El paraíso de los señoritos

Es sabido que los propietarios de fincas tienen cierta tendencia a ocupar los caminos públicos, por eso necesitamos leyes e instituciones que los defiendan. Las leyes están muy claras, un camino de dominio público es como una calle, es de todos y no prescribe nunca, aunque deje de usarse, y en la mayor parte de los casos las instituciones responsables de su defensa, deslinde, conservación, señalización, etc. son los ayuntamientos. 

Hasta aquí la teoría. Leyes e instituciones tenemos de sobra. Otra cosa son las ganas de utilizarlas.

El abandono rural, la pérdida de los usos tradicionales del territorio y la pasión ancestral por la posesión de tierras para demostrar “señorío”, hace que los caminos públicos de nuestra Región sean particularmente vulnerables a la ocupación, y siendo el problema mayor que en otras latitudes, lo normal sería que los ayuntamientos fueran especialmente diligentes en su defensa, pero sorprendentemente sucede todo lo contrario. Ya sé que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero en Castilla-La Mancha abundan los ayuntamientos, grandes y pequeños, que no solo no tienen ningún interés en la defensa de los caminos, sino que dan facilidades a los propietarios colindantes para que los ocupen.

Hablemos, por ejemplo, de la Capital Regional. Toledo tiene un inventario aprobado en el año 2005 que recoge un total de 80 caminos. Está sin actualizar y no están todos los que son, pero es un buen punto de partida. Pues bien, la mayoría de los caminos públicos inventariados situados al sur del Tajo están cortados y ocupados. 

Las ocupaciones son cada vez más descaradas y suelen ser relativamente recientes, hasta el punto de que no siempre es necesario recurrir a complejas investigaciones históricas para seguir su rastro. Los caminos se están cortando literalmente delante de nuestros ojos. Es suficiente con observar las fotografías aéreas, o incluso los expedientes de declaración ambiental de las obras de vallado de las fincas para seguir la pista de la ocupación. 

Les parecerá sorprendente, pero no me estoy equivocando, las ocupaciones más escandalosas piden licencia de obras y tienen una declaración ambiental, en la que se menciona expresamente la necesidad de mantener abiertos los caminos públicos y se designa al Ayuntamiento como responsable de la vigilancia ambiental, pero todo es papel mojado. Es posible incluso que algunos de estos vallados también estén subvencionados directa o indirectamente con dinero público. También se construyen puentes con el dinero de todos para el uso exclusivo de los dueños de las vallas.

Los pretextos que suelen utilizarse para vallar las fincas son la caza y la ganadería, pero solo son eso, pretextos. Ni la una ni la otra necesitan vallas, y en caso de que las necesitaran hay muchos mecanismos que permiten el paso de las personas e impiden el paso del ganado como los tornos o los pasos canadienses. La caza y la ganadería extensiva siempre han sido compatibles con otros usos del territorio y en particular con el disfrute de la naturaleza. No se cierran los cotos de caza ni las fincas ganaderas, sino las fincas de los nuevos señoritos.

No se cierran los cotos de caza ni las fincas ganaderas, sino las fincas de los nuevos señoritos.

Efectivamente, toda una legión de ricachones de diversas procedencias que no tienen nada que ver con la explotación tradicional de la tierra está comprando fincas en Castilla-La Mancha con el exclusivo fin de amurallarlas para mostrar sus dominios como pavos reales, y muchos ayuntamientos les ponen la alfombra roja. Les regalan los caminos para convertir nuestra tierra en el paraíso de los señoritos.

La red de caminos públicos es el sistema circulatorio y la columna vertebral del territorio, sin ella no le llega la savia y nada se sostiene, y estamos abandonándolos en beneficio de unos depredadores que solo quieren parasitarlo, asfixiándolo con fincas amuralladas y helipuertos. 

En un mundo urbanizado, el futuro de eso que llamamos España vacía no va a depender de los señoritos, sino del mantenimiento de los caminos que permiten el disfrute y uso compartido del territorio, y la calidad de vida en las ciudades tampoco va a depender de las vallas y los guardas de seguridad, sino de la facilidad para pasear, compartir espacios comunes, encontrarnos con nuestros vecinos, disfrutar del paisaje y del aire libre. 

La actitud de los municipios castellanomanchegos contrasta con la mayoritaria en otras latitudes. En Holanda, Inglaterra, Suecia, o en el norte de España, por ejemplo, no solo se defienden los caminos, sino que sería impensable que un particular impidiera el paso de un caminante por una finca sin que existiera un motivo muy justificado. 

Pero me dirán que esto son otras culturas, así que hablemos territorios culturalmente más cercanos. El Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, subvenciona una asociación que tiene como objetivo la recuperación y defensa de los caminos públicos, lleva unas tenazas en su logotipo y un nombre que los dice todo: A desalambrar.

En Baleares, paraíso de la propiedad privada y donde los conflictos por el uso del espacio siempre están presentes, hace tiempo que son conscientes de que el turismo de calidad, además de playas, monumentos, vida nocturna y urbanizaciones, necesita caminos y espacios libres abiertos, así que aprobaron una ley autonómica para regular, no solo los caminos públicos sino también las rutas senderistas que pueden atravesar fincas privadas. 

En fin, son otros mundos. Aquí, de momento, no pedimos leyes novedosas ni subvenciones. Nos conformamos con que se apliquen las leyes vigentes, se impida el cierre de los caminos públicos existentes, y se abran los que se han ocupado de forma fraudulenta. No es mucho pedir.