Condenados la Xunta, el Estado y el Concello de Ribadeo por la muerte de una vallisoletana en la playa de las Catedrales
La Audiencia Nacional ha condenado al Estado, la Xunta de Galicia, el concello de Ribadeo (Lugo) y a varias aseguradoras a indemnizar con 73.200 euros a la familia de una joven de Valladolid que el 31 de marzo de 2018 murió en la playa de las Catedrales al desprenderse piedras en la cueva que visitaba.
La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, adelantada por la Voz de Galicia y a la que ha tenido acceso Efe, ve responsabilidad de las tres administraciones en la muerte de esta joven, ocurrida en Semana Santa, tras días de borrasca y tras dos desprendimientos ocurridos ese día que no llevaron a cerrar el acceso, controlado por una empresa externa.
Los magistrados consideran que la víctima y su acompañante debían conocer que el lugar no era totalmente seguro, porque así se advertía en las autorizaciones de los visitantes, pero agrega que el aumento del riesgo aquel día, tras las lluvias, “debía ser también evidente para las administraciones demandadas”, y sin embargo no había un plan de actuación ni de cierre total o parcial del acceso.
En estas circunstancias, “la culpa de la víctima, que accedió al lugar porque vio que otras muchas personas lo hacían, a la vista del personal encargado del control del paraje” no desplaza “totalmente la responsabilidad de las Administraciones públicas” a los que se condena a indemnizar por el 40 % del daño causado, dado que la indemnización reclamada por la familia ascendía a 182.194 euros.
No se cerraron accesos y la señalización era escasa
De lo ocurrido aquel 31 de marzo, los magistrados destacan que ante los desprendimientos previos a la muerte de la joven el personal de vigilancia no adoptó ninguna medida ni reportó a sus superiores o a los agentes medioambientales, mientras que el personal de acceso priorizó dar continuidad a la entrada de personas ante la gran afluencia de visitantes.
También apuntan a que “la señalización que advertía específicamente de desprendimientos era escasa” y recuerdan que ésta se reforzó después del accidente.
Esta sentencia, que también condena a tres aseguradoras, XL Insurance Company, Mapfre y Seguros y Reaseguros, indica además que “el personal de control de accesos claramente no tenía instrucción suficiente sobre cómo actuar ni se había elaborado un plan para casos en los que el riesgo aumentara significativamente” y tampoco había presencia de policía municipal.
Las tres administraciones tenían responsabilidad
Los magistrados repasan la responsabilidad de las administraciones, para las que fijan distintas indemnizaciones: 29.800 euros en el caso de la Administración General del Estado, 28.700 para la Xunta de Galicia y 6.300 para Ribadeo.
Así, alude a la sentencia de otro caso -la muerte en 2016 de una mujer por un desprendimiento en una playa gaditana- para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, al que corresponden la tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre, y del ayuntamiento, encargado de mantener la limpieza, higiene y salubridad y también de vigilar que se cumplan las normas de salvamento y seguridad de las vidas humanas.
En cambio, a diferencia del otro suceso, donde se exoneró a la Junta, también consideran responsable a la Xunta de Galicia por las “peculiaridades” de este caso, en el que la administración autonómica intervino declarando la playa de las Catedrales como monumento natural y aprobando un plan de conservación para controlar la afluencia de vigilantes y evitar que se degrade el paraje, en el que se aludía también a la seguridad.
Según la Audiencia Nacional,“la administración autonómica no puede ejercer sus competencias en materia de medioambiente y no adoptar prevenciones desde el punto de vista de la seguridad pública, que es puesta en peligro por la misma razón que justifica la protección ambiental, esto es, la afluencia de visitantes en gran número a un lugar que agrava la inestabilidad del terreno”.
Las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional en esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación, son el último capítulo de un suceso cuya investigación penal quedó archivada al considerar un juzgado de Mondoñedo que la muerte fue “accidental”.
La playa de las Catedrales, que recibe ese nombre por la similitud de las cuevas formadas por la erosión del agua marina en marea baja con los claustros de una catedral, es uno de los monumentos naturales más visitados de Galicia, junto con la catedral de Santiago de Compostela.