Tren y la Plataforma por un ferrocarril público y social, presentaron ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana (MITMA), un escrito de alegaciones contra la solicitud de clausura del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de la Línea ferroviaria 03-310-Aranjuez-Valencia Sant Isidre.  

El extenso y detallado escrito de diecisiete páginas, contiene seis apartados de alegaciones, relacionadas con las irregularidades en el procedimiento; la falta de datos en torno a la rentabilidad económica; la manipulación de datos demográficos, para justificar la falta de rentabilidad social y la inexistencia de un informe de los trabajadores afectados por la supresión de la línea.

Los once ayuntamientos rechazan, con argumentos sociales, económicos, ecológicos, culturales y paisajísticos, la inaceptable proposición de ADIF, para que se hagan un harakiri sin honor. 

Por el contrario, exigen a ADIF y Renfe que rindan cuentas de las inversiones en la línea, dejen de actuar con opacidad y abandonen sus referencias a incontrolables estadísticas y relatos inverificables, para desmantelar el servicio público de ferrocarril.  

Los ayuntamientos solicitan, que se declare la nulidad del expediente, se proceda a la reapertura de la línea y se disponga de elementos suficientes, para un eventual control judicial de la decisión de clausura, en caso de que llegara a producirse. 

Nulidad del procedimiento

Piden la nulidad del procedimiento, porque el Ministerio de Transportes y ADIF, vulneran la ley con su sucedáneo de participación. Los poderes públicos fingen que favorecen la participación, cuando la decisión de clausura del tramo ferroviario de interés general fue adoptada previamente, sin respetar el procedimiento establecido en el art. 11 de la Ley del Sector Ferroviario. 

Como bien subraya el escrito, esta manera de proceder del Ministerio de Transportes y ADIF, no solo escamotea de forma arbitraria la participación de las Corporaciones locales y organizaciones ciudadanas, sino que además implica un total desprecio a las leyes vigentes.  

De la lectura de las alegaciones es posible deducir, que la actuación del Ministerio de Transportes y ADIF es tan abusiva como arbitraria, en la medida en que además de vulnerar de forma implacable la democracia, atenta contra nuestro Estado de Derecho. 

Que los responsables públicos, en vez de seguir el procedimiento debido hagan un paripé, simulando que consultan a las corporaciones locales y organizaciones ciudadanas legitimadas para participar, es vergonzoso e indignante.  

Una “burda treta autoritaria”

Según alega el escrito, la burda treta autoritaria urdida por el Ministerio y ADIF, persigue que no tengan nada que decir las Corporaciones afectadas, en el trámite de audiencia, cuando es una exigencia de la propia Ley del Sector Ferroviario, el que sean escuchadas antes de la adopción de una decisión que tan drásticas consecuencias tiene para el futuro de los pueblos.  

Las once corporaciones municipales, finalizan su escrito de alegaciones, animando al Ministerio a que encomiende la elaboración de informes técnicos a profesionales solventes, para conocer “el impacto en el desarrollo económico y social de los municipios directamente afectados y de los incluidos en su área de influencia, de la eventual supresión de la línea ferroviaria”. 

Por último, aunque no por ello menos importante, recomiendan que el Ministerio lleve a cabo la elaboración de un informe sobre la viabilidad de subvenciones provenientes de los Fondos de la Unión Europea, para la mejora de las infraestructuras ferroviarias, indicando las cuantías que podrían aplicarse, en los próximos cinco años, a la mejora de la línea Aranjuez-Utiel.  

En mi opinión, debemos apoyar con entusiasmo este magnífico escrito de alegaciones y confiar en que el Ministerio corrija su arbitrariedad y abuso de poder. No obstante, creo que la ciudadanía debe seguir atenta, y estar dispuesta a “luchar a muerte” (como dijo García-Page), para exigir que se modernice el ferrocarril y no se inviertan impunemente millones de euros, en construir inútiles engendros pretenciosos, como el delirante bosque de cristal y acero.  

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