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CATALUNYA

El Síndic de Greuges alerta del peligro de las pistolas eléctricas pero evita pedir prohibirlas

Catalunya dispone de 61 pistolas eléctricas a manos de Mossos (7) y Policías Locales (54), y se han usado ocho veces, algunas de forma contraria a lo que recomienda el Consejo de Europa

El Defensor del Pueblo catalán recomienda la suspensión del uso y la adquisición de las pistolas eléctricas hasta que el Parlament no lo haya acordado en el marco de un debate a fondo sobre el modelo de seguridad catalán

Un hombre muere en Australia tras ser reducido por la Policía con una "táser"

Imagen de una pistola Táser EFE

El Defensor del Pueblo catalán, el Síndic de Greuges Rafael Ribó, ha alertado del peligro que suponen las pistolas eléctricas pero ha evitado pedir prohibirlas en Catalunya, tal y como reclaman numerosas organizaciones de Derechos Humanos. Ribó se ha escudado en que a nivel internacional no hay una opinión clara al respecto. "Ni Naciones Unidas ni el Consejo de Europa, en ninguno de sus informes tienen un posicionamiento de 'sí' o 'no' a las pistolas eléctricas", ha justificado Ribó cuando se le ha preguntado qué diría él en el Parlament cuando se le llame en la comisión parlamentaria que debatirá el uso de las pistolas eléctricas.

Las pistolas eléctricas o Taser (por el nombre de una de las empresas que las comercializa) son armas paralizantes que pueden emplearse en contacto directo sobre el cuerpo o mediante el lanzamiento a una distancia de 6-7 metros de dos dardos, conectados al arma por unos filamentos. El arma realiza una descarga de 50.000 voltios pero de bajo amperaje. Su objetivo es atacar el sistema neuromuscular central y causar un colapso general momentáneo, por lo que la persona que es atacada con una pistola eléctrica suele caer inmediatamente en el suelo. La descarga dura cinco segundos y se pueden realizar varias consecutivas.

En la rueda de prensa donde se ha presentado el informe sobre pistolas eléctricas como dotación policial en Catalunya, Ribó ha detallado cuántas armas de este tipo hay en Catalunya. En concreto, los Mossos tienen siete, que nunca han utilizado. En cuanto a las Policías Locales, 31 de los 213 cuerpos que hay en Catalunya disponen de un total de 54 pistolas eléctricas.

Ribó ha suscrito las advertencias sobre el riesgo y el peligro del uso de las pistolas eléctricas que ponen tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa, así como el "listón muy alto" que ponen para su utilización. En este sentido, Ribó ha recordado que en Catalunya las policías locales han hecho uso 8 veces de las pistolas eléctricas, sin ninguna "consecuencia grave" pero en algunos casos de forma contraria a las "exigencias" que pone el Consejo de Europa.

Por ejemplo, Ribó ha recordado que las instituciones internacionales recomiendan no utilizar en ningún caso las pistolas eléctricas contra personas vulnerables, como enfermos del corazón o mujeres embarazadas, o bien contra personas que, por su estado de alineación, no puedan entender las órdenes que les dirigen los agentes policiales. Precisamente este último caso ha sido una de las situaciones de las 8 donde se han utilizado Taser en Catalunya, y uno de los motivos por el que los Mossos defienden su uso.

El Síndic de Greuges ha recomendado la suspensión del uso y la adquisición de las pistolas eléctricas hasta que el Parlament no lo haya acordado en el marco de un debate a fondo sobre el modelo de seguridad catalán. Ribó ha recordado que las instituciones catalanas tienen pendiente este debate desde el desalojo del 15-M de la plaza Catalunya en 2011.

El pasado mes de febrero el Parlamento aprobó, a iniciativa de la diputada de la CUP-Crida Constituent Mireia Vehí, crear un grupo de trabajo en la comisión de Interior para debatir el uso de las pistolas eléctricas, una decisión que no agradó a los sindicatos de Mossos, que reclaman desde hace tiempo poder usar las armas. Las pistolas eléctricas están en el punto de mira de las organizaciones de Derechos Humanos. El uso de este tipo de armas ha causado 269 muertes en EEUU entre 2001 y 2007, según el informe "Voltios sin control" de Amnistía Internacional.

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