Castilla y León registra 327 aves heridas o muertas por electrocución en cuatro años
Castilla y León registró 327 aves heridas o muertas por electrocución en cuatro años, según la respuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente al senador de Compromís José Miguel Mulet. Según los datos que contabiliza la Junta de Castilla y León, entre 2012 y 2016 se registraron 187 ejemplares en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid procedentes de Salamanca, Ávila, Segovia, León, Zamora y Valladolid. En el centro homólogo burgalés se contabilizaron 140 ejemplares de Soria, Palencia y Burgos.
Las aves más afectadas por la electrocución son el busardo ratonero (60 heridos o muertos, la Junta no lo aclara), el buitre leonado (44), el milano real (37), la cigüeña blanca (25), el cernícalo vulgar (22) y el garduña (20).
Según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de 2017 elaborado por María Ángeles Soria (DG de Medio Natural) y Francisco Guil Celada (Tragsatec), los tendidos eléctricos causan la muerte de al menos 33.000 aves rapaces al año; lo que genera un coste económico de alrededor de 141 millones de euros, informa Compromís a través de un comunicado.
Sin embargo, se estima que la mortalidad detectada por electrocución en tendidos eléctricos solo corresponde al 15% de la real, puesto que muchas muertes no son contabilizadas por la falta de de muestreos, la acción de carnívoros o el factor humano, que hace desaparecer los cadáveres. Además, el Minisrerio solo analiza la mortalidad de las rapaces sin tener en cuenta otros grupo de aves y no cuenta con datos de todas las comunidades autónomas.
La electrocución es la principal causa de muerte no natural a la que se enfrentan algunas de nuestras especies de aves más amenazadas como el águila imperial ibérica, el milano real o el águila perdicera, entre otras muchas especies de aves rapaces y no rapaces que también se ven afectadas.
El propio Guill eleva las posibles muertes a una cifra incluso mucho mayor. “Hay expertos que calculan tasas cuatro veces superiores a las nuestras”, admite. Su trabajo emplea una tasa de desaparición mensual del 9,4% de los cadáveres. “Con otra tasa de desaparición más o menos extendida, de un 15%, la estimación subiría a 77.906 rapaces” electrocutadas cada año, advierte el ingeniero de montes.
Guil pone el foco además en un problema oculto: el de los tendidos eléctricos privados en grandes fincas de terratenientes, en regiones como Castilla-La Mancha y Andalucía. “Como estos tendidos de particulares son desconocidos hasta para las administraciones responsables —las consejerías de Industria de las comunidades autónomas—, la información no llega a las administraciones ambientales y no aparecen en los listados de líneas peligrosas”, señala. Su estudio apenas maneja datos de estos postes privados, que constituyen aproximadamente el 5% del sistema eléctrico, según sus cálculos.
El biólogo Miguel Ferrer cree que la cifra de 33.000 rapaces electrocutadas calculada por los técnicos del Ministerio es “mágica”. La distribución de muertes en tendidos eléctricos, explica, es extremadamente sesgada: “La inmensa mayoría de los postes no causan electrocuciones y la inmensa mayoría de las electrocuciones se producen en los mismos postes”. Por lo tanto, advierte, el error acumulado al extrapolar los datos reales podría desvirtuar cualquier estimación.
Los autores del informe, los ingenieros de montes María Ángeles Soria y Francisco Guil, sostienen que su trabajo solo “tiene por objeto obtener las primeras cifras aproximativas de la mortalidad de las aves rapaces por electrocución en tendidos eléctricos en el conjunto de España basadas en datos objetivos”. Su estudio no incluye datos de País Vasco, Navarra, Extremadura, Baleares, Canarias y Madrid, puesto que estas regiones no aportaron información a tiempo. La comunidad madrileña, además de por su falta de colaboración, destaca por ser una de las regiones con incidencia “muy alta” de electrocuciones, como Toledo y Jaén, según estudios previos a partir de rapaces anilladas.
Sin embargo, la Fundación de Amigos del Águila Imperial en su estudio reciente en colaboración con la Fundación Banco Santander 'Manual de desarrollo sostenible: amenazas en tendidos eléctricos para el águila imperial ibérica' calcula entre 192.000 y 337.000 aves muertas en España cada año como consecuencia de la electrocución; cifras éstas mucho más abultadas que las que maneja el MITECO.
Por ello, Compromís considera que es “prioritario” avanzar en el estudio de las electrocuciones para fijar “mucho más claramente” cuál es la incidencia real después de esa primera valoración que hicieron Soria y Guil hace ya tres años para incluir datos contrastados con todas las Comunidades Autónomas y especialmente que se basen en entradas de animales en los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de cada provincia española.
En España hay cerca de 8 millones de postes eléctricos, contando sólo los que pertenecen a empresas distribuidoras eléctricas. A esta cifra habría que añadir los más de 250.000 centros de transformación que se integran en la red de distribución de energía eléctrica y los centros de transformación de empresas y particulares que no son empresas distribuidoras.
“Creemos que el Miteco, en colaboración con el Ministerio de Industria y con las aproximadamente 300 empresas distribuidoras registradas en España deben fijar claramente cuántos son los postes existentes y catalogarlos por nivel de peligrosidad y necesidad y urgencia de corrección”, solicita Compromís.
La formación también solicita ampliar un cuarto nivel de protección además de las tres tipologías de zonas declarada y que los operadores económicos deban aplicar medidas de prevención de los daños ambientales y aplicar el principio 'quien contamina paga' y no el de 'quien contamina cobra subvenciones'.