La contaminación por ozono afecta a zonas con 1,6 millones de personas en Castilla y León tras un verano de incendios

Castilla y León ha registrado en 2026 los niveles de contaminación por ozono troposférico más elevados desde 2010, cuando entraron en vigor los actuales límites legales para proteger la salud. El deterioro, coincidente con el verano más cálido del último siglo y medio y los incendios forestales, ha extendido el incumplimiento de los nuevos objetivos europeos para 2030 a seis de las doce zonas en las que se divide la Comunidad, donde viven 1,6 millones de personas, el 66% de la población regional.

Así lo ha recogido el informe presentado este lunes por Ecologistas en Acción, elaborado a partir de los datos de 31 estaciones de medición entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. La organización cifra en un 120% el aumento de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud respecto a la media del periodo 2012-2019, anterior a la pandemia.

El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma en la superficie terrestre mediante reacciones químicas entre otros contaminantes, favorecidas por las altas temperaturas y la radiación solar. Entre sus precursores figuran las emisiones del tráfico, determinadas industrias y la ganadería intensiva. Los incendios forestales del verano también han contribuido al problema, según Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que apunta especialmente a los grandes fuegos registrados en julio y agosto.

Las seis zonas donde se han superado los nuevos objetivos europeos en al menos una estación son la aglomeración de Valladolid, la cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda. El informe distingue estos nuevos límites, que deberán cumplirse antes de 2030, de los objetivos legales vigentes: estos últimos se han incumplido en tres zonas, que reúnen a cerca de 800.000 habitantes.

La organización advierte de que toda la población de Castilla y León ha estado expuesta a concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos valores son más estrictos que los límites legales. Además, estima que unas 250.000 personas, el 10% de la población autonómica, han respirado durante el trienio 2024-2026 aire con niveles superiores al nuevo objetivo europeo.

Soria y Valladolid, entre las zonas más afectadas

Durante el verano se produjeron 15 superaciones del umbral de información a la población en estaciones de Valladolid y Soria, la cifra más alta en dos décadas, según Ecologistas en Acción. La mayoría se concentraron en la provincia soriana durante la segunda quincena de julio y agosto, coincidiendo con las olas de calor y los incendios de la Sierra Norte de Guadalajara.

El deterioro también ha sido destacable en Miranda de Ebro, donde la organización señala la influencia de la contaminación procedente del entorno de Bilbao. En el sur de Ávila y Segovia apunta a las emisiones del área metropolitana de Madrid, mientras que en el oeste de Salamanca y parte de Zamora puede llegar contaminación desde el entorno de Oporto.

El impacto de la contaminación no se limita a la salud humana, como ha alertado el informe. El ozono perjudica a la vegetación y puede reducir la productividad de cultivos como los cereales. En cuanto a sus efectos sanitarios, el documento cita datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente que atribuyen hasta 500 muertes al ozono en Castilla y León en 2023. También recoge una estimación del Instituto de Salud Carlos III de 340 muertes durante el verano de 2026 por el efecto combinado de las altas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono, una cifra que no corresponde exclusivamente a este contaminante.

Ecologistas denuncia que la Junta sigue sin aprobar los planes

La organización ecologista ha reclamado a la Junta de Castilla y León que apruebe los planes de mejora de la calidad del aire que considera obligatorios tras varias resoluciones judiciales. Según Ceballos, el Tribunal Supremo confirmó en marzo de 2026 la anulación del plan autonómico aprobado en 2021 y estableció un plazo de seis meses para elaborar nuevas medidas. Ecologistas en Acción ha defendido que ese plazo ha vencido sin que los planes se hayan presentado.

La entidad ha comunicado la situación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para pedir que se fuerce el cumplimiento de las sentencias y ha solicitado una reunión con el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

El coordinador autonómico de la organización, Luis Oviedo, ha advertido de que, si la Junta no adopta medidas efectivas, solicitarán actuaciones coercitivas en el procedimiento judicial. Los ecologistas también han reprochado la falta de protocolos municipales frente a episodios de ozono en Burgos, León y Salamanca.

Entre las medidas que ahn propuesto se encuentra reducir el tráfico motorizado, sustituir disolventes orgánicos por alternativas menos contaminantes y actuar sobre las emisiones industriales y ganaderas. También han reclamado mejorar la información a la población vulnerable y reforzar la vigilancia de la calidad del aire, después de que nueve estaciones que medían ozono en El Bierzo y la Montaña Norte hayan dejado de funcionar en los últimos años.