PP y Vox mantienen su política de vivienda en Castilla y León y piden frenar el Decreto del Gobierno que prima zonas tensionadas

La vivienda ha protagonizado la sesión de las Cortes de Castilla y León de este miércoles, con una moción socialista rechazada por PP y Vox y una Proposición No de Ley impulsada por el PP para pedir al Gobierno de España que frene la tramitación del proyecto de Real Decreto que pretende regular las subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado este miércoles una moción en materia de vivienda planteada por el PSOE ante las Cortes de Castilla y León, donde los socialistas han denunciado la “inexistencia” de políticas de acceso a la vivienda, mientras que los partidos de la coalición de gobierno han defendido sus medidas en esta materia.

Ha sido la procuradora socialista Ana Casado quien ha defendido la moción ante el pleno de las Cortes, donde ha acusado a la Junta de carecer de una política propia de vivienda, de permitir al Ayuntamiento de Valladolid limitar el acceso a las viviendas públicas a víctimas de violencia de género y de mantener 16 años de “incumplimientos”.

El PSOE cree que PP y Vox “gestionan la inercia”

“Dejen de gestionar la inercia y empiecen a ejercer las competencias que tienen”, ha pedido Casado, quien ha lamentado que la Junta únicamente se limite a tramitar los fondos europeos y estatales que llegan para fomentar el acceso a la vivienda.

Le ha replicado la procuradora del PP María del Carmen Sánchez, quien ha considerado que el PSOE parte del “error de fondo” de pensar que la única solución a los problemas de acceso a la vivienda es la suya, cuando el modelo planteado por el Gobierno central genera “más dificultades de acceso y más tensión en el mercado”.

Sánchez ha asegurado que los fondos destinados por la Junta a esta materia han aumentado y la previsión es pasar de 6 millones de euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda a los 37,8 millones para actuaciones para promover vivienda pública en propiedad y en alquiler.

La procuradora del PSOE ha replicado que son 39 años gobernando con competencias exclusivas en materia de vivienda, sin que se observe una política propia: “¿Dónde está? Si no quieren la nuestra, desarrollen la suya”, ha planteado.

Sí han respaldado con su voto esta iniciativa los parlamentarios de la UPL, cuya procuradora Rosa María Quintanilla ha denunciado una “absoluta falta de planificación”, y el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, quien, sin embargo, ha acusado a PP y PSOE de no cumplir sus anuncios en materia de construcción de vivienda pública: “Si lo cumplieran no habría sitio en España para construirlas”, ha ironizado, convencido de que se necesitan “llaves en mano y menos anuncios”. Por su parte, el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, se ha abstenido en la votación y no ha intervenido en el debate.

En contra del Decreto del Gobierno

En la votación de la Proposición No de Ley, el PP ha sumado el apoyo de Vox, Por Ávila y Soria Ya, mientras que el PSOE ha votado en contra al considerar que la propuesta estaba “repleta de falsedades” y la UPL se ha abstenido.

En su exposición inicial, el exconsejero y actual portavoz adjunto el Grupo Popular, José Luis Sanz Merino, ha argumentado que la intervención de precios del alquiler que promueve la normativa estatal es perjudicial para el propio mercado de la vivienda y para el acceso de los ciudadanos a la compra o al alquiler.

El PP cree que “discrimina” a las comunidades no tensionadas

Además, ha señalado que el hecho de que el proyecto de Real Decreto prime a las autonomías que han declarado zonas tensionadas con la entrega de hasta 90 millones de euros “discrimina” a otras como Castilla y León, que no han utilizado esa herramienta prevista en la ley estatal, al considerarla errónea.

En este sentido, la iniciativa aprobada reclama que esos 90 millones se incorporen al Plan Estatal de Vivienda y sean repartidos entre todas las autonomías, no solo entre las que hayan declarado zonas tensionadas, lo que permitiría a Castilla y León acceder a unos 4,8 millones, según el cálculo realizado por Sanz Merino.

Le ha dado la réplica el procurador del PSOE Daniel de la Rosa, convencido de que no había “por dónde coger” la Proposición No de Ley del PP porque busca una “utilización partidista de las instituciones” para “confrontar con el Gobierno”, pese a que la decisión de no declarar zonas tensionadas ha sido tomada por la Junta.

El PSOE ve posibles zonas tensionadas

De la Rosa ha sostenido que la declaración de zonas tensionadas sí está funcionando allí donde se ha usado esta herramienta y ha añadido que, con los criterios existentes, la Junta podría hacerlo en ciudades como Salamanca, Burgos, Segovia, Valladolid, Soria, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ávila y León. “Ustedes y solo ustedes han impedido que Castilla y León pueda recibir casi 5 millones de euros”, ha zanjado el procurador socialista.

La vuelta de Veganzones

En el caso de Vox, el exconsejero y actual portavoz adjunto, Mariano Veganzones, ha tomado la palabra por primera vez tras su regreso al Parlamento y ha considerado que el debate de esta iniciativa tiene que ver con una “nueva fechoría de la cloaca socialista para pagar a sus socios” de Cataluña, País Vasco y Navarra, a donde irán, según su cálculo, 80 de los 90 millones de euros que figuran en el reparto del Ministerio.

Veganzones ha propuesto al PP incorporar otros tres aspectos a la iniciativa para derogar la ley estatal, suprimir las zonas tensionadas y reformar la normativa de suelo y vivienda, además de defender el concepto de “prioridad nacional” porque la vivienda “no llega para todos” y hay que “ordenar la cola” para primar a quien haya “nacido, estudiado y cotizado aquí”.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha reconocido que se trata de un tema “importantísimo”, aunque ha lamentado que el PP plantee esto y a la vez forme un gobierno del que desaparece la Consejería de Vivienda que existía en el anterior, y a la vez mantenga una normativa autonómica que data de 1990.

En su réplica a los grupos, Sanz Merino ha rechazado las enmiendas de Vox porque “desviarían el foco” de lo planteado y ha insistido en que el Gobierno no puede “discriminar” a las comunidades que no hacen “seguidismo” de las políticas del Ministerio, entre las que ha incluido a Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.