El exvicepresidente de la Junta y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha considerado este viernes que, dada su inacción ante las denuncias por posibles irregularidades del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sería mejor acabar con la Comisión de Ética Pública de la Junta. En declaraciones a EFE, Igea ha sostenido que “no tiene sentido tener un Comité de Ética que no sabe distinguir entre lo que es éticamente reprobable y lo que es punible penalmente”.
Con estas palabras, Igea se refiere a la forma en que entiende que la Comisión de Ética Pública de la Comunidad ha dilatado los plazos para abordar el fondo de la cuestión sobre Suárez-Quiñones, al pedir información a la Fiscalía Anticorrupción sobre las denuncias que ha presentado un grupo de organizaciones ecologistas al entender que el consejero favoreció a una empresa que había contratado a uno de sus hijos.
Fue el pasado 15 de octubre, un día antes de que se cumpliera el plazo máximo para tener una primera reunión, cuando la Comisión de Ética Pública se reunió para analizar las denuncias formuladas por Igea el 17 de septiembre y optó por pedir la “documentación necesaria” para “seguir avanzando en ese expediente”, en palabras del consejero de la Presidencia e integrante de esa Comisión de Ética, Luis Miguel González Gago, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer.
El consejero no detalló que esa petición de documentación se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, lo que figura en el acta de la Comisión de Ética pública consultada por EFE, en la que aparece que esa demanda de información tiene la intención de saber si los hechos que pide analizar Igea son los mismos que los denunciados por Ecologistas en Acción contra Suárez-Quiñones.
La Comisión de Ética no se ha puesto en contacto con el consejero de Medio Ambiente para recabar información al respecto, según explicó Suárez-Quiñones al término de su comparecencia tras el Consejo, mientras que preguntado por estas cuestiones en la rueda de prensa dijo escuetamente que se trata de un “tema ya hablado”, en referencia a que él defiende la limpieza de su actuación.
En el acta de la reunión del pasado 15 de octubre figura que ahora los plazos para su reunión se dan por interrumpidos, hasta que la Fiscalía responda a su demanda de información, por lo que esta circunstancia puede demorar que la Comisión de Ética pueda entrar en el fondo de la cuestión, como es determinar si Suárez-Quiñones incurrió en conflicto de intereses.