Querella pionera de la Fiscalía de Barcelona contra E-distribución, la comercializadora de Endesa, por la electrocución de aves en la líneas de media tensión. El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrín, acusa a la eléctrica y a seis de sus directivos y responsables territoriales en Catalunya de permitir una “auténtica plaga” de aves electrocutadas al no llevar a cabo los trabajos necesarios a los que le obliga la ley para proteger a los animales.
En su querella, que ya ha admitido a trámite un juzgado de Vic (Barcelona), la Fiscalía acusa a la compañía de un delito contra el medio ambiente y otro continuado relativo a la protección de la fauna y advierte de que los tendidos eléctricos de Endesa en la provincia de Barcelona incumplen la normativa y suponen una “trampa mortal que está afectando gravemente a la avifauna desde hace años”.
Según el ministerio público, pese a ser consciente de que numerosas de sus torres eléctricas incumplen la normativa, Endesa “se ha limitado a realizar actuaciones que pueden definirse como muy puntuales”, siempre a instancias de la Fiscalía y los Agentes Rurales, sin emprender ninguna “inversión decidida” para revertir la situación en los últimos años pese a los reiterados requerimientos de las autoridades.
Fuentes de Endesa han explicado que desde hace años la compañía realiza distintos trabajos de adecuación de las líneas eléctricas para proteger a las aves y que solo en 2021 invertirá en Catalunya más de 4,6 millones de euros en la adecuación de soportes y la instalación de dispositivos aislantes. El objetivo de estas actuaciones es evitar que los pájaros, sobre todo de especies protegidas y amenazadas, puedan chocar o electrocutarse y, a la vez, mejorar la calidad y la continuidad del servicio a los clientes. En los últimos tres años, la compañía ha adecuado más de 2.000 apoyos a la red eléctrica en Catalunya.
La querella del fiscal Pelegrín enumera hasta 221 aves fallecidas, entre cigüeñas, buitres, busardos, cornejas y cuervos, solo en dos años en la comarca de Osona. Las necropsias confirmaron que la causa de las muertes era la electrocución por contacto con las torres eléctricas de Endesa. En total, según la información de los Agentes Rurales, entre 2018 y 2020 se produjeron 255 casos documentados de electrocución en Osona, aunque la problemática va más allá de esta comarca: el fiscal también aporta las necropsias de aves electrocutadas en el Baix Llobregat, el Garraf y el Alt Penedès.
Los responsables de Endesa querellados, abunda el fiscal, “tenían la obligación de que las líneas eléctricas no supusieran un riesgo grave para la avifauna, pues debían velar por su correcto funcionamiento en la provincia de Barcelona”, algo que sin embargo no fue así. El fiscal Pelegrín mantiene que los directivos de Endesa “no adoptaron ni han adoptado las medidas adecuadas y decididas tendentes a que las conducciones eléctricas de las torres de transporte de energía estén debidamente aisladas para evitar la electrocución de aves”.
A criterio del fiscal, la falta de trabajos de Endesa para adecuar las líneas eléctricas supone una contravención de las leyes de industria y de medio ambiente que tratan de evitar que las instalaciones industriales puedan suponer un riesgo o daño para la fauna o la biodiversidad. Todo ello a pesar de que los querellados “eran perfectamente conocedores desde el primer momento de la situación de riesgo grave para la fauna que suponía el estado de esas instalaciones de transporte de energía”, abunda el fiscal, que cree que los directivos de Endesa dejaron de lado sus obligaciones legales para proteger el medio ambiente “con absoluto desprecio y abandono de su obligaciones legales”.
De hecho el fiscal agrega que Endesa sigue manteniendo numerosas torres o soportes en la provincia de Barcelona en una situación que supone un verdadero riesgo grave para las aves que puedab entrar en contacto con esas instalaciones. La querella también reporta que la Generalitat realizó en febrero de 2020 una propuesta de sanción de 9.000 euros y una indemnización de 2000 euros a Endesa por infracción de la ley catalana de protección de los animales.