Lo justo y necesario

“España debe ser un país de acogida y es voluntad del Gobierno que lo sea”. Esta era la posición expresada por Mariano Rajoy, en nombre del Gobierno de España, en agosto del 2000.

Hoy, su sucesor en el PP, Alberto Núñez Feijóo, clama contra el proceso de regularización de personas inmigrantes en situación irregular decretado por el Gobierno progresista. Y ello pese a que el PP apoyó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que se encuentra en el origen del decreto. Y ello pese a que gobiernos del PP habían impulsado varios procesos de regularización en un pasado no tan lejano. Pero ya ven los milagros que obra el pútrido aliento de Vox en el cogote de la derecha desnortada.

Ni un segundo tardaron los ingenieros del odio en activarse. Inundan de mentiras y teorías conspirativas las redes y los servicios de mensajería. Vuelan altas las hipérboles y bajos los epítetos. Los singles favoritos de la extrema derecha suenan en bucle en podcasts y tertulias, a vueltas con la supuesta sustitución poblacional, con la invasión de una horda criminal, con el supuesto efecto llamada o con uno u otro bulo electoral. Todo falso de toda falsedad.

Lo cierto es que esta regularización extraordinaria se ofrece a quienes acrediten haber residido un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, así como a quienes hubieran solicitado protección internacional antes de la misma fecha. Los menores de edad verán su situación administrativa regularizada junto a sus padres. En todos los casos debe acreditarse la ausencia de antecedentes penales.

Lo cierto es que hay personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. Algunas —las menos— porque entraron de forma irregular en el país. Otras —las más— porque, habiendo entrado de forma regular, se quedaron más allá del plazo establecido. Ya están aquí. Trabajan en muchos sectores de la economía. En las aulas de los colegios sus hijas e hijos juegan y aprenden con los nuestros. Son nuestros vecinos y vecinas. Su situación es precaria y vulnerable en todos los sentidos y son objeto de explotación y abusos precisamente por hallarse fuera de los márgenes administrativos.

Hay argumentos utilitaristas de sobras para defender la necesidad de proceder a esta regularización. Los hemos leído estos días y ciertamente se puede aducir que era menester este ejercicio de realismo social y económico. Permítanme, sin embargo, que en este artículo me los ahorre.

Lo justo y necesario es sacarles de esa postración. Lo justo y necesario es combatir el proceso de deshumanización al que les somete, con cálculo espurio, esa ingeniería del odio —de Trump y Musk a sus franquicias locales, Abascal y Orriols—.

La regularización los sitúa y nos sitúa en el marco de los derechos y de las obligaciones. Es bueno para quienes accederán a ella y para el conjunto de la sociedad, y solo es malo para los que quizá pretendieran seguir explotándolos como fuerza de trabajo sojuzgada y barata.