La Junta de Castilla y León lleva cinco años sin convocar el Consejo de Inmigración, cuando el PP pactó por primera vez con Vox
La última vez que la Junta de Castilla y León convocó al Consejo de Coordinación de la Inmigración —que también se convocaba en el Consejo de Políticas Demográficas— fue en 2021. El PP todavía gobernaba con Ciudadanos. Desde entonces han pasado dos años de coalición PP-Vox, dos años del Partido Popular en minoría y ahora, una nueva etapa de PP-Vox, aunque esta vez el partido de extrema derecha será el que aborde la política en el ámbito migratorio. Es decir, el Ejecutivo autonómico lleva cinco años sin convocar el 'Consejo de Inmigración' y sin planes plurianuales de atención a la integración de estas personas.
En 2013 —durante el mandato del 'popular' Juan Vicente Herrera— se aprobó la Ley de integración de los inmigrantes, que pretendía —entre otros aspectos— impulsar la integración social, económica, laboral y cultural de estas personas a través de planes estratégicos plurianuales. Estos debían establecer el marco, los programas, las directrices, los mecanismos de evaluación y las líneas de actuación para la consecución de la plena integración económica, social y cultural de los inmigrantes.
El último Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural de Castilla y León abordó el periodo entre 2018 y 2021. Desde entonces, según la Junta de Castilla y León, este cuarto plan sigue “vigente”. Sin embargo, no se ha vuelto a convocar ninguna reunión de seguimiento y balance de la situación, según confirman sindicatos y asociaciones a elDiario.es. Estos planes plurianuales debían ser evaluados anualmente, según la normativa vigente.
Un plan que permitía hacer balance
Las asociaciones y los sindicatos consultados por este periódico no han apreciado hasta ahora cambios en la política migratoria de la Junta de Castilla y León, aunque sí reconocen que este órgano colegiado —que no suponía ningún coste— permitía tener una visión de conjunto y unas directrices compartidas sobre esta cuestión. Además, en la etapa de Ciudadanos, se habían creado grupos de trabajo que habían permitido dotar de más continuidad a estas políticas.
El Plan Estratégico de Cohesión Social no estaba dotado de una partida económica —pese a las solicitudes de algunas entidades—, por lo que apenas ha tenido repercusión práctica. Algunas de estas políticas de integración se articulan a través del Diálogo Social, dependiente principalmente de la Consejería de Empleo, dependiente del PP.
Ahora mismo, las organizaciones no gubernamentales están pendientes de cómo evolucionen estas políticas ahora que dependen de la Consejería de Ayudas Sociales, en manos de Vox. Hace unos días, el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, anunció que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares.
Reivindicaciones sindicales
Comisiones Obreras ha pedido en varias ocasiones que se elabore el V Plan autonómico para que dé “coherencia, sentido y financiación suficiente a las políticas en materia de inmigración” y que se mejore la financiación de la Red de Atención a Personas (Rapicyl) para que los profesionales cualificados tengan “medios técnicos e infraestructuras suficientes”. También proponía crear centros de información y acogida que “faciliten una rápida adaptación a la administración, cultura y sociedad” y dotar a los centros educativos para apoyar la integración del alumnado extranjero, entre otras medidas que debían atenderse especialmente en el medio rural.
UGT defiende también la importancia de este tipo de instrumentos y destaca la importancia de desarrollar una política de integración social y laboral, especialmente en una comunidad como Castilla y León, de donde muchos jóvenes “se marchan por falta de oportunidades”.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que antes dirigía Familia y Servicios Sociales, pero no ha recibido respuesta por parte de su área.