Si la semana pasada era la Plataforma de Afectados por la Hipoteca quien ponía el foco sobre la Sareb –el conocido como “banco malo”–, este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tomado el relevo. Con la ley fruto de la ILP de la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC en la mano, la alcaldesa anuncia que exigirá a la Sareb la cesión obligatoria de los 562 pisos vacíos que tiene en Barcelona.
Colau asegura que está trabajando con varias entidades financieras “acuerdos y convenios que pueden pasar por la cesión temporal de viviendas o una compra-venta a precios muy inferiores a los de mercado”, algunos de los cuales están “muy avanzados”. En cambio lamenta que la Sareb no da respuesta, a pesar de ser, según los datos de las propias entidades, quien más pisos vacíos desde hace dos años tiene en Barcelona. “La Sareb no está siendo razonable dadas las circunstancias, sólo ofrece una cesión por tres años, y además que la administración pague la rehabilitación de los pisos y pague 175 euros al mes”, asegura Colau.
Sobre las negociaciones con las entidades, Colau ha dicho que “llevamos cuatro meses de buenas palabras y mucho diálogo, pero ahora tenemos prisa”. “Las entidades deben ser corresponsables, y no pueden esperar que les hagamos el trabajo sucio de mantener estos pisos y rehabilitarlos, para que dentro de tres años puedan volver a especular con ellos”, ha añadido. El Ayuntamiento anuncia que la próxima semana enviará una carta a la Sareb requiriendo la cesión obligatoria, y, si no ceden, en un mes podrían llevar la entidad a los juzgados para requerir la posesión de estas viviendas. La ley prevé que se pueda requerir esta cesión a todos los grandes tenedores que concentren más de 100 viviendas vacías.
La Sareb se abstiene de valorar la medida mientras no les llegue el requerimiento. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo igual que lo estamos haciendo con comunidades autónomas y otros ayuntamientos”, dice a Catalunya Plural una portavoz de la entidad.
Nuevos recursos legales
El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha destacado las herramientas que tiene en sus manos el consistorio con la legislación que se ha ido aprobando desde 2007. Barcelona ya aplicó el mes pasado 12 sanciones de 5.000 euros por pisos vacíos, aunque todavía ninguna ha sido pagada. 10 de ellas han sido recurridas y en uno de los casos el piso estaba ocupado.
La ley también prevé que cuando se dé una situación de vulnerabilidad, los grandes tenedores de vivienda tienen la obligación de ofrecer un alquiler social alternativo antes de hacer efectivo un desahucio. En caso de incumplimiento, se prevé que el Ayuntamiento pueda fijar sanciones de hasta 90.000 euros.
Para poder garantizar la aplicación de estas medidas, la teniente de alcaldía Laia Ortiz ha anunciado que buscan un nuevo convenio con los operadores judiciales, que permitan a los trabajadores sociales conocer la situación de familias con riesgo de desahucio con más margen de tiempo para poder actuar. “Las dificultades que nos estamos encontrando son cuando los servicios sociales se enteran dos o tres días antes de que haya un desahucio”, ha asegurado la concejala.
Ortiz también ha remarcado que la nueva ley reclama una “corresponsabilidad” de las entidades suministradoras, y reclama que deben aportar recursos también a los fondos que el Ayuntamiento ya dedica a dar respuesta a situaciones de pobreza energética. Sin embargo, a diferencia de la celeridad con que realizó los primeros encuentros con entidades financieras, el consistorio no comenzará hasta la próxima semana las negociaciones con las suministradoras.