El Defensor del Pueblo de Barcelona reclama reconocer el acceso a la energía como un “derecho humano”

Desde 2021 se ha producido una subida histórica de las tarifas de la luz, que han pasado de los 50 euros de principios de año a superar en algunas ocasiones los 500 euros. Ante esta situación, el Síndic de Greuges de Barcelona (equivalente al Defensor del Pueblo) ha actuado de oficio para analizar las consecuencias y el alcance de la pobreza energética en la ciudad. Como consecuencia, publica, en el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía (21 de octubre), un informe en el que insta a que el acceso a la energía sea considerado un derecho humano.

“Estamos muy preocupados por el alarmante aumento de precios y, como no tenemos competencias para intervenir en las empresas, la única solución es considerar la energía como derecho humano”, ha afirmado el Síndic David Bondia en la presentación del informe, elaborado conjuntamente con Ingenieros Sin Fronteras (ISF). Según el defensor, hace falta un cambio de paradigma y dejar de considerar que los ciudadanos son clientes, para entenderlos como titulares del derecho a los suministros básicos a precio asequible. “Hasta ahora, la energía se ha considerado un bien de mercado sujeto al lucro y eso debe cambiar”, dice Bondia.

A pesar de que el de la energía no es un derecho reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos, el Síndic considera que se trata de un bien esencial, más allá de ser una mercancía. “Ante la creciente crisis económica y climática, no podemos esperar otra cosa que un incremento de la pobreza energética. Por eso, debemos garantizar un servicio que llegue a todo el mundo y, en especial a los hogares vulnerabilizados”, ha expuesto Eva G. Chueca, adjunta a la Sindicatura de Barcelona.

Medidas ante una crisis energética en aumento

Desde la defensoría, han reconocido que diversas administraciones locales, autonómicas y estatales han llevado a cabo medidas para paliar los efectos de la crisis energética, pero las consideran insuficientes. “Se basan en el asistencialismo. Consideran que el problema es coyuntural y no estructural”, ha dicho Bondia. En la línea, ha recordado que, desde el punto de vista jurídico, el contenido de un derecho no es el bien garantizado, sino la obligación que tiene alguien, en este caso la administración, de garantizar este derecho.

Por ello, Bondia ha criticado los oligopolios energéticos que concentran el control sobre la energía, “con el beneplácito de las administraciones” y ha querido poner el foco en las competencias y retos del Ayuntamiento de Barcelona, como ente que puede ayudar a garantizar este derecho. Para conseguirlo, la Sindicatura ha propuesto 20 recomendaciones al consistorio, tales como aumentar las campañas de sensibilización y recuperar la presencialidad en la atención de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE).

Estas oficinas dan atención a la ciudadanía para combatir la pobreza energética, ayudando a las familias a acceder a los derechos que prevé la legislación, tales como el bono social o las tarifas reducidas. La atención ha ido en incremento desde su creación, en 2012, viviendo un pico después de la pandemia, cuando se pasó de 13.351 personas en 2020 a 19.222 en 2021. Pero, a pesar de eso, la atención presencial no se ha recuperado del todo. “Es imprescindible que haya las menos barreras posibles para acceder al asesoramiento en materia energética, porque lo que se nos viene encima va a ser muy grave”, ha alertado Bondia.

Igualmente, también ha recomendado a Barcelona que avance en la transición energética. Si bien el consistorio ha asegurado que el 100% de su suministro eléctrico proviene de fuentes renovables, desde la Sindicatura se ha recomendado que la comercializadora energética municipal Barcelona Energia siga el mismo camino y sólo suministre a sus clientes energías verdes. Esta empresa pública fue creada en 2019 para garantizar que la electricidad fuera tratada como un bien básico y no de mercado. Pero en 2021 a penas contaba con 2.500 clientes, a penas un 12,5% del objetivo inicial. Preguntado por el desarrollo de esta empresa, Bondia ha dicho que, aunque es importante que aumente en contratos, es más importante que “se mantenga como empresa pública para que siga protegiendo a sus clientes”.

Por otro lado, otra de las recomendaciones al consistorio es que recorte el suministro eléctrico. Para ello, ha instado a realizar una inversión para la rehabilitación de viviendas y equipamientos -públicos y privados- y garantizar el autoconsumo mediante la instalación de placas fotovoltaicas. “Es importante que esto se haga de manera transversal y que llegue a todo el mundo, porque si sólo se hace en ciertos barrios, podría aumentar el valor de las viviendas y acabar en gentrificación y expulsión de los vecinos”, ha alertado Chueca.

Igualmente, estas medidas deberían ir acompañadas de una auditoría a las grandes empresas energéticas “para que se corresponsabilicen de la crisis energética y evitar que obtengan beneficios mientras miles de familias caen en pobreza”, ha dicho Bondia. Así mismo, considera importante que la ciudadanía sea consciente del malbaratamiento energético y propone realizar una auditoría, también, a los consumidores, para poder identificar cuál es el gasto básico y aumentar el precio cuando el consumo supere ese lindar.

“Es muy importante entender que, si decimos que la energía es un derecho humano, lo es para toda la ciudadanía, no sólo para aquellos que sufren pobreza energética. Hay que garantizar que todo el mundo tenga acceso a los servicios, independientemente de su condición económica”, afirma Bondia. El Síndic es consciente de que conseguir que la energía sea considerada un derecho humano es una tarea ingente, una especie de lucha de David contra Goliath y, a pesar de que ni la Sindicatura ni el Ayuntamiento tienen la capacidad de que esta pretensión se haga realidad, se muestra optimista. “La consecución de los derechos humanos surge de la ciudadanía y la capacidad de lo local de incidir en políticas internacionales es inmensa”.