Lecciones de la crisis

A nivel europeo, las reacciones políticas ante el impacto de la crisis financiera puede considerarse como un doble proceso de transferencia. El primero se refiere a la transferencia a la UE de los enfoques y las políticas de los Estados miembros “virtuosos” del norte y, en particular, de Alemania, frente a las vicisitudes de la UEM. El segundo, en cambio, refleja la transferencia “hacia abajo” de estos enfoques y políticas a los Estados miembros del sur (además de Irlanda) cuya fragilidad financiera, ya sea en términos de deuda pública o privada - o de ambas a la vez - ha puesto en peligro el euro. Hasta ahora, a pesar de las reticencias iniciales, Alemania se ha mostrado dispuesta a hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la supervivencia del euro imponiendo siempre sus propias condiciones, formuladas en clave interna y no europea. Con ello, los países rescatados están pagando el doble coste de su mala gestión económica durante los años de crecimiento y, al mismo tiempo, del diseño imperfecto de la UEM, carente, desde el principio, de una verdadera política económica anticíclica y de un banco central con una capacidad de intervención ilimitada.

Las medidas de austeridad impuestas por la UE y criticadas con dureza por numerosos analistas económicos – incluido, últimamente el FMI - se han traducido en una reducción drástica del Estado de Bienestar, con las consiguientes repercusiones sociales. Más allá de su eficacia, estas medidas adolecen de una falta de legitimidad, ya que no surgen de un proceso democrático a nivel europeo, sino de una negociación intergubernamental en la que han prevalecido las tesis de los Estados miembros del norte, temerosos de verse arrastrados por los efectos de la crisis. Frente a la debilidad patente de los Estados miembros del sur y sin el contrapeso de Francia, la coalición gobernante en Alemania, muy pendiente de las reacciones de su opinión pública, ha acabado imponiendo a los demás socios del euro la lógica de las reformas estructurales adoptadas al inicio de la década pasada con el objetivo de afrontar los efectos de su propia reunificación.

En lo que respecta a España las raíces de la crisis residen, en buena medida, en las políticas neoliberales promovidas desde finales de los años noventa por el Gobierno de Aznar, empezando por la liberalización del suelo. En cuanto a la actuación de Zapatero y Rajoy, observamos diferencias de matices derivadas de la orientación ideológica y de la fortaleza de sus respectivos gobiernos. Falto de una mayoría absoluta, el primero perdió un tiempo precioso esperando que la crisis remitiera. Al final, sin embargo, no tuvo más remedio que plegarse a las exigencias de Bruselas. Para salir del atolladero, convocó elecciones generales y las perdió de forma clamorosa. Por su parte, Rajoy, provisto de una mayoría absoluta, aunque sin experiencia y con una capacidad de maniobra muy limitada en Europa, ha ido aplicando, prácticamente al pie de la letra, casi siempre por decreto-ley, todas los planes de rigor impuestos por el Consejo Europeo, el Eurogrupo o la Comisión. Sin embargo, en última instancia, ha prevalecido la opción política de salvar a la banca endeudada a costa de otras prioridades. Las reiteradas protestas sociales y la consiguiente pérdida de legitimidad de hecho no han tenido un impacto significativo en la actuación del Gobierno. El resultado ha sido, en el plano económico, una devaluación interna a costa de los salarios y las prestaciones sociales y, en el político, una merma sensible de la calidad democrática (decretos-ley).

España está pagando la miopía de los años de prosperidad económica, durante los cuales no tuvo la voluntad o la capacidad de aprovechar los enormes beneficios resultantes de la pertenencia a la UE para buscar alternativas a un modelo de desarrollo basado en el endeudamiento privado, el beneficio fácil y el derroche de recursos públicos, y no en la economía productiva, la innovación y la formación. Tras una década perdida, la crisis actual plantea el reto de aprender la lección de los errores cometidos, impulsando el consenso alrededor de un modelo de desarrollo más sostenible y de unas instituciones más eficientes y transparentes como condición para recuperar la credibilidad perdida. La progresiva pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, tanto internas como europeas, y los desafíos a la propia integridad del Estado, como el que plantea una parte significativa de la sociedad catalana, no lo ponen ciertamente fácil.