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CATALUNYA

Un documental analitza els efectes de les retallades sanitàries

Portada del documental "La salut, el negoci de la vida"

Aquest dimecres s’estrena el documental "La Salut, el negoci de la vida" que analitza les conseqüències que les retallades en els pressupostos aplicades pel Govern català estan tenint en la salut pública. El documental recull, en les seves prop de dues hores de durada, tant les reflexions de persones directament implicades i afectades per aquestes retallades com les manifestacions i accions de protesta que s’han realitzat contra els seus efectes al llarg del darrer any.

"La Salut, el negoci de la vida" recull testimonis com el de Carme Cuchilleros, malalta de Parkinson i càncer, que ha renunciat a comprar medicaments: "Em nego perquè hi ha molta gent que està com jo o pitjor que jo. Que jo hagi estat treballant tota la vida per acabar així no ho puc acceptar. Lluitaré i continuaré lluitant encara que posi en perill la meva salut".

Al llarg del documental hi intervenen experts com  el doctor en Salut Pública, Joan Benach o la doctora Teresa Forcades, representants d’entitats com Dempeus per la Salut Pública –Àngels Martínez Castells i Antoni Barberà-, juristes com Santiago Vidal, que explica com es condicionen les sentències, metges com Joan Ramon Laporte, que analitza la influència de les grans empreses farmacèutiques en les polítiques públiques, periodistes com els membres de la revista "Cafè amb Llet" –Albano Dante i Marta Sibina – que denuncien la corrupció al sector, o Andrés Rueda, director de l’Associació Catalana de Directors de Centres d’Atenció a la Dependència Gerontològica. Els autors de "La Salut, el negoci de la vida" també han recollit el parer d’alguns dirigents de la patronal sanitària (tot i que algunes organitzacions patronals no hi han col.laborat) i del número dos de Boi Ruiz, conseller de Salut, el secretari general de Coordinació i Estratègies del departament, Francesc Sancho.

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La impunidad mata

La impunidad mata. Sí, y también el estar en lista de espera manipulada y alargada por los administradores mata si “no llegas a tiempo” (eufemismo para decir “si no llegas vivo”) a una operación quirúrgica o a quimioterapia. O si llegas al CAP en pleno infarto pero resulta que han cerrado las urgencias de noche y las más cercanas están a una hora. Y también, desgraciadamente, han recortado el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), que son las ambulancias que te deberían ir a recoger.

Los brutales recortes de CIU en la sanidad catalana están matando a personas con nombres y apellidos, amigos y vecinos, y, cuando no las mata, les empeora la salud durante la larga espera para ser atendidos, diagnosticados y tratados, espera que, según el mismo conseller de Salut Boi Ruiz, ha aumentado un promedio del 42% bajo su administración.

Los recortes en la sanidad catalana matan a corto plazo. Pero la impunidad de los que los llevan a cabo mata a largo plazo. Si no obligamos a estos administradores a responder por los recortes en nuestra sanidad, ponemos en peligro la vida de nuestros hijos, nietos y otras futuras generaciones. Es verdad que vivimos con un sistema jurídico en el que aún pervive el franquismo, como explica el ex fiscal de corrupción Carlos Jiménez Villarejo en su reciente libro. Y también es verdad que 35 años después de la muerte de Franco aún vivimos con miedo a exigir responsabilidades a los políticos. Nos hemos acostumbrado, generación tras generación, a que la impunidad es parte de la cultura de la pandereta.

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Entidades y sindicatos presentan una querella criminal contra Boi Ruiz

El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, en una imagen de archivo (Edu Bayer)

La Plataforma de Afectados por los recortes sanitarios, Attac, la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Dempeus per la Salut Pública y CATAC-CTS-IAC han presentado una querella criminal contra el conseller y tres altos cargos del departamento de Salud de la Generalitat. Los querellantes consideran que Boi Ruiz y su equipo del departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya podrían haber cometido diversos delitos tipificados en el Código Penal. En el texto presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya denuncian la privación del derecho a la protección de la salud, basándose en el artículo 542 del Código Penal que prevé la inhabilitación de cargo público entre uno y cuatro años en el caso que "el funcionario público impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes".

Otros de los delitos que recogen en la querella son el impedimento del ejercicio de derechos cívicos, la omisión del deber de socorro, el tráfico de influencias y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. En la querella, que consta de 80 páginas y más de 300 anexos, se pone en valor el artículo 43 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la protección de la salud. "Los límites los pone la ley y el conseller y su equipo los han rebasado a sabiendas", explican los firmantes de la querella.

