El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha condenado al Gobierno de PP y Vox presidido por Alfonso Fernández Mañueco por retirar las subvenciones a CCOO ilegalmente. Según ha informado a través de una rueda de prensa el secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, el TSJ ha declarado ilegal la supresión que ejecutó la Consejería de Empleo —que antes dirigía Vox— de la subvención vinculada a su representatividad sindical, que era de 1,23 millones de euros más la actualización anual correspondiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) como establece la Ley de Diálogo Social.
“No hace falta que esté en los Presupuestos Generales de la Comunidad porque esas partidas nos corresponden por ley porque están en la Ley. La jugada de Vox en 2023 era aprobar unos Presupuestos donde no se recogía esa participación institucional. Y nos niegan el derecho que es nuestro aduciendo que no estaba en los Presupuestos”, ha protestado Andrés, quien ha aclarado que ha condenado en costas a la Junta de Castilla y León y la obliga a devolverles el dinero.
“La falta de previsión de una partida específicamente considerada en los Presupuestos Generales no puede ser un obstáculo para que se reconozca el derecho a la subvención nominativa”, suscribe el TSJ en la sentencia, que ha sido enviada después de la rueda de prensa. El Alto Tribunal también reconoce que después de que esta subvención se hubiera establecido en la Ley de Diálogo Social y se hubiera pagado en años anteriores se había generado “una expectativa económica” por parte de CCOO.
El TSJ asegura que no había ningún “impedimento normativo” que hubiera impedido a la Junta de Castilla y León modificar el importe de la subvención, aunque habría sido necesario “motivar o exponer las necesidades” de ese cambio, algo que no hizo el equipo de Mariano Veganzones, que fue cesado por Mañueco tras negarse a dimitir de su cargo cuando Vox abandonó los gobiernos autonómicos con el Partido Popular, y que después dejó el partido de Santiago Abascal. “No consta ninguna razón o justificación que abogue por reducir o por limitar el montante económico”, insiste el Alto Tribunal.
El líder de CCOO ha reconocido que esta reducción de las subvenciones obligó a hacer “un ajuste de la plantilla” porque se les habían retirado “parte” de sus derechos. “García-Gallardo y Veganzones tendrían que pedir perdón y pagar las costas del juicio. Hicieron una ilegalidad sabiendo que incumplían una ley”, ha suscrito Vicente Andrés en alusión al entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León y al exconsejero de Empleo, ambos de Vox.
Vicente Andrés ha recordado cómo “sentencia tras sentencia” se demuestra que Vox entró en el gobierno autonómico “sin ningún tipo de intención de gobernar para la ciudadanía” sino con el objetivo de ir contra las organizaciones sindicales, las mujeres, las personas migrantes y las personas cuyos pensamientos son distintos del suyo.
Andrés también ha recordado que el modelo sindical español afecta al conjunto de la sociedad y ha destacado cómo el Partido Popular de Juan Vicente Herrera “dejaba espacio para cogobernar las políticas sociales” que supusieron que Castilla y León tuviera la primera Ley de Dependencia en España, un modelo de ERTES en la crisis financiera de 2010 que el Gobierno ha aplicado ante los efectos de la pandemia o la Renta Garantizada de Ciudadanía, que existía varios años antes de que el Gobierno de España implantara el Ingreso Mínimo Vital. “Había este compromiso hasta que vinieron estos hombres, pocas mujeres, por cierto, a destrozar prácticamente todo lo que habíamos construido y pusieron en marcha el conflicto”, ha subrayado.
El líder de CCOO ha destacado que su organización sindical se ha mantenido “firme” ante las políticas de la extrema derecha ni ha escuchado sus “cantos de sirena”. “No hemos sucumbido a las subvenciones falsas y a dinero que venía condicionado a nuestra libertad”, ha apuntado Andrés en alusión a UGT, que aceptó una subvención directa que suponía el 60% de lo que le correspondía después de denunciar en Fiscalía que se la habían ofrecido porque estaba fuera de la legalidad.
Vicente Andrés se ha referido también a otras victorias judiciales que ha obtenido el sindicato contra las medidas iniciadas por Vox, como la anulación del calendario laboral de 2023, que la Justicia declaró nulo porque Veganzones se había “pasado por el forro” el procedimiento y no había realizado las consultas previas, y ha recordado cómo la Justicia consideró “ofensivas e innecesarias” las acusaciones formuladas por Veganzones contra los sindicatos, aunque en esta ocasión el TSJ no vio infracción penal. También en 2023, el Consejo Económico y Social de Castilla y León tuvo que desmentir al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que acusó a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad.