Una administrativa que trabajaba con el exviceconsejero imputado en la trama eólica, Rafael Delgado, asegura que este le pedía “apartar” algunos parques eólicos y que la aprobación final de los parques eólicos no era por orden cronológico. La trabajadora pública, que estuvo dos años trabajando con Rafael Delgado (aunque no formaba parte del equipo de Secretaría) tenía un registro de parques eólicos con la fecha de entrada de todo el expediente en el despacho, el nombre del parque y la fecha de firma de la aprobación final. Según su testimonio, esta empleada entregaba al exviceconsejero estos expedientes cuando los recibía o cuando se los pedía el exviceconsejero, y luego recibía indicaciones sobre si tramitarlas o “guardarlas de momento o apartarlas” porque faltaba documentación.
Según recordaba, estos expedientes solían quedar “aparcados” dos o tres semanas “como muchísimo”. Esta empleada estuvo dos años y medio en la Viceconsejería de Economía e Industria y ha suscrito que no quedaban expedientes pendientes cuando ella abandonó su puesto.
La trabajadora pública, que no ha recordado datos concretos sobre qué parques fueron aparcados hace casi 20 años, ha asegurado que después llegaba al expediente algún documento o informe del Ente de la Energía (EREN), cuyo exdirector declaró hace unas semanas que Delgado ordenó no autorizar empresas de parques eólicos que no incluían a un socio local. Esta empleada tampoco conocía el contenido de estos expedientes porque no formaba parte de su labor. Además, ha reconocido que en ocasiones Delgado le pidió que llamara al exdirector del EREN, Ricardo González Mantero, y al exdirector general de Minas, Manuel Ordóñez, porque quería hablar con ellos.
Una de las secretarias personales de Rafael Delgado, que trabajó con él desde 2011 hasta 2011, no ha recordado exactamente cómo funcionaba el procedimiento en el último paso de aprobar los parques eólicos. Ha explicado que esos correos electrónicos podía abrirlos ella u otros trabajadores de la Secretaría y no recordaba si se los enviaba al exviceconsejero o directamente a través del portafirmas en este tema y en otras cuestiones. El juez le ha recordado a esta secretaria que tiene la obligación legal de decir la verdad, ante lo que ella ha defendido que es así y que hay aspectos que no recuerda porque son de hace 20 años. Sí que ha identificado al abogado y supuesto testaferro de Rafael Delgado, Jesús Rodríguez Recio, —aunque no recordaba su nombre— y ha dicho que “iba por el despacho” aunque no trabajaba en la Consejería. La secretaria creía que Rodríguez Recio contaría con una cita previa con el exviceconsejero y ha declarado que remitían el listado de reuniones al exconsejero, Tomás Villanueva, que murió súbitamente en 2017 antes de testificar en la trama Perla Negra —por la que Delgado, otros cargos y empresarios de Castilla y León ya han sido condenados— y en la Trama Eólica.
El exdirector financiero de San Cayetano —empresa de Alberto y Francisco Esgueva, para los que Fiscalía pide 12 años de cárcel— Carlos Plaza, ha declarado que esta empresa papelera quiso entrar en el negocio de la energía eólica como estrategia de “diversificación”, aunque desconocía por qué en ese sector y no en cualquier otro. Plaza, cuñado de otra de las imputadas, María del Mar Moreno, ha asegurado que él no tomó la decisión de invertir en el sector eólico. Plaza abandonó esta empresa en 2008 y ha reconocido que la empresa tenía “cierta tensión de tesorería”.
Las vistas orales pretenden ayudar a analizar las supuestas mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre 2000 y 2015 y que están cifradas en unos 75 millones de euros.