El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló la ordenanza municipal de 2023 para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad. La decisión supone que la nulidad de la norma queda firme y cierra definitivamente la vía judicial en torno a una de las medidas de movilidad que introdujo el equipo de gobierno de PP y Vox a su llegada a la Alcaldía.
La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en una sentencia dictada el 17 de septiembre de 2025, ha acordado la inadmisión del recurso de casación al considerar que el Ayuntamiento no fundamentó de manera suficiente el interés casacional objetivo, requisito imprescindible para que el alto tribunal analice un recurso de este tipo.
Según el Supremo, el escrito del consistorio se limitó a expresar su discrepancia con la sentencia del TSJCyL sin justificar por qué la cuestión planteada tenía trascendencia general o relevancia jurídica para formar jurisprudencia, como exige el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
El tribunal ha explicado que la parte recurrente invocó los apartados c) y g) del artículo 88.2 LJCA, relativos a la interpretación de disposiciones generales y a la necesidad de unificar doctrina, pero no ofreció argumentos útiles ni específicos que acreditasen la existencia de un interés casacional de alcance general. El recurso, por tanto, presentaba un carácter meramente particular o casuístico, lo que llevó a su rechazo conforme al artículo 90.4.b de la LJCA.
En su resolución, la Sala recuerda que la función del Tribunal Supremo en materia contencioso-administrativa no es revisar todos los litigios locales o autonómicos, sino intervenir únicamente cuando existe una cuestión jurídica relevante que pueda afectar a otros casos y contribuir a la formación de jurisprudencia. En este caso, entiende que la controversia sobre la ordenanza de los carriles restringidos no plantea un debate jurídico nuevo ni de alcance general, sino un problema de legalidad ordinaria ya resuelto por el tribunal regional.
Además, el Supremo ha indicado que el resultado del pleito en el TSJCyL “presenta un marcado componente de valoración de la prueba”, pues la sala de instancia se centró en el contenido concreto de la ordenanza municipal y en su forma de aplicación, aspectos que escapan al ámbito de la casación.
En consecuencia, ha inadmitido el recurso y mantiene la nulidad de la ordenanza, impone las costas procesales al Ayuntamiento con un límite de 2.000 euros más IVA a favor de la parte contraria, y declara que no cabe recurso alguno contra su decisión.
La sentencia del TSJCyL, dictada en noviembre de 2024, había estimado el recurso interpuesto por la organización Ecologistas en Acción y declarado nula la ordenanza al considerar que vulneraba la Ley de Tráfico, por no concretar adecuadamente a quiénes afectaban las restricciones ni cómo se aplicarían, dejando en manos de la administración la facultad de limitar el uso de las vías públicas sin una determinación suficiente.
Ecologistas en Acción celebra la decisión y pide restituir el carril bici del Paseo de Isabel la Católica
Tras conocerse la resolución, Ecologistas en Acción ha difundido un comunicado en el que celebra que el Tribunal Supremo confirme la nulidad de lo que denomina “ordenanza anti carriles bus y bici” de Valladolid.
La organización ecologista ha solicitado ahora al Ayuntamiento la restitución del carril bici del Paseo de Isabel la Católica, desmantelado definitivamente el pasado mes de junio, “recuperando el reparto equitativo del espacio público entre peatones, bicicletas y vehículos a motor”.
En su nota, el colectivo ha recordado que, en ejecución de la ordenanza ahora anulada, el Ayuntamiento suprimió los carriles bus de la Avenida Gloria Fuertes, el Puente del Poniente, la Plaza de la Universidad, la Calle López Gómez, el Puente de Isabel la Católica y la Avenida Miguel Ángel Blanco, y desmanteló los carriles bici de la Avenida de Gijón y del Paseo de Isabel la Católica.
Ecologistas en Acción ha acusado al consistorio de haber recurrido “sin fundamento alguno” ante el Supremo, con la única finalidad de demorar la ejecución de la sentencia del TSJCyL, lo que, según han señalado, “habría evitado el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica, perpetrado por la Concejalía de Movilidad en junio y ratificado después mediante una nueva ordenanza en fraude de ley”.
El colectivo ha pedido la reposición inmediata de ese carril bici conforme al Plan General de Ordenación Urbana y al Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura, así como la recuperación de los carriles bus y bici suprimidos por el actual equipo de gobierno.
Asimismo, ha apuntado que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación derivada del tráfico provoca en Valladolid al menos 200 muertes prematuras al año, por lo que considera prioritario ampliar el espacio destinado a peatones, ciclistas, patinetes y transporte público, en lugar de reducirlo.
Nueva ordenanza aprobada en 2025
Tras la anulación judicial de la ordenanza de 2023, el Ayuntamiento de Valladolid se vio obligado a redactar una nueva ordenanza de movilidad, aprobada en septiembre de 2025 y en vigor desde el 10 de octubre. La nueva normativa, denominada Ordenanza Reguladora del uso de los ciclos y vehículos de movilidad personal y de la movilidad por carriles especiales, busca adaptar el marco legal a la legislación estatal y europea, regulando el uso de bicicletas, patinetes eléctricos y carriles especiales de tráfico rodado. También introduce normas más detalladas sobre circulación y estacionamiento de VMP, límites de velocidad en calzadas compartidas y la convivencia entre peatones y ciclistas, además de integrar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringirá progresivamente el acceso de vehículos más contaminantes al centro urbano a partir de 2025.
La aprobación de la nueva ordenanza no estuvo exenta de polémica y críticas. Diversos colectivos vecinales y organizaciones ecologistas —entre ellos Ecologistas en Acción— denunciaron que el texto consolidaba la supresión de varios carriles bus y bici eliminados en 2023, en contra de la jurisprudencia que ahora confirma el Tribunal Supremo. También cuestionaron que la norma “regularizara a posteriori” actuaciones ya realizadas sin cobertura legal, como el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica. Desde el equipo de gobierno municipal se defendió que la nueva ordenanza “moderniza la movilidad urbana” y ofrece “seguridad jurídica y equilibrio” entre los distintos modos de transporte.
A este respecto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha señalado que la sentencia del Supremo “no tiene efecto alguno” al haber una nueva ordenanza. Eso sí, ha dejado abierta la posibilidad de impugnar alguna sobra si hay alguna dudas, como con el caso del carril bici de Isabel La Católica.
“No tiene ninguna repercusión a nivel de ningún tipo porque jurídicamente esa cuestión está superada; y políticamente también está lógicamente superada porque tenemos un nuevo escenario en el Ayuntamiento de Valladolid y ese es el marco donde nos tenemos que mover y nos estamos moviendo”, ha apuntado el regidor.
Desde la oposición, Valladolid Toma la Palabra ha reclamado la vuelta de todos los carriles bici y bus-taxi suprimidos, una petición a la que también se ha sumado el PSOE. “No hay excusas: la ciudad necesita seguridad jurídica, rigor técnico y decisiones coherentes con el interés general, no atajos ni improvisaciones”, ha defendido el concejal socialista Luis Vélez.
Los socialistas han atacado al equipo de gobierno por optar por acudir al Tribunal Supremo “sin sustento jurídico sólido, con el propósito de aplazar la ejecución de una resolución que, de haber sido acatada, habría evitado el levantamiento del carril bici en Isabel la Católica”.
“Han actuado con irresponsabilidad e ilegalidad. Despilfarro de recursos públicos. Perjuicio a toda la ciudad: peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Han tomado decisiones basadas en criterios ideológicos, ni un solo criterio técnico. Aquí no ha habido ni informes técnicos que respalden lo que hicieron, ni sentido común”, ha apuntado.