La querella no se dirige solo al conseller de Salud, Boi Ruiz, si no que implica a tres altos cargos del departamento: Roser Fernández, secretaria general de Salud; Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut (CatSalut); y Josep Prat, presidente del consejo de administración del Institut Català de la Salut (ICS). Este último ya dimitió de sus funciones el pasado mes de junio por un presunto escándalo de corrupción y se encuentra imputado por malversación de fondos públicos.

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El consejo de Estado dictamina que el euro por receta es inconstitucional

El Consejo de Estado ha emitido un dictámen por el que considera que "la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional".

Según el dictámen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid prevé aplicar en enero, vulnera el orden constitucional ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".

Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".

El dictámen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".

La conclusión del dictámen asegura que en el caso de Cataluña, el precepto autonómico también "entra en conflicto" con el artículo 149.1.1 de la Constitución según el cuál "corresponde al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes".

La decisión del Consejo de Estado ha contado con tres votos particulares -Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso- que entienden que "no existen motivos suficientes" para considerar la inconstitucionalidad del euro por receta.

La Generalitat de Cataluña implantó esta tasa farmacéutica el pasado 23 de junio con la intención de contribuir a financiar el sistema sanitario y moderar el consumo de medicamentos.

Desde esa fecha, los catalanes tienen que pagar un euro por cada medicamento dispensado con receta en una farmacia, con un máximo de 61 euros anuales y para productos de más de 1,67 euros.

Sólo están exentos de pagar el tributo unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, de una pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos y del Fondo de Asistencia Social.

La Comunidad de Madrid prevé aplicar esta tasa en el mes de enero al objeto de racionalizar el gasto farmacéutico.

No obstante, el presidente madrileño, Ignacio González, ha estimado "lógico" que el Gobierno de Mariano Rajoy "plantee la conveniencia" de analizar el cobro de un euro por receta si bien ha subrayado que la medida aplicada en Cataluña está provocando un gran ahorro.

Recientemente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha discrepado con esta tasa y ha dicho que no le parecía bien pagar un euro por receta porque suponía "pagar dos veces".

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CiU oblida l’Atenció Primària

Mobilización ciudadana para evitar el cierre parcial de las Urgencias en el Hospital de la Esperança de Barcelona / Foto: Edu Bayer

Les retallades a la sanitat pública han marcat les actuacions del Departament de Salut durant la breu legislatura de dos anys que tot just s’acaba de tancar. En aquest espai de temps, l’Atenció Primària de Salut (APS) ha estat un dels àmbits del sistema sanitari que més ha patit la tisorada del govern català amb mesures tan dràstiques com el tancament de centres d'atenció primària, serveis d'urgència, o la disminució dels horaris d'atenció. Segons va alertar fa un any El Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), l’entitat que agrupa a metges i infermeres de la sanitat catalana, aquestes retallades “sense criteris sanitaris raonats” signifiquen un deteriorament de la quantitat i qualitat dels serveis i repercuteixen en l’eficiència global del sistema. En aquest informe, el FOCAP denuncia “un gir en l'orientació del model d'atenció que també empitjora les condicions de treball dels professionals”. A banda de les retallades, el FOCAP, allunyat de qualsevol color polític o sindical, ha publicat un estudi de seguiment trimestral on compara les accions de govern en l’Atenció Primària de Salut amb el programa electoral de CiU per a les eleccions al Parlament de 2010. Els resultats són demolidors: de les 30 propostes que apareixen en el document, el Departament de Salut no n’ha complert cap i només un 23% s’han començat a desenvolupar. A més, en diversos punts s’observa que algunes mesures que ha pres la Generalitat, contradiuen el programa electoral.

Incompliment total

El Fòrum Català d’Atenció Primària divideix l’informe en nou apartats on s’hi detallen les actuacions en diversos àmbits de l’APS que tenen en compte els usuaris, el funcionament de l’atenció primària i els professionals d’aquest sector de la sanitat pública. Entre els punts proposats per CiU, destaquen els que fan referència a “horaris més amplis d’atenció a tota la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública” i que s’han traduït en un tancament progressiu de punts d’atenció i reducció d’horaris. CiU tampoc ha aplicat mesures per “aconseguir un accés àgil i ràpid a l’atenció primària” i en canvi ha tancat centres, no ha substituït professionals. En aquest sentit, una reducció d’un 10,7% en el pressupost ha afectat l’accessibilitat a l’atenció primària i ha impedit reforçar-ne el seu paper en el sistema sanitari, tal i com preveia CiU en el seu programa electoral. Pel que fa a les llistes d’espera dels 300 caps que hi ha arreu del territori català, la federació garantia “un temps màxim per accedir a la consulta amb atenció especialitzada i a les proves diagnòstico-terapèutiques complementàries” però segons el FOCAP, s’ha allargat el temps d’espera per consultes i proves. L’entitat també alerta en contrast a la idea de CiU de “resoldre mancances en el sistema d’urgències”, que s’han tancat 60 punts d’atenció primària continuada i adverteix que en algunes comarques l’hospital és la única porta d’entrada per urgències.

