Antifraude multa con 60.000 euros al responsable jurídico de TMB por exponer datos de denunciantes de irregularidades
La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha impuesto una multa de 60.000 euros al director de Asesoría Jurídica y Buen Gobierno de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por exponer datos personales de trabajadores que tenían el estatus de personas protegidas por ser informantes de presuntas irregularidades.
La infracción, calificada por Antifraude como “muy grave” en una resolución obtenida por elDiario.es, es todavía recurrible ante la propia OAC o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Fuentes cercanas al responsable de la asesoría jurídica de TMB apuntan que está “analizando” la resolución para presentar un recurso.
Desde la empresa pública sostienen que la actuación ha sido “correcta” y añaden que desde la empresa no asumirán la sanción, en caso de que se interpusiera de manera firme, porque se ha impuesto a su directivo como persona física.
El director del área jurídica también está imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.
Los hechos tienen origen en una brecha de seguridad en la intranet de la empresa, desvelada por este periódico en febrero de 2025, que dejó durante meses al descubierto datos sensibles de un gran número de empleados de la compañía.
La Autoridad Catalana de Protección de Datos también abrió un expediente a TMB por los mismos hechos y, en este caso, la sanción podría superar los 15 millones de euros.
Entre los datos accesibles había información confidencial de denunciantes de acoso laboral en el seno de la empresa, uno de ellos contra tres directivos de TMB, así como documentación de personas que habían participado o testificado en otras investigaciones internas.
Uno de los elementos que ha tenido en cuenta Antifraude para sancionar al responsable jurídico, apuntan fuentes conocedoras del procedimiento sancionador, fue la creación de un repositorio por un miembro de su equipo en el que se añadió información de diferentes investigaciones y denuncias internas, algunas de ellas relativas a personas con responsabilidades directivas dentro de la organización.
Por su naturaleza, buena parte de esa documentación debía estar destinada a un círculo restringido de personas con funciones específicas de investigación, cumplimiento o gestión de los correspondientes expedientes.
Su configuración, sin embargo, permitía que empleados y directivos —incluyendo la secretaria del consejero delegado de la empresa— pudieran conocer la existencia de denuncias, la identidad de personas implicadas, la condición de testigos o participantes, la tramitación de procedimientos laborales y el contenido de actuaciones internas de carácter confidencial.
Antifraude considera que, al exponer la identidad de empleados que cursaron denuncias internas en la empresa y tenían en ocasiones el estatus de persona protegida, el responsable jurídico de TMB vulneró la ley de protección del informante, que protege a quienes denuncian infracciones penales o administrativas en el ámbito laboral.
La ley obliga a las empresas a tener canales internos de denuncia y a garantizar la confidencialidad de los informantes. Prohíbe, a su vez, ejercer represalias contra ellos en cuanto obtienen el estatus de persona protegida por haber denunciado estas presuntas infracciones.
La sanción de Antifraude se suma a una ristra de imputaciones judiciales —hay cinco directivos imputados en dos causas penales por acoso laboral— y sanciones de distintos entes contra la empresa por actuaciones durante los últimos años. También el Tribunal de Cuentas investiga a la compañía por presuntas irregularidades en los planes de pensiones, tal y como desveló esta redacción el pasado junio.