PP y Vox tumban la iniciativa del PSOE para reforzar la protección de la vivienda pública en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles, con los votos de PP y Vox, la Proposición No de Ley del PSOE para reforzar la protección de la vivienda pública y protegida y evitar que promociones financiadas con recursos públicos puedan acabar en manos de fondos de inversión. La iniciativa ha contado con el respaldo de Soria Ya y UPL, mientras que Por Ávila se ha abstenido.

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha defendido la propuesta con el objetivo de que “ni una vivienda más que se haya hecho con el dinero de todos los castellanos y leoneses pueda salir al mercado” y ha reclamado que las viviendas públicas mantengan su finalidad social durante toda su vida útil.

Martínez ha asegurado que el parque público autonómico ha pasado de 9.644 viviendas en 2019 a 5.352 en 2025, una reducción del 45% que ha atribuido a la política de vivienda de la Junta desde la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia.

El socialista ha acusado al PP de haber permitido que viviendas protegidas terminasen siendo objeto de compraventa y negocio privado y ha puesto como ejemplo la promoción de Villa del Prado, en Valladolid, a la que se ha referido como “Villa Gaviota”.

El también secretario general del PSOE ha reltado el caso de un vecino de Valladolid que vive en una promoción de 210 viviendas sociales gestionadas por un fondo privado al que, según Martínez, este le han subido 100 euros el alquiler mientras la Junta “mira para otro lado”. Según lo que ha relatado , el fondo estaría obteniendo hasta 250.000 euros al año por esta vía.

“¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Ejerzan sus competencias y hagan sus labores de control para que no sean siempre los paganos, los pobres vecinos y vecinas que en este caso están sobrepagando un coste que no les corresponde”, ha exigido.

La iniciativa socialista planteaba mantener en el patrimonio público las viviendas de titularidad de la Comunidad y sus entidades dependientes, impedir su transmisión a fondos o vehículos de inversión inmobiliaria y garantizar que las promociones de alquiler protegido o asequible construidas sobre suelo público o con financiación pública mantengan su finalidad social.

También proponía reforzar el régimen de protección de las VPO, restringir las posibilidades de descalificación y ampliar los instrumentos de control sobre sus transmisiones, incluidos los derechos de tanteo y retracto y las autorizaciones administrativas previas cuando fueran legalmente posibles.

La propuesta incluía además la creación de un sistema de seguimiento de las viviendas públicas y protegidas que permitiera conocer su titularidad, régimen de protección, destino y las transmisiones, cesiones o descalificaciones autorizadas.

El PSOE denuncia el papel de los fondos de inversión

Martínez ha aprovechado el debate para denunciar también la situación de un bloque de viviendas sociales en Valladolid que, según ha expuesto, está gestionado por un fondo al que los residentes estarían pagando cantidades superiores a los cánones establecidos por la Administración.

El portavoz socialista ha hablado de unas 210 viviendas y ha asegurado que los afectados estarían pagando alrededor de 100 euros mensuales por encima de lo que correspondería.

Martínez ha reclamado a la Junta que ejerza sus competencias de control y ha advertido de que algunos propietarios podrían acudir a los tribunales.

El socialista ha defendido que el problema no se limita a una promoción concreta y ha reclamado impedir que los fondos de inversión puedan convertir en negocio un parque de viviendas cuya construcción o protección ha contado con recursos públicos.

Soria Ya y UPL apoyan la iniciativa

La propuesta ha recibido el respaldo de los procuradores del Grupo Mixto. El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha considerado lógico que una vivienda cuya promoción haya contado con suelo público, financiación o ayudas mantenga su finalidad social.

“No es razonable que el esfuerzo público acabe convirtiéndose en plusvalía privada”, ha defendido Ceña, que ha advertido al mismo tiempo de que la vivienda se está utilizando como arma política en lugar de abordarse mediante un acuerdo amplio.

El procurador soriano ha reclamado un Pacto de Estado sobre vivienda y ha pedido que se tenga en cuenta la situación específica de los municipios rurales, especialmente en provincias como Soria.

Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha anunciado también el voto favorable y ha reclamado tanto al Gobierno autonómico como al central que asuman su responsabilidad en una materia que, a su juicio, debe abordarse de forma compartida.

Santos ha defendido mantener la protección de las viviendas durante toda la vida útil del inmueble y ha reclamado mayores controles para evitar que las viviendas protegidas terminen siendo objeto de especulación.

El PP acusa al PSOE de crear un “falso silogismo” con las VPO

El viceportavoz del PP, José Luis Sanz Merino, ha acusado al PSOE de partir de un “falso silogismo” al presentar la vivienda protegida como el principal problema del acceso a la vivienda. El procurador ha defendido que las viviendas protegidas ya cuentan con un régimen de garantías y ha sostenido que el problema fundamental es la falta de vivienda, tanto protegida como libre.

El representante 'popular' ha reivindicado la política de la Junta, que, según ha señalado, ha incrementado un 80% la inversión en vivienda y prevé promover al menos 5.000 viviendas protegidas durante esta legislatura. Ha detallado que actualmente hay 1.260 viviendas en construcción y otras 1.372 en programación mediante diferentes instrumentos de planificación. “El dato mata al relato”, ha afirmado.

Sanz Merino ha criticado además las políticas estatales de vivienda y ha reclamado al PSOE explicaciones sobre las 183.000 viviendas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz 'popular' ha avanzado que la Junta prevé modificar el artículo 50 de la Ley 9/2010 a través de la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de 2027 para reforzar el régimen de protección de las viviendas.

Vox critica a Martínez por llevar “su relato de pancarta” a las Cortes

Desde Vox, María Dolores Mateo ha acusado al PSOE de convertir la especulación en un “villano ficticio para justificar decretazos que arruinan a los españoles” y de llevar “su relato de pancarta” a las Cortes. La procuradora ha explicado que el principal problema es el desequilibrio entre oferta y demanda.

Mateo ha criticado las medidas de mayor control sobre las viviendas protegidas y ha defendido la propiedad privada. En su intervención ha vinculado además el acceso a la vivienda con la inmigración y ha reclamado aplicar el principio de “prioridad nacional” en las políticas públicas.

Martínez replica que la vivienda es competencia autonómica

En su turno final, Carlos Martínez ha insistido en que la vivienda es una competencia exclusiva de Castilla y León y ha reprochado a la Junta que eliminara la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. El portavoz socialista ha sostenido que hace cuatro décadas 71 de cada 100 viviendas que se construían en Castilla y León tenían algún tipo de protección, mientras que actualmente, según sus datos, esa proporción se ha reducido a una de cada 100.

Martínez ha respondido también a las cifras aportadas por el PP sobre las viviendas actualmente en construcción y ha asegurado que el 50% de la financiación de esas 1.260 viviendas procede del Ministerio de Vivienda a través de fondos europeos. La iniciativa ha quedado finalmente rechazada por la mayoría formada por PP y Vox, mientras Soria Ya y UPL han votado a favor y Por Ávila se ha abstenido.