La Comisión de Ética Pública de la Junta de Castilla y León “aparca” su resolución sobre el consejero Súarez-Quiñones

La Comisión de Ética Pública de la Junta de Castilla y León ha suspendido el plazo para resolver el expediente que se ha abierto sobre la actuación del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones que, tal y como publicó elDiario.es en exclusiva el pasado 30 de julio firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figura como directivo su hijo. Una semana después, el 6 de agosto, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. Tras una reunión de 45 minutos que se celebró casi superando el plazo legal de un mes el pasado 15 de octubre, la comisión aparca la decisión a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción aporte información sobre la denuncia que grupos ecologistas anunciaron días después.

Fue el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea quien el pasado 17 de septiembre planteó el posible incumplimiento del Código Ético en lo previsto en sus apartados tercero y cuarto por parte Suárez-Quiñones. En concreto, se refería a la autorización del macroverterdero así como la autorización de la reforma de una cabaña destinada a vivienda en un parque natural, propiedad ambas de sociedades cuyo accionista mayoritario ha dado empleo a su hijo.

“Se ha tenido conocimiento de la publicación en diversos medios de comunicación del 18 y 19 de septiembre de 2025, de que varias plataformas ecologistas habrían presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León”, dice el acta de la comisión. Así “ante las noticias publicadas”, el 30 de septiembre “se solicitó información a la citada Fiscalía, dada la posible coincidencia de hechos, sujeto y fundamento respecto al escrito presentado” por Igea.

El objeto de la citada comunicación, dice el acta “era la realización de las actuaciones mínimas necesarias para poder facilitar a la Comisión de Ética Pública la información oportuna a fin de que pueda, acordar lo que proceda”. Sin embargo “dado que no se ha recibido aún la información solicitada” acuerda por unanimidad “no continuar con la realización de más actuaciones hasta la recepción de la información solicitada” y “en consecuencia, acordar la suspensión del plazo desde el día en que se solicitó el informe hasta la fecha de su recepción”.