Albiol justifica que con sus panfletos xenófobos solo recogió las denuncias de vecinos
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha justificado la elaboración y difusión de folletos con mensajes contra el colectivo gitano rumano al recoger, según ha dicho ante el juez, “las aportaciones de los vecinos” enviadas al Partido Popular. De este modo Albiol ha querido subrayar que los dípticos, repartidos en 2010 -antes de las elecciones que le llevaron a la alcaldía de la ciudad-, no eran xenófobos, sino que reflejaban una “problemática” de Badalona. Así lo ha expresado en el Juzgado Penal número 18 de Barcelona, donde respondía por las acusaciones de incitación al odio y la discriminación e injurias colectivas contra los gitanos rumanos -por los panfletos y otras declaraciones-, en el que ha sido el primer juicio de este tipo a un cargo público.
Los folletos repartidos junto con la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, incluían palabras como “inseguridad”, “delincuencia”, “incivismo” y “suciedad” al lado de fotografías de vecinos gitanos rumanos y la foto de una pancarta donde se podía leer “no queremos rumanos”. “Queríamos poner de manifiesto una serie de problemáticas”, ha dicho ante el magistrado Albiol, que se ha escudado en el “derecho democrático de presentar una alternativa”. A lo que el abogado de SOS racismo -entidad que actúa como acusación popular- ha respondido que estaba “haciendo un mítin político cuando aquí se celebra un juicio”.
Albiol no sólo ha justificado los panfletos sino también las declaraciones que hizo a los medios de comunicación tras la polémica generada, afirmaciones como que “el colectivo rumano gitano ha venido a esta ciudad a delinquir y a robar”. El alcalde ha explicado que se basaba en cifras de la Guàrdia Urbana de Badalona. Pero el abogado de la acusación particular le ha recordado que estas estadísticas no se desglosan por etnia y que, en todo caso, Albiol no disponía de ellas en el momento de los hechos.
El alcalde de Badalona ha querido también minimizar el valor de sus declaraciones. “En algún momento se puede utilizar alguna palabra inadecuada”, ha asegurado. El fiscal ha rechazado estas justificaciones y, en sus largas conclusiones, ha argumentado que no se trató de un “pequeño desliz”, al sostener que estas declaraciones se hicieron de manera reiterada. “La libertad de expresión es fundamental pero no es un derecho absoluto sino que tiene sus límites en la dignidad de las personas”, ha apuntado.
“Se ha criminalizado un colectivo para ganar elecciones”
En este sentido, el fiscal ha reprochado a Albiol “la difusión de mensajes estereotipados que relacionan a un colectivo con la delincuencia”. Ha explicado que estos discursos tienen un “efecto en la vida cotidiana de las personas”. Aguilar se ha referido a un informe de las Naciones Unidas sobre la discriminación hacia los gitanos rumanos en España que denunciaba los prejuicios raciales que estos sufren así como el aumento de la incitación al odio. “Se utilizan como chivos expiatorios”, ha apuntado.
Aguilar ha argumentado que Albiol debe ser condenado en virtud del artículo 510 del Código Penal, que tipifica como delito la incitación al odio o la discriminación. “No es necesario que se incite a cometer delitos concretos sino que incita a la discriminación”, ha explicado. En este sentido, ha insistido en que “las ideas simplistas”, como que los gitanos rumanos sean delincuentes, tienen un efecto en la opinión pública. Por otra parte, el artículo 510.2 menciona el delito de injuria contra un determinado colectivo, algo en lo que ha insistido la acusación popular. “Se ha criminalizado a un colectivo para ganar unas elecciones, ha dicho el abogado de la acusación particular, que ha pedido un año de prisión y de inhabilitación.
En la entrada del juzgado se han reunido unas cincuenta personas convocadas por el Ágora ciudadana de Badalona, que engloba a 30 entidades de esta ciudad. Albiol, por su parte, había sido recibido por un grupo de simpatizantes, algunos de ellos empleados del Ayuntamiento de Badalona y por la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
