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Los enfermos de hepatitis catalanes piden a las administraciones menos palabras y más dinero

Ocupación del Hospital Trueta de Girona por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C / SICOM

Siscu Baiges

Barcelona —

El presidente de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT), Juan José Montes, ha pedido a los gobiernos catalán y español que “hablen menos y curen más a los enfermos de hepatitis C”. El ASSCAT, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en las protestas y movilizaciones para que se suministre los nuevos medicamentos que curan esta enfermedad a los pacientes que la necesitan, ha convocado a los medios de comunicación para exigir que se dé ya el tratamiento a las personas en situación más grave, que calcula que son unas 30.000.

Montes afirma que “si todo se basa en el dinero, vamos mal. Deben ponerlo sobre la mesa, porque para otras cosas bien que hay ”. Paralelamente, representantes de la ASSCAT, han distribuido información sobre los nuevos tratamientos y han explicado la situación de angustia que sufren los enfermos de hepatitis C que no los reciben, en los accesos de los hospitales de Vall d'Hebron, Clínico, del Mar, Sant Pau y Can Ruti. Ramon Planas, jefe del Servicio de Aparato Digestivo de este último hospital, considera que, hoy por hoy, es imposible tratar a todas las personas afectadas por hepatitis C, “por cuestiones económicas y de personal”. Algunos cálculos sitúan en unos 800.000 los pacientes que tienen esta enfermedad, un 40% de los cuales, sin embargo, lo desconoce.

Los medicamentos que curan la hepatitis en porcentajes cercanos al 90% son el sofosbuvir y el simeprevir. Las empresas que tienen las patentes los venden a precios altísimos. El gobierno español se ha comprometido a dedicar 125 millones de euros para adquirir Sovaldi (la marca comercial con la que la empresa Gilead distribuye los fármacos con sofobusvir). Gilead cobra 25.000 euros por cada persona tratada. Con la partida prevista sólo se pueden tratar entre 5.000 y 6.000 personas. Ramon Planas considera “criminal” que no se trate con estos medicamentos a las 30.000 personas que necesitan un tratamiento urgente.

La hepatóloga del hospital de Bellvitge, Teresa Casanovas, que asesora a la ASSCAT, destaca que la Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección a la salud y que este derecho no se respeta cuando se limita el acceso a medicamentos como los que curan la hepatitis C. Casanovas atribuye a “los recortes” las dificultades que aducen algunos gerentes de hospitales para suministrar estos medicamentos. Los presupuestos de la Generalitat del año pasado no contemplaban ninguna partida para esta cuestión. Tampoco hay ninguna referencia en los presupuestos para el próximo año que se están discutiendo actualmente en el Parlamento.

Las principales quejas del ASSCAT van dirigidas al Gobierno español, por su lentitud en adquirir los medicamentos y sus reticencias a distribuirlo de forma transparente. Con todo, no se ha sumado a la querella que ha presentado la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C contra la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, a quien responsabilizan de la muerte de 4.000 personas por esta enfermedad, en 2014. Esta Plataforma ha organizado una marcha, este sábado, desde el hospital “12 de octubre”, donde hace casi un mes que están encerrados, hasta el palacio de la Moncloa.

Montse Pineda, presidenta del Comité 1º de Diciembre, califica de “genocidio” las consecuencias de un sistema que permite a los laboratorios farmacéuticos cobrar “cantidades insultantes por sus medicamentos”. Este comité atiende enfermos del Sida, a menudo coinfectados con hepatitis. Pineda exige a los laboratorios “no sólo responsabilidad sino también ética”.

En abril pasado, representantes del ASSCAT, el Comité 1º de diciembre y de otras organizaciones y profesionales sanitarios, presentaron al Parlamento una propuesta de acción para hacer frente a esta crisis. Todos los partidos se mostraron favorables, pero, de momento, no se ha pasado de las palabras a los hechos.

Estas entidades lamentan que el consejero de Salud, Boi Ruiz, no esté en primer plano de esta crisis. Las informaciones que llegan de su departamento son muy limitadas. Ramon Planas ha recibido la instrucción del departamento para que presente el 31 de enero un documento con todos los pacientes que considera que hay que tratar urgentemente con los nuevos medicamentos. Él calcula que serán unos 250. Ya ha tratado a cuarenta. La hepatóloga Teresa Casanovas no tiene constancia de que en su hospital, el de Bellvitge, se haya recibido instrucción alguna. El presidente de ASSCAT ha comenzado a recibir el tratamiento este viernes. Un enfermo de hepatitis C, tratado en el hospital de Mataró, ha explicado, en la rueda de prensa, que hace dos meses que le han prescrito los nuevos medicamentos pero que aún se los han suministrado.

Se entiende la angustia con la que viven los enfermos su día a día. Con todo, las perspectivas científicas son excelentes. La hepatitis C tiene los días (años) contados. Pronto llegarán nuevos medicamentos aún más eficaces. La cuestión es saber cuántas personas morirán antes de que el tratamiento se universalice.

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