La Generalitat no cumple el plan de indemnización a las víctimas de balas de goma
La Generalitat aún no ha puesto en marcha algunos puntos de las conclusiones de la comisión de estudio de modelos de seguridad y orden público y uso de material antidisturbios que aprobó el Parlament en diciembre de 2013, entre ellos la indemnización retroactiva a víctimas de balas de goma.
Así lo han denunciado representantes de la plataforma Stop Balas de Goma en una rueda de prensa en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), en la que se han presentado las novedades del caso Ester Quintana. “Nos parece escandaloso que desde la Generalitat haya dinero y prisa para indemnizar a Ester Quintana y en cambio desde el Gobierno o por parte de los partidos que aprobaron esta comisión no se haya movido nada”, denunció Carles Guillot, miembro de la plataforma y a quien también sacó un ojo una bala de goma utilizada por los Mossos, que se ha mostrado contento por el acuerdo al que ha podido llegar Quintana.
En concreto, el punto 47 de las conclusiones de la comisión que el Govern se comprometió a sacar adelante reclama que se elabore un protocolo que tenga en cuenta “la aplicación de la indemnización retroactiva para las personas que han sido afectadas por pelotas de goma u otras herramientas de contención” y especifica que “esta indemnización no debe condicionar los derechos de las acciones legales de las víctimas”.
Además de la indemnización se aprobó también el desarrollo de un protocolo que establezca “un sistema de atención y seguimiento de las víctimas causadas por situaciones de disturbios o desórdenes públicos, que permita ofrecer servicios de asistencia y acompañamiento psicológico, sanitario y social”, otro de los aspectos que tampoco se está cumpliendo.
Así lo constata Nicola Tanno, otro de los afectados por un caso de uso de balas de goma y que compareció en la Comisión en el Parlament, que ha explicado a Catalunya Plural que a él tampoco lo ha llamado nadie en representación del Govern para ofrecerle indemnización o ayuda psicológica o social. Tanno, que está contento porque la aseguradora de la Generalitat haya indemnizado finalmente a Ester Quintana, dijo que esta noticia “debe ser la ocasión para que afecte también a otras personas que aún no han recibido justicia social”.
En total en Catalunya siete personas han perdido un ojo por el impacto de balas de goma en los últimos cinco años.
Prohibición de las balas de goma
Lo que sí se ha implementado es la prohibición del uso de las balas de goma, una medida que entró en vigor el 30 de abril de 2014. Andrés García Berrio, abogado del colectivo Arrels y miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona cree que esto se ha hecho por la presión social a raíz de casos como el de Ester Quintana, pero que el Govern “debería creer que el resto de puntos no eran tan importantes”.
“Esto demuestra que por parte del Govern hay nula intensión de hacer cumplir y respetar los derechos humanos en nuestro país”, dijo García en declaraciones a Catalunya Plural. Y ha recordado que la aprobación de estas conclusiones por parte del Parlament se trata de una resolución vinculante que el gobierno debe cumplir para no caer en la ilegalidad.
Por su parte el Departament d'Interior ha asegurado a Catalunya Plural que si que se está dando cumplimiento a la resolución del Parlament y que hay una comisión en marcha que se ha reunido en varias ocasiones. Aunque desde prensa, no han podido especificar en qué ocasiones y qué tipo de trabajo en concreto se está haciendo en relación a esta resolución parlamentaria.
Otros puntos incumplidos
Casi dos años después de que el Parlament aprobara las conclusiones de esta comisión el Govern tampoco ha puesto en marcha, como explica García Berrio otros aspectos tan fundamentales como el establecimiento de los indicadores del Protocolo de Istambul o la formación para el trabajo con las víctimas.
El abogado ha explicado que estos requisitos tampoco se están implementando en víctimas que han sufrido su caso posteriormente a la aprobación de estas conclusiones. Es el caso del chico que perdió una oreja por un golpe de porra de los Mossos d'Esquadra durante el desalojo de Can Vies, al que tampoco se le ha ofrecido apoyo psicológico ni social, y que en cambio según lo aprobado por el Parlament también le correspondería, explicó García. “Está claro que el Departament d'Interior no quiere cambiar nada, pero tenemos que conseguir que este tipo de acuerdos se implementen”, enfatizó el abogado.
