Posible tramitación conjunta de la Renta Garantizada y los procedimientos de emergencia
El nuevo pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha después del Debate sobre el Estado de la Región, en el que se escenificó la ruptura del pacto de investidura entre PSOE y Podemos en esta comunidad autónoma, ha servido para dar otro giro a los acontecimientos. La formación morada ha decidido aplazar la propuesta de la proposición de Ley sobre procedimientos de emergencia ciudadana, debido a la posibilidad de que pueda tramitarse junto con la demandada Renta Garantizada, que actualmente negocian con el Gobierno regional.
El diputado y secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha justificado esa decisión en el hecho de que se pueda estudiar con el Gobierno regional la implementación de las medidas contempladas en la proposición de ley, junto con la Renta Garantizada. Afirma que después de que en los últimos días varios miembros del Gobierno castellano-manchego hayan mostrado su “intención verdadera y decidida” de apostar por esta renta, Podemos ha propuesto al Gobierno articularla con la futura Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana.
Considera que ambas iniciativas deben “ir de la mano” porque “pueden acabar solapándose en ayudas y situaciones” que se contemplan en ellas. Según ha dicho, la Junta y Podemos van a sentarse a negociar ambas medidas, después de que la Administración regional diera una respuesta “positiva” a la propuesta. Así, la toma en consideración se ha aplazado con una “perspectiva de tramitación parlamentaria conjunta de renta garantizada y ley de procedimientos y que tengan su traducción y reflejo fiel y debido en la próxima ley de presupuestos, que supongo que en algún momento tendremos que abordar”.
Concretamente, la proposición de Ley del Grupo Parlamentario de Podemos, segundo punto del orden del día, se refería a la regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración castellano-manchega. Este partido explica en la exposición de motivos que la coyuntura actual ha ocasionado que personas, familias y colectivos estén viviendo “situaciones de dificultad para hacer frente a necesidades vitales básicas y esenciales, encontrándose en situación de vulnerabilidad social, en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo”.
Por eso rechazaba que determinados procedimientos administrativos se demoren en su tramitación, independientemente de que la causa sea la falta de personal administrativo, la insuficiencia de recursos presupuestarios o simplemente la ralentización de la tramitación de los expedientes por defectos de forma.
Pedía así que el Gobierno regional actúe para procurar que se garantice la efectividad de la prestación de los servicios públicos, mediante una “garantía de mínimos” que venga determinada con la declaración como “Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC)” de aquellos que se refieran a la supervivencia de las personas en condiciones de dignidad. Estos últimos deberán estar sujetos, agrega Podemos, a especificidades en materia de prioridad presupuestaria y de tesorería, de urgencia de plazos, y de especial dotación de recursos humanos y materiales para su tramitación.
¿Qué se incluiría en emergencia ciudadana?
En el anexo de la propuesta se incluyen así los conceptos que tendrán la consideración de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. En Servicios Sociales se incluyen las Ayudas de Emergencia Social; las resoluciones de concesión y abono del Ingreso Mínimo de solidaridad; las ayudas por viudedad, las prestaciones a favor de menores, mayores, personas con discapacidad y dependientes; y las subvenciones para la Participación en Programas de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales. ™
En el área de Dependencia y Discapacidad, se incluye como PEC el reconocimiento de la situación de dependencia; la solicitud de revisión en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD); el reconocimiento y calificación del grado de discapacidad; o las prestaciones economías derivadas de ambas, entre otras cuestiones. Podemos pide también la inclusión en emergencia ciudadana de otras ayudas como las relacionadas con estancias temporales, familias numerosas, igualdad, inmigrantes, becas de escolarización, gastos farmacéuticos y empleo.
Desde el Gobierno regional se han adoptado parte de estas demandas desde el inicio de la legislatura, aunque no en su totalidad. Los tiempos de los pagos de las Ayudas de Emergencia Social y del Ingreso Mínimo de Solidaridad se han reducido a la mitad. También se han simplificado algunos procedimientos administrativos para agilizar los trámites en áreas como Dependencia, Discapacidad o Menores.
