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La Junta de Castilla y León mantiene su negativa a dar los datos de fallecidos en residencias privadas y culpa ahora a Protección de Datos y a Pablo Iglesias

La consejera de Familia de Castilla y León, en una imagen de archivo, durante una sesión plenaria.

Alba Camazón

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La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, mantiene su negativa a dar los datos de fallecidos en residencias privadas y culpa ahora a Protección de Datos y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

“La Agencia Española de Protección de Datos nos ha dicho que no podemos facilitar esos datos sin la autorización de los centros. El ministerio de Iglesias nos dice que coinciden con el criterio de nuestros servicios jurídicos”, ha subrayado Blanco durante el pleno de este martes, celebrado en las Cortes de Castilla y León. Según ha explicado, esta información se puede dar de forma agrupada, pero no individualizada por centro salvo autorización expresa.

Así ha respondido Isabel Blanco ante la pregunta de la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, quien se ha interesado por la resolución del Comisionado de Transparencia, que considera que los datos de fallecidos por COVID-19 en residencias privadas son de “especial y elevado interés público”.

La consejera de Familia ha insistido en no hacer públicos los datos de fallecidos en residencias privadas en contra del criterio de Transparencia y ha destacado que estos datos sí se han facilitado a la Fiscalía, a los CECOPIS (Centro de Coordinación Operativo Integrado de CCAA) y al Comisionado de Transparencia, que solicitó los datos antes de emitir su resolución, de obligado cumplimiento. “Hemos dicho siempre lo mismo. nos retrotraeremos, pediremos audiencia y decidiremos”, ha remachado.

La procuradora socialista ha acusado a la Consejería de Familia de “ocultar” estos datos y de ser unos “trileros”. “Necesitamos saber lo que ha pasado en las residencias privadas. Ustedes han ocultado datos frente a esa cacareada transparencia de la que hablan”, ha reprochado. Gómez Urbán ha insinuado que Familia tiene un “interés” para no dar estos datos como “tapar que su modelo de residencias ha hecho aguas” o “para proteger el negocio”. “Que no nos sorprenda la respuesta no significa que no sea aberrante e indecente”, ha recriminado este martes.

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