El BOCyL publicará este martes la convocatoria de ayudas al alquiler de Castilla y León para el 2025 con un montante inicial de 27,5 millones de euros, 8 millones más que el año pasado, que la Junta estima que llegarán a 23.000 beneficiarios de unos 35.000 solicitantes, con una subvención media de 2.500 euros.
El martes, además, el Bocyl también publicará las ayudas para mejorar la accesibilidad en las viviendas, según ha informado en una rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones..
Respecto a las ayudas al alquiler, ha trasladado que están partidas pueden ampliarse porque se concederán a todo aquel que las solicite y ha recordado que en años anteriores, aunque los fondos rondaran los 20 millones de euros, se llegó a los 48,97 millones en sucesivas ampliaciones.
Con esta posibilidad de que crezan las partidas, Quiñones ha augurado que el próximo años se alcanzarán los 50 o los 55 millones de euros de una ayudas que se convoca en concurrencia competitiva pero que “es universal”, lo que le ha llevado a destacar esta “característica especial” de Castilla y León “que llega a todos” y ha apuntado a que “no hay ninguna comunidad autónoma no foral que tenga unas ayudas similares”.
Estas ayudas se subdividen en subvenciones ordinarias y para personas en situación de vulnerabilidad.
Para acceder a las primeras es necesario contar con unos ingresos de entre 4.200 y 25.200 euros anuales en el hogar, para contratos de hasta 550 para las capitales de provincia y 500 euros para el resto de municipios, y se elimina el tramo de 450 euros, lo que en la práctica supone “una mejora” de las ayudas.
En el caso de familias numerosas, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, los alquileres que se bonifican puede estar entre los 600 y los 800 euros, mientras que para el arrendamiento de habitaciones la cifra oscila entre los 175 y los 200 euros, si se ubican en el medio rural o el urbano, respectivamente.
Requisitos
Los interesados podrán solicitar entre el 30 de diciembre y el 31 de enero estas subvenciones, que tienen como requisitos ser titular del contrato de arrendamiento, que se pague por transferencia bancaria (domiciliación o transferencia), que sea residencia habitual, tener nacionalidad española, de la Unión Europea y si son de terceros países, necesitan de una autorización de estancia o residencia legal en España.
No podrán acceder a estas ayudas las personas que tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que hayan sido objeto de revocación de algunas ayudas del Plan Estatal de Vivienda o arrendatarios que tengan parentesco, primero o segundo grado, responsabilidad o afinidad con sus caseros o si es socio de la propietaria de la vivienda.
“La cantidad de la ayuda es del 50 por ciento de la renta, salvo para los jóvenes de hasta 35 años, que el importe es del 60 por ciento y en el medio rural el beneficio que llega al 75 por ciento de la renta”, ha asegurado, antes de señalar que las personas situación de vulnerabilidad sobrevenida también tienen derecho al 75 por ciento.
El plazo de resolución es de seis meses, hasta julio de 2026, y la subvención se destinará al beneficiario, mientras que las subvenciones para personas en situación de especial vulnerabilidad se gestionarán a través las organizaciones del Tercer Sector.
Quiñones ha afirmado que en ocasiones anteriores estos fondos se han destinado a Cruz Roja Española, Cáritas Castilla y León, la Fundación Intras, a la Fundación Personas y a la Fundación Juntos por una Sonrisa, por un valor de 4,84 millones de euros que han recibido 1.273 personas en el año 2024.
Accesibilidad
En referencia a las ayudas a la accesibilidad que también se publican mañana en el Bocyl, se han dispuesto más de 2 millones de euros distribuidos en función de la población de cada provincia, de los que el 25 por ciento se reservan para viviendas ubicadas en municipios rurales, en los que se subvenciona la mitad de la actuación con un límite de 6.000 euros cuando es una comunidad o 3.000 euros cuando lo solicita un único propietario.
Entre los años 2022 (cuando se pusieron en marcha estas ayudas) y 2025, se han acometido obras de mejora de la accesibilidad (ya sea con la instalación de rampas, ascensores) en 968 viviendas de la Comunidad, según ha apostillado el consejero.