El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha reconocido este jueves que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 no incluye ninguna partida específica para afrontar eventuales multas o indemnizaciones derivadas de una posible condena en el caso conocido como la trama eólica.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha explicado que el Ejecutivo autonómico no ha previsto fondos en concepto de contingencia ante una hipotética responsabilidad civil subsidiaria de la Junta. “No se ha reservado cantidad alguna para eventuales indemnizaciones”, ha apuntado el portavoz.
La trama eólica, que se está juzgando hasta enero en la Audiencia Provincial de Valladolid, investiga una supuesta red de corrupción vinculada a la concesión de autorizaciones para parques eólicos en Castilla y León entre los años 2000 y 2010. En la causa figuran exaltos cargos del Gobierno autonómico —entre ellos el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado— y varios empresarios que, según los testimonios de la vista, habrían sido obligados a asociarse con compañías locales para obtener las licencias necesarias.
La propia Junta de Castilla y León figura como parte imputada y se podría verse obligada, en caso de condena y declaración de responsabilidad subsidiaria, a responder económicamente con fondos públicos.
Durante la comparecencia, Carriedo ha apuntado que desde el Ejecutivo autonómico mantiene el “respeto absoluto” del Ejecutivo a las decisiones de los tribunales. “Estamos muy acostumbrados últimamente en España a que gobiernos y partidos critican a los jueces o valoran sus decisiones de forma muy crítica. Nosotros estamos en otra situación muy distinta: la del respeto, la consideración y la confianza en el papel que tiene la Justicia”, ha defendido.
El portavoz ha reiterado en que “será la Justicia la que actúe” y que la Junta “no emite juicios de valor” sobre procesos abiertos. “Nuestra función como administración es respetar esas decisiones. La justicia está trabajando y actuará”, reiteró.
Carriedo ha expuesto esto después de que en el pleno en las Cortes de Castilla y León dl pasado 23 de septiembre el procurador de Vox Carlos Menéndez le preguntase por el posible impacto presupuestario de las sanciones solicitadas por las acusaciones en este caso, que podrían alcanzar hasta 850 millones de euros. Menéndez criticó en ese momento que la Junta no hubiera contemplado un fondo de contingencia ante esa eventualidad, recordando que el Ejecutivo podría ser declarado responsable civil subsidiario si se demostrara que actuó o permitió actuaciones irregulares.