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La privatización del Clínic como síntoma

Vista del Hospital Clínic de Barcelona en un momento en que se empieza a hablar de su posible privatización / Foto: Edu Bayer

"Está todo a punto". Así de clara fue la secretaria general del Departamento de Salud, Roser Fernández, cuando Diario Médico le preguntó sobre la privatización del Hospital Clínic, el segundo mayor centro sanitario público de Catalunya. Considerado un hospital de referencia nacional e internacional por su actividad médica y científica, el Clínic fue transferido a la Generalitat el 2007 y actualmente forma parte del Servei Català de la Salut como una entidad de naturaleza institucional pero sin ninguna forma jurídica concreta. El gobierno del tripartito había planteado la creación de un consorcio con presencia de la Generalitat, el Estado, el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad de Barcelona (UB) para gestionar un Clínic pero las elecciones al Parlament de 2010 paralizaron la reforma. Durante estos años, el centro ha contado con un patronato que hasta el 2011 presidió Marina Geli (PSC).

Tras la llegada de CiU al poder, Xavier Pomés -exconseller de los gobiernos de Jordi Pujol-  asumió la presidencia del patronato. Su figura es clave para entender los planes de la Generalitat, que a mediados de 2012 nombró a Pomés presidente del Hospital de Sant Pau. La gestión de este centro, cuestionada tras la imputación de dos altos cargos por malversación, está dividida en tres fundaciones (patrimonial, gestora y de investigación) con presencia mayoritaria de las Administraciones y según avanzó el digital eldebat.cat, la Generalitat ya habría dado el visto bueno a una forma jurídica similar para el Clínic. El gobierno catalán se basa en un informe de la Sindicatura de Cuentas que alerta de la necesidad de dar una nueva estructura al ente pero como refleja un informe publicado en la revista ‘Mientras Tanto’, existen muchas dudas sobre la legalidad de un proceso que dividiría el centro en dos fundaciones e implicaría, por primera vez en Catalunya, la privatización de la gestión asistencial.

Reforma sin consensuar

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Un insumiso solidario

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Un ciudadano paga el euro por receta en una farmacia de Barcelona (Edu Bayer)

Manolo Baena, un prejubilado de 63 años vecino de Badalona (Barcelona), nunca había participado en movimientos reivindicativos pero asegura que la vejez lo ha convertido en un "revolucionario". Durante los últimos meses ha participado en diversas concentraciones de los ‘iaioflautas’ y tras conocer la medida del euro por receta que anunció la Generalitat, Manolo pensó qué podía hacer para hacer frente a una tasa que considera "incongruente". Consultó a la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC) y del colectivo Dempeus per la salut pública para conocer qué acción de protesta podía llevar a cabo y se declaró insumiso del euro por receta.

"Lo que más me empujó a tomar la decisión fue la discriminación que sufren las personas que cobran pensiones bajas", explica Manolo Baena, quien recuerda que la tasa se aplica de la misma forma independientemente de los ingresos. Le chocó que una mujer con una pensión que apenas superaba los 500 euros, tuviera que pagar lo mismo que él pese a cobrar más del doble. "Me dijo que pagaba el euro por receta porque tenía miedo a perder pensión", explica Manolo. "Me pareció injusto y decidí actuar", comenta Manolo Baena, quien cree que "el sistema se va a derrumbar si no combatimos este tipo de desigualdades".

Desde la entrada en vigor del euro por receta el 23 de junio, más de 6.000 personas se han declarado insumisos y no han pagado el euro por receta en Catalunya. Según los datos del departamento de Salud de la Generalitat, los insumisos se han negado a pagar la tasa de cerca de 18.000 recetas, lo que significa un 0,05% del total de medicamentos dispensados en este periodo.Según Manolo Baena, el euro por receta de la Generalitat, sumado al copago farmacéutico aplicado por el gobierno español y al coste de la Seguridad Social "provoca que los impuestos sean más caros que el propio medicamento".